En materia electoral solemos escuchar términos que suenan lejanos o complicados. Uno de ellos es el Marco Geográfico de Participación Ciudadana. Suena técnico y lo es, pero se trata de algo que toca directamente la vida de vecinas y vecinos de la Ciudad de México. En esta columna quiero explicar de manera sencilla qué es este marco geográfico, qué aprobó recientemente el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y por qué resulta clave para el ejercicio del presupuesto participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).
La Ciudad de México está dividida oficialmente en más de 1,800 colonias, pero para efectos de participación ciudadana el IECM trabaja con una división diferente: las unidades territoriales. Cada unidad territorial —abreviada como UT— es un espacio geográfico que agrupa a vecinas y vecinos con cierta identidad común, y puede coincidir o no con los límites de una colonia. Algunas UT están integradas por pueblos y barrios originarios. En total, existen 1,851 unidades territoriales en la ciudad.
¿Por qué esta división? Porque el presupuesto participativo, es decir, el dinero que el Gobierno de la Ciudad asigna para proyectos que deciden las y los ciudadanos, se distribuye por unidad territorial, no por colonia. Así, cada UT tiene derecho a una cantidad específica de recursos públicos, calculada con base en su población y otras características.
Cada tres años, el IECM revisa y actualiza esta división geográfica para garantizar que las UT sigan reflejando la realidad social y cultural de la ciudad. Por ejemplo, si una unidad territorial ha crecido mucho en población o si existe una zona que tiene identidad propia —como un conjunto habitacional o un barrio histórico—, las y los vecinos pueden solicitar la creación de una nueva unidad territorial.
El proceso es participativo: cualquier persona habitante de la UT puede solicitar al IECM el cambio. Posteriormente, el Instituto realiza visitas y encuestas para conocer la opinión de la comunidad. Si al menos cien personas están de acuerdo, puede conformarse una nueva unidad territorial. Esto tiene una consecuencia práctica importante: aunque el presupuesto asignado a la nueva UT pueda ser menor (por tener menos habitantes), ese dinero puede usarse de forma más focalizada y efectiva, atendiendo las necesidades específicas de esa comunidad.
Pensemos en una UT donde existe un gran conjunto habitacional y varias calles alrededor. Si en esa UT los proyectos ganadores de presupuesto participativo siempre benefician al conjunto habitacional, las vecinas y vecinos de las calles pueden sentirse excluidos. En ese caso, podrían proponer dividir la unidad territorial para que exista una nueva, donde esas personas también puedan decidir sobre su propio presupuesto participativo. El IECM revisaría la propuesta, consultaría a la comunidad y, si hay consenso suficiente, aprobaría la creación de esa nueva UT. De esta manera, el Marco Geográfico de Participación Ciudadana ayuda a equilibrar la representación y a hacer más justa la distribución de los recursos.
El pasado 30 de octubre, después de meses de trabajo técnico y consultas, el IECM aprobó el nuevo Marco Geográfico de Participación Ciudadana, que regirá durante los próximos tres años. Este marco será la base para organizar los procesos de elección de las COPACOy las consultas de presupuesto participativo, en 2026. Con la incorporación de 14 nuevas UT, ahora tenemos 1,851.
Es importante subrayar que esta división geográfica tiene efectos únicamente en materia de participación ciudadana. No modifica los límites oficiales de las colonias, ni los nombres de las calles, ni los recibos de servicios o predial. Se trata de una división administrativa y electoral, que permite al IECM saber dónde instalar las mesas receptoras de opinión y cómo organizar las consultas de manera equitativa y cercana a la gente.
El Marco Geográfico de Participación Ciudadana puede sonar a tema técnico, pero en realidad es una herramienta de empoderamiento vecinal. Gracias a él, cada comunidad puede decidir cómo mejorar su entorno: un parque rehabilitado o un centro cultural activo. Comprender cómo funciona este marco es el primer paso para ejercer plenamente nuestro derecho a participar en las decisiones públicas.
