El 20 de enero de 2025 Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, emitió una orden ejecutiva en la que restringía el otorgamiento de ciudadanía por nacimiento, la cual hasta ahora se encontraba desafiada legalmente por jueces federales que cuestionaron la constitucionalidad de dicha acción presidencial. Recientemente, el 27 de junio, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de los Estados Unidos limitó el poder de los jueces federales para emitir interdictos en contra de las órdenes ejecutivas del presidente en turno, en este caso, Trump, donde este recurso tenía el precedente de ser empleado para generar contrapesos, bloqueando políticas gubernamentales en momentos de controversias legales.
Vale la pena mencionar que los 3 jueces liberales de la Suprema Corte de Estados Unidos justificaron su posición haciendo referencia al contenido de la decimocuarta enmienda que según la versión en español de la Constitución de los Estados Unidos de América publicada por el Departamento de Estado, dice que “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida. Ningún estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad”.
Si bien, de acuerdo al medio estadounidense Reuters, esta decisión tomada por la Suprema Corte pudo ser vista como una victoria para Trump al facilitar la aplicación de sus políticas, también da más tiempo para apelar la decisión, dando espacio a que puedan surgir demandas para bloquear la orden ejecutiva, ya que tras la decisión del 27 de junio, se activó un plazo de 30 días para que quienes se posicionan en contra de la orden ejecutiva que establece límites sobre quienes pueden acceder a la nacionalidad por nacimiento, presenten este tipo de recursos, aunque si no tienen éxito, la orden podría comenzar a aplicar en algunos lugares de los Estados Unidos.
De momento, son 22 estados, mayormente demócratas, los que desafían la orden ejecutiva de Trump, contemplando demandas individuales y diversas maniobras legales, lo que da sustento a ideas como las de Samuel Bray, un profesor de la escuela de leyes de Notre Dame quien mediante el medio Reuters dijo que “yo no espero que la orden ejecutiva del presidente con respecto de la ciudadanía por nacimiento tenga efecto”.
Si bien la discusión en torno a la viabilidad legal de la orden ejecutiva de limitar quiénes pueden acceder a la nacionalidad estadounidense por nacimiento se encuentra en vilo en el campo de las instituciones jurídicas estadounidenses, abre la conversación a un cambio de paradigma en torno a la nación que durante mucho tiempo había sido considerada la tierra de la libertad, incluyendo en esa percepción la idea de tener el libre acceso de llegar a construir un mejor futuro personal. Esta orden ejecutiva es un claro ejemplo más del rumbo proteccionista y nacionalista que ha decidido tomar esta nación de América del Norte bajo el liderazgo del Presidente Trump. ¿Será este el cierre de las puertas de la nación de la libertad a nivel global? ¿Olvidarán los Estados Unidos su creación pluriétnica y plurinacional? ¿Cuántos símbolos se quebrarán a nivel internacional con este tipo de intenciones? Al tiempo lo sabremos.
