Estimada lectora, lector, hoy escribo desde el dolor y la tristeza profunda que nos embarga como comunidad universitaria ante los hechos ocurridos en el CCH Sur. Estamos de luto en la UNAM, y ese luto no es sólo institucional: es humano, es social, es nacional. Me duele la UNAM, me duele México, me duele cada joven que se siente insegura o inseguro en espacios que deberían ser de aprendizaje, de encuentro, de esperanza.
La Universidad Nacional ha sido históricamente reflejo de nuestra sociedad. Lo que ocurre en sus aulas, en sus pasillos, en sus planteles, refleja con crudeza lo que vivimos fuera de ellos. No es nuevo que los síntomas de la enfermedad llamada violencia se manifiesten en nuestras universidades públicas, pero cada vez que se repiten, nos recuerdan que estamos frente a una crisis que no es episódica, sino estructural.
La inseguridad pública nos arrebata no sólo la tranquilidad, sino el ejercicio pleno de nuestros derechos. Por más que existan leyes, códigos, reglamentos o tratados internacionales que proclamen la paz como ideal, mientras no se garantice el derecho estructural a la seguridad, los demás derechos humanos quedan suspendidos en el aire, como promesas incumplidas.
Desde mi convicción personal y profesional, como docente universitaria y mediadora privada, insisto: las herramientas para construir la paz ya están dispuestas en nuestro marco constitucional. Los artículos 17 y 18 reconocen los Mecanismos de Solución de Conflictos, MSC, como vía legítima para prevenir, gestionar y resolver conflictos. También existen leyes locales que desde hace más de 20 años los desarrollan con profundidad. Y recientemente una ley general de mecanismos. Así que me atrevo a decir que el reto no es normativo: es de implementación.
En ese reto, las Universidades Públicas Autónomas tienen una oportunidad histórica: cuentan con cuerpos académicos preparados, instalaciones adecuadas y, sobre todo, con lo más valioso, personas jóvenes que pueden ser formadas como mediadoras, facilitadoras del diálogo y constructoras de paz. Nuestras estudiantes y estudiantes son el vínculo social más poderoso, el puente para llevar a cada rincón del país esta justicia más humana, esta cultura del entendimiento. Aunado a ello, el capital humano para comenzar a implementar estas tareas ya existe: más de cinco mil personas mediadoras públicas y privadas en constante formación en los Centros de MSC de los Tribunales de Justicia de todo el país, así como docentes y académicos expertos en diversas Universidades Públicas de la República Mexicana, capacitadas para acompañar procesos de reconciliación, prevenir la escalada del conflicto y devolver a las personas el poder de decidir sobre sus propios desacuerdos.
¿Qué hace falta? Coordinar esfuerzos. Nos va en ello el futuro del país. Hoy es la UNAM la que sufre directamente la agresión, pero sabemos que la violencia se multiplica en espirales que alcanzan cada rincón de México.
Por eso, hoy te convoco —desde la esperanza activa— a ti que crees en la educación como camino, en el diálogo como herramienta y en la paz como destino. Que las universidades se levanten como faros éticos; que las y los jóvenes se formen como personas mediadoras del presente; que las instituciones se coordinen con humanidad y visión de país. Sumemos esfuerzos. Porque sin seguridad pública, no hay futuro.
