México parece condenado a vivir en un eterno déjà vu. Cada año, los noticieros se llenan de imágenes de ríos desbordados, caminos colapsados, pueblos incomunicados y familias que lo han perdido todo. Las cifras cambian, los rostros del dolor también, pero el patrón se repite como una maldición que ni la memoria ni los gobiernos han sabido conjurar.
La reciente catástrofe de octubre de 2025 —con lluvias que dejaron más de 70 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de miles de damnificados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz— es solo el último capítulo de una larga historia escrita con lodo y desolación. A cada tragedia le siguen promesas de reconstrucción, discursos de solidaridad y condolencias oficiales. Sin embargo, pasado el drama, vuelve la rutina: la de la indiferencia.
Es cierto que México, por su ubicación geográfica, está expuesto a fenómenos naturales constantes. Pero lo verdaderamente devastador no proviene del cielo ni de los océanos, sino de nuestra falta de previsión. Las tragedias naturales se convierten en tragedias sociales por una combinación letal de negligencia, corrupción y desinterés colectivo. La desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, bajo el argumento de combatir la burocracia, fue un golpe certero a la capacidad del país para responder ante emergencias. Desde entonces, cada inundación o deslave se enfrenta con presupuestos improvisados y respuestas tardías que cuestan vidas.
La naturaleza no tiene ideología. Sin embargo, las decisiones humanas parecieran que sí. La eliminación del Fonden sin un sustituto eficaz dejó a millones de mexicanos en mayor vulnerabilidad, especialmente en las regiones rurales donde la pobreza convierte una tormenta en sentencia. Las lluvias de este octubre lo demostraron: comunidades enteras permanecieron días incomunicadas mientras el gobierno improvisaba apoyos, y la ayuda llegaba más como gesto político que como estrategia nacional de prevención.
No se trata de revivir estructuras obsoletas, sino de construir una nueva visión de protección civil: moderna, científica y preventiva. Invertir en infraestructura indispensable —drenajes, diques, reforestación de cuencas— es más barato que reconstruir pueblos enteros. Incorporar tecnología en alertas tempranas y educación comunitaria no es un lujo, es una necesidad vital. Y crear un fondo nacional, transparente y auditable, no es un capricho financiero: es una obligación ética frente a un país que cada año entierra a sus víctimas del descuido y la indiferencia.
La sociedad mexicana también tiene una parte de responsabilidad. Hemos normalizado el desastre. Seguimos construyendo en zonas de riesgo, desforestando montañas y arrojando basura a los ríos que luego nos reclaman. La tragedia se repite porque no aprendemos. La prevención no se entiende como cultura, sino como trámite.
Romper este ciclo exige voluntad política y conciencia social. Las catástrofes no son castigos divinos, sino recordatorios de nuestra fragilidad y de lo mucho que aún falta por hacer. México no está condenado a repetir su historia, pero sí a enfrentarla con madurez y responsabilidad. Porque cada vida perdida en la tormenta no es culpa de la lluvia: es el reflejo de un país que aún no ha decidido protegerse, eficazmente, de sí mismo.
