Por más que algunas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se empeñen en ensuciar el proceso electoral judicial del pasado 1º de junio, la realidad de los datos se impone con fuerza. Las voces de Arturo Castillo, Claudia Zavala, Dania Ravel, Martín Faz y Jaime Rivera han resonado en distintos espacios, sembrando dudas, sobredimensionando supuestas irregularidades y sugiriendo la nulidad de un proceso en el que participaron más de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Pero sus argumentos, cuando se miran con rigor, no sólo resultan desproporcionados: evidencian una agenda política que poco tiene que ver con la defensa de la democracia.
En el centro de sus críticas está el famoso “fenómeno de los acordeones”: papeletas con criterios similares supuestamente distribuidas entre votantes para influir en su decisión. Con base en ello, han querido instalar la narrativa de que toda la elección estuvo manipulada, como si los millones de votantes hubieran actuado de forma mecánica y sin voluntad.
Es una afirmación que no resiste ni el análisis más elemental: si el total de votos anulados para la elección de la Suprema Corte fue de apenas 3.23%, y el número de casillas que se pretende invalidar no rebasa ni el 1% del total instalado (0.97% para ser exactos), ¿de verdad se puede hablar de una elección viciada de origen?
De acuerdo con los propios datos del INE, se instalaron 83,956 casillas, de las cuales sólo 818 presentan algún tipo de irregularidad. La legislación vigente es clara: para que una elección sea anulada, se requiere que las anomalías se presenten en por lo menos el 25% de las casillas. Y no estamos ni cerca. En el caso de los votos globales para las elecciones judiciales, el porcentaje invalidado fue de apenas el 0.82%. Cualquier llamado a la nulidad total con estos números raya en la desinformación.
Lo que hacen estos consejeros es crear una ficción jurídica y política para demeritar un proceso que, con todas sus complejidades, logró lo que parecía imposible: llevar a cabo una elección inédita en la historia de México para renovar al Poder Judicial. Al hacerlo, exhiben no sólo una falta de respeto al esfuerzo de millones de personas que hicieron posible la elección —desde capacitadores, funcionarios de casilla y votantes— sino también una peligrosa desconexión con la realidad.
Porque más allá de su retórica legalista, lo que están construyendo es una narrativa política: deslegitimar al INE desde dentro, abonar al caos, dinamitar la confianza en el sistema electoral. Es una paradoja dolorosa: en lugar de defender a la institución que representan, parecen actuar como operadores de intereses ajenos al interés público. Quienes hoy exigen la nulidad por supuestas fallas organizativas menores, fueron parte del diseño, ejecución y validación de muchas de las etapas del proceso.
Es válido cuestionar, auditar y mejorar cualquier ejercicio democrático, pero es inadmisible utilizar el poder que otorga un órgano autónomo del Estado para erosionar la credibilidad de un proceso que, si bien perfectible, demostró la capacidad técnica y logística del INE. La elección del 1º de junio no fue una simulación. Fue una expresión auténtica de participación ciudadana que algunos prefieren ignorar por no coincidir con sus intereses o sus apuestas políticas.
Al final, los datos hablarán más alto que las especulaciones. Y no faltará mucho tiempo para que los argumentos de estos consejeros caigan por su propio peso. La historia, y los millones de personas que votaron con convicción y libertad, pondrán a cada quien en su lugar. Y entonces quedará claro quién estuvo del lado de la democracia… y quién prefirió usar la trinchera institucional para socavarla.
