Las imágenes de los destrozos en el Centro Cultural Universitario la tarde del domingo, realizados por integrantes de la segunda marcha contra la gentrificación que recorrió Insurgentes Sur entre Tlalpan y Coyoacán, confirman que contra lo señalado por el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, no hubo saldo blanco en el evento. Pero más importante que eso, ponen sobre la mesa el rumbo que ya tomó la que, por razones sociales y económicas, era una protesta legítima que requiere atención, discusión seria y acciones concretas, pero no ataques al patrimonio de terceros ni violencia.
Por supuesto que con su construcción en el Pedregal, la UNAM como cualquier otra instalación educativa, contribuyó a revaluar los predios de todo el sur de la ciudad de México. Lo mismo pasó con la UAM Xochimilco y con otras universidades, públicas y privadas, en la ciudad de México. En estricto sentido, contribuyeron a la gentrificación. Sin embargo nadie las ha acusado de encarecer el suelo ni de elevar las rentas de la zona, a pesar de que en sus alrededores se genera un mercado de habitaciones o casa de alquiler para estudiantes foráneos, cuyos precios también dependen de la oferta y la demanda.
Atacar el patrimonio universitario por esa razón es un sinsentido que sólo sirve para deslegitimar la protesta derivada de una preocupación genuina, pero cada día más politizada y, por lo tanto, menos auténtica.
Es cierto que el mercado por sí solo no resolverá el problema social derivado del aumento del costo de la vida por la renovación de los espacios urbanos que provoca el incremento de la demanda de vivienda en las zonas remozadas. Es igual de cierto que el regreso a los esquemas de control de precios en las rentas de inmuebles solo provocaría, en el largo plazo, la ruina de casas y departamentos destinados a renta, la pérdida de valor del patrimonio de los arrendadores y, a la larga, la degradación de la calidad de vida de quienes habitan esos inmuebles, así como el abandono gradual de las zonas de la ciudad sujetas a control del precio de rentas.
Un arrendador que pierde el derecho de uso y disposición sobre un inmueble de su propiedad deja de darle mantenimiento, mientras que un arrendatario casi nunca repara aquello que no es de su propiedad. Ese es el peor de los mundos la ciudad de México ya lo conoció con el decreto de Manuel Ávila Camacho de 1942. A la larga, una decisión que buscaba proteger a los inquilinos de los efectos de la inflación de la época de Segunda Guerra Mundial, acabó por destrozar el centro de la Ciudad de México y varias colonias más que se mantuvieron habitadas por arrendatarios, pero en el abandono de sus propietario durante décadas porque remozarlas dejó de ser rentable.
Convertir el fenómeno en una expresión de la lucha clases, como está ocurriendo, ayudará todavía menos a la ciudad. Van dos manifestaciones y en ambas ha aparecido el vandalismo, en un caso contra la propiedad privada y en otro contra la propiedad social porque la UNAM, por demagógico que pueda sonar, es un espacio público de todos. Quienes han convocado a esas marchas no pueden deslindarse de las consecuencias y tendrán que cargar con la responsabilidad de los destrozos.
Controlar los precios por decreto, aunque las razones sociales del momento parezcan válidas, siempre acaba mal porque cuando no genera mercados negros y escasez, provoca abandono en mercados como el inmobiliario. Al final, revertir esas decisiones se convierte en un asunto de costo político que nadie quiere pagar y quien acaba sufriendo las consecuencias es la propia ciudad, pues el fenómeno del abandono genera zonas semihabitadas que se vuelven inseguras, en las que el espacio público acaba en manos de la delincuencia y la calidad de vida se deteriora al mismo paso que los inmuebles.
@EnvilaFisher
