Sin duda, se ha escrito y se sigue escribiendo mucho sobre varias de las decisiones que tomó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay algunas que rozan en lo inexplicable o en la falta de conocimiento, tanto de él como de sus colaboradores. Por ejemplo, la decisión sobre el abasto de medicamentos, un problema que seis años después no ha podido resolverse y cuyos responsables siguen tan campantes, a pesar de que se trata de un asunto que costó vidas humanas.
Otra de esas decisiones inexplicables fue la desaparición del Servicio Profesional de Carrera. No es una invención mexicana, sino un modelo basado en la experiencia de muchos países donde se busca profesionalizar a la gente en ciertos ámbitos para que actúe con eficiencia y, sobre todo, más allá de sus afinidades políticas. Son funcionarios de carrera, pero con un simple plumazo los desaparecieron, con las consecuencias que ahora vemos: la llegada de leales al movimiento, pero sin conocimiento de los temas que deben atender.
Pero uno de los grandes errores que acompañará al expresidente toda su vida fue la decisión, fuera de toda lógica, de entregarle a los militares funciones de gobierno que tradicionalmente eran manejadas por civiles, bajo el supuesto de que con ello se acabaría la corrupción y la ineficiencia. Hoy se puede comprobar que, como dice el dicho, el tiro le salió por la culata.
Un primer comentario tiene que ver con cuáles son las aptitudes y experiencias de los militares y marinos para hacer obras, adquisiciones, administrar dependencias e incluso hoteles. Lo que se enseña en las academias militares no tiene la profundidad suficiente para preparar a sus egresados en estas actividades, no porque sean incapaces, sino porque no forma parte de sus planes de estudio.
De pronto esta situación ha explotado precisamente en la institución gubernamental más valorada por la población, y de paso también por los estadounidenses.
Un segundo comentario se refiere a lo que desde hace varios años aparece en los medios con mayor frecuencia: obras y adquisiciones a cargo de los militares y marinos otorgadas bajo el manto protector de la “seguridad nacional”, como si construir un hotel o una línea de tren de pasajeros tuviera algo que ver con ella. El problema es que así han tenido la total libertad de asignar obras y compras como quieren y a quien quieren, guardando la información por años.
Aun así, con frecuencia aparecen datos o copias de documentos que demuestran posibles irregularidades en esas asignaciones. Lo más grave es que incluso se ha señalado la participación del entorno familiar del expresidente o de altos funcionarios del Ejército y la Marina. Porque hay que ser claros: las obras no las hacen directamente los militares, sino que subcontratan a particulares con la manga ancha que les brinda la figura de la seguridad nacional.
Quién sabe cómo van a salir del embrollo del huachicol marítimo, pero lo que es seguro es que apenas estamos viendo la punta del iceberg, consecuencia de la absurda e ineficiente decisión presidencial de otorgarles tales poderes a quienes tienen como obligación principal proteger a la nación de amenazas.
Muchos se preguntan si en lugar de administrar aeropuertos, aduanas, hoteles, entre otros, no estarían mejor concentrados en combatir el narcotráfico, que tanto daño ha hecho a la población y a la imagen de nuestro país.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que van dos años sin que en el estado de Sinaloa se celebre la fiesta del Grito, por la incapacidad del gobierno estatal y federal, a pesar de los cientos de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional destacados en esa entidad?
Creo que es hora de pensar seriamente en una revisión sobre qué actividades deben corresponder a los militares y cuáles a los civiles.
