Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía elegirá directamente a quienes tendrán el poder de juzgar a jueces y magistrados. Este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial representa un paso relevante hacia un sistema de justicia más transparente, con la capacidad de sancionar y remover a miembros del Poder Judicial. Sin embargo, un ejercicio reciente revela una paradoja preocupante: quienes aspiran a vigilar a los jueces parecen tener poco interés en rendir cuentas ante la sociedad.
Un grupo de estudiantes de ciencias sociales del Tec de Monterrey coordinados por el académico Sergio Bárcena, realizó un experimento sencillo, pero potente: enviar correos electrónicos con dos preguntas básicas a las 69 personas candidatas a integrar el TDJ, tanto en su versión federal como local (CDMX). Las preguntas no eran capciosas ni complejas: una pedía distinguir el papel del nuevo tribunal respecto a los jueces ordinarios; la otra, señalar qué tipo de casos deberían ser prioritarios. Se trataba de un intento legítimo por conocer la visión y la disposición al diálogo de quienes desean ocupar un cargo con poder extraordinario.
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La respuesta, o más bien la falta de ella, fue contundente: solo 22 de las 61 personas contactadas respondieron (el resto no tenía datos verificados). Es decir, poco más de una tercera parte. Las cifras se tornan más reveladoras cuando se desglosan: menos del 30 % de los aspirantes a cargos federales contestaron, mientras que en el ámbito local la proporción subió al 50 %. Las mujeres mostraron más disposición a responder que los hombres. Aun así, ninguna candidatura logró combinar una respuesta bien argumentada con una actitud clara de apertura al diálogo ciudadano.
El contenido de las respuestas fue, en su mayoría, correcto pero distante: lenguaje formal, breves explicaciones y escaso interés por sostener una conversación. En algunos casos, hubo indicios de que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial sin mayor personalización. Y solo dos aspirantes compartieron algún medio personal de contacto. La frialdad institucional predominó sobre cualquier intento de empatía o interlocución.
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Estos datos, analizados cuidadosamente y puestos a disposición pública de forma transparente, apuntan a una conclusión preocupante: muchos de quienes buscan juzgar a quienes imparten justicia no parecen comprender plenamente lo que significa ser parte de una institución democrática a la que pretenden pertenecer. Si el diálogo con la ciudadanía no está entre sus prioridades ni siquiera durante la campaña, ¿qué podemos esperar una vez en el cargo?
No se trata de exigir perfección, pero sí lo mínimo: que respondan, que expliquen, que muestren voluntad de ser escuchados y de escuchar. El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá un rol central en el equilibrio del sistema de justicia. Su legitimidad no solo se construye desde la ley, sino desde su vínculo con la ciudadanía.
Este 1 de junio cuando vayamos a votar, no solo elegiremos nombres. Estaremos eligiendo qué tipo de justicia queremos: una que se encierra en sus paredes o una que responde al pueblo. Y el silencio, en esta ocasión, también cuenta como respuesta.
