El próximo mes de noviembre se celebrará la vigésima cumbre de los países miembros del G-20 en Sudáfrica, culminando así la presidencia que por un año ha tenido el gobierno de ese país. La presidencia para el próximo periodo, de diciembre de 2025 a noviembre de 2026, corresponderá a Estados Unidos.
El G-20 fue constituido en 2008 y su primera reunión se celebró en la ciudad de Washington D.C. Sus miembros son los países más importantes del mundo, además de dos organizaciones regionales, la Unión Europea y la Unión Africana. Por parte de América Latina participan Argentina, Brasil y México.
Las cosas han cambiado bastante desde aquella primera reunión. Aunque ha habido crecimiento no generalizado, la desigualdad persiste y las deudas soberanas de muchos países se han convertido en un lastre para el desarrollo sano de dichas naciones.
El lema de la reunión, “Solidaridad, Igualdad y Sustentabilidad”, que consideramos muy oportuno, ha causado -según informan los medios- enojo en el felón que gobierna el país vecino, quien ha insinuado que no asistirá, a pesar de que será el próximo responsable de las reuniones del grupo.
El momento es crucial ante el desmantelamiento de todas las medidas y organismos relacionados con el multilateralismo que está realizando Estados Unidos; asunto que para los países del llamado todavía “tercer mundo” o “en desarrollo” es fundamental para crecer y lograr una mejor distribución. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha criticado públicamente que el gobierno de Sudáfrica promueva lo que por sus siglas en inglés se conoce como DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), así como los temas relacionados con el cambio climático, los cuales su gobierno rechaza tajantemente.
Esta reunión debe dar un paso adelante ante el bajo crecimiento económico que estamos viviendo y, sobre todo, ofrecer una solución posible a los problemas de la deuda que enfrentan casi todos los países africanos y muchas otras naciones. Con ese fin se está proponiendo la realización de un foro especial que inicie con el caso de África.
Para avanzar en ese sentido ya existe el llamado “Compromiso de Sevilla”, aprobado en la Cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento y Desarrollo, celebrada este año y respaldada por la ONU, que fue firmado por 192 países; sólo uno no lo firmó: Estados Unidos. En dicho compromiso se recomendó a los bancos de desarrollo incrementar sus recursos y, sobre todo, aplicar normas más justas y realistas para la inversión extranjera. También se planteó la necesidad de aplicar impuestos globales que permitan financiar las urgentes necesidades de los gobiernos para atender a sus poblaciones, especialmente a quienes padecen hambre o viven en condiciones miserables.
Está claramente demostrado que, si seguimos en la misma dirección, será imposible no solo reducir el monto y los intereses de la deuda, sino también modificar las condiciones injustas actuales. A los países más pobres se les aplican intereses más altos y, según la información disponible, ya hay al menos 20 países no desarrollados cuya proporción de deuda respecto a su Producto Interno Bruto supera el 75%.
Además, las ayudas internacionales destinadas a aliviar esas deudas e intereses se han reducido considerablemente: mientras en 2020 las aportaciones combinadas del Club de París y otros organismos multilaterales alcanzaban los 70 mil millones de dólares, para 2023 esa cifra se había reducido a solo 30 mil millones.
La importancia de la reunión de Sudáfrica es decisiva para promover una verdadera cooperación Norte-Sur y encontrar una solución duradera al problema de la deuda. De no lograrse, el futuro de un desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático se verán comprometidos, afectando a las generaciones futuras y al propio sistema económico global.
