El debate público sobre la Nueva Suprema Corte se ha visto intoxicado por un fenómeno tan peligroso como invisibilizado: la desinformación. En lugar de colocar los datos, el análisis riguroso y el contexto en el centro de la discusión, muchos medios, redes sociales y figuras públicas han optado por la especulación, la exageración o, directamente, la mentira. ¿El resultado? Una ciudadanía confundida, desinformada y, por ende, excluida de una discusión que le pertenece.
Un ejemplo reciente de esta desinformación se refiere al número de asesores del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. Titulares y comentarios sin sustento difundieron la idea de un supuesto “exceso” de personal en su equipo, sin explicar ni contrastar datos históricos, ni mucho menos mencionar las nuevas funciones que ahora asume la Presidencia del máximo tribunal.
Contrario a estas narrativas simplistas, los equipos de las y los ministros —incluido el Presidente— están integrados por profesionales cuya labor técnica es indispensable para garantizar sentencias bien fundamentadas. Estos equipos, conocidos como ponencias, están compuestos por coordinadores, secretarios de estudio y cuenta, asesores, técnicos y otros perfiles profesionales. Es importante destacar que el trabajo de una ponencia no es burocrático ni decorativo: ahí se prepara, revisa y analiza cada proyecto de sentencia que puede afectar la vida de las personas o marcar un precedente legal en el país.
En el caso del actual Ministro Presidente, hay un elemento nuevo que ha sido omitido por quienes critican sin contexto: a diferencia de administraciones anteriores, esta Presidencia sí asumirá funciones jurisdiccionales. Esto implica que también presentará proyectos de sentencia ante el Pleno, lo cual justifica plenamente la existencia de una ponencia propia y una estructura técnica similar a la de cualquier otra ministra o ministro.
Así, el Ministro Presidente deberá atender también las labores propias de la Oficina y Secretaría General. Estas áreas tienen bajo su responsabilidad tramitar y turnar asuntos al pleno, tareas administrativas, de coordinación institucional, representación, atención ciudadana, acceso a la información pública, transparencia y vinculación interinstitucional. Todo esto requiere personal capacitado y suficiente para cumplir con los estándares de eficiencia y legalidad que exige una institución como la SCJN.
La Coordinación de Asesores —creada en 2007 durante la gestión del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia— continúa en funciones, aunque actualmente opera bajo el nombre de Coordinación de Dictaminación. Esta instancia fue concebida con el propósito de fortalecer la capacidad del Ministro Presidente para atender las tareas estratégicas del Poder Judicial, ajustándose, con el paso de los años, a las exigencias propias del cargo.
Contrario a la percepción de que se trata de un órgano accesorio o innecesario, esta coordinación cumple un papel fundamental: brindar apoyo especializado a través de análisis e informes técnicos, coordinar proyectos institucionales, así como en diversas actividades jurisdiccionales y administrativas. Su existencia no es reciente ni desproporcionada, sino parte de una estructura consolidada a lo largo de varias administraciones.
En los últimos años, la figura de los llamados “asesores” ha estado en el centro de críticas y controversias. El imaginario colectivo suele asociarlos con personajes cercanos al poder, con agendas políticas o intereses particulares. Sin embargo, en el contexto de la Suprema Corte, los equipos de trabajo están integrados -como se mencionó- por personal especializado, cuyas funciones están claramente definidas y orientadas al funcionamiento eficiente, informado y técnico de la institución. No diferenciar entre estas figuras es, en el mejor de los casos, un error de interpretación; y en el peor, una forma de desinformación que distorsiona el verdadero papel que desempeñan dentro del máximo tribunal del país
Lejos de incrementar personal de forma arbitraria, la Presidencia de Aguilar Ortiz ha optado por reorganizar los recursos humanos ya existentes y, como ha mencionado, se ha reubicado al 40% del personal en otras áreas del Tribunal Constitucional, sin despidos, con el objetivo de fortalecer otras funciones sustantivas de la Corte y aumentar la eficiencia interna.
La diversidad y complejidad de las responsabilidades que asume actualmente la persona que encabeza la Suprema Corte —al integrar funciones jurisdiccionales, administrativas, de representación y coordinación institucional— justifican la necesidad de contar con un equipo especializado que, en nada dista de las Presidencias anteriores. Esta estructura no solo respalda el trabajo del Presidente, sino que también favorece a todo el personal de la Corte y, en última instancia, a la ciudadanía, al garantizar un funcionamiento eficiente y continuo del máximo tribunal del país.
El debate sobre la Nueva Suprema Corte debe partir de información verificada, análisis contextual y una comprensión real de las funciones que cumple el máximo tribunal del país. La estructura actual de la Presidencia de la SCJN, lejos de representar un exceso o privilegio, responde a las exigencias técnicas, jurídicas y administrativas que demanda una institución de tal magnitud.
