En tiempos donde la confianza en las instituciones públicas se pone a prueba día con día, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado un paso que lo distingue de cualquier otro órgano del Estado mexicano: la presentación abierta y detallada de su anteproyecto de presupuesto para 2026, mucho antes de que la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión comiencen su análisis. Esa voluntad de transparencia es, en sí misma, una forma de rendición de cuentas y un recordatorio de por qué el INE es una institución clave para la democracia.
El monto total solicitado asciende a 25 mil 956 millones de pesos, y se estructura en rubros que responden a funciones constitucionales y necesidades operativas. El presupuesto base, que supera los 12 mil 500 millones de pesos, garantiza el funcionamiento cotidiano del Instituto, desde la operación de sus 32 juntas locales hasta la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar. El hecho de que este rubro registre un aumento marginal de 1.61% respecto a 2025 es un indicador de disciplina fiscal, aun frente a la magnitud de sus responsabilidades.
A ello se suma la Cartera Institucional de Proyectos, con 2 mil 596 millones de pesos, destinada a la preparación anticipada del proceso electoral federal 2026-2027 y de las elecciones locales en Coahuila. No se trata de un gasto discrecional, sino de inversiones estratégicas: capacitación de funcionarios de casilla, actualización tecnológica, fortalecimiento de la cultura democrática y programas de inclusión y equidad de género.
Un tercer componente es el presupuesto precautorio de 3 mil 119 millones de pesos para una eventual consulta popular. Aunque este monto solo se ejercerá si las autoridades convocan el ejercicio, su inclusión garantiza certeza y previsión: el INE no puede improvisar en temas de participación ciudadana, porque la imparcialidad y la confianza dependen de su preparación.
Finalmente, el financiamiento a partidos políticos, por 7 mil 737 millones de pesos, es una obligación constitucional cuya administración recae en el INE. Aquí no hay margen de decisión: el Instituto distribuye recursos conforme a la fórmula establecida en la ley, asegurando transparencia y equidad.
Pero más allá de las cifras, lo relevante es cómo se presenta y discute este presupuesto. Primero, en el seno del Consejo General, donde las consejerías tienen oportunidad de debatir y afinar cada partida. Después, se entrega a la Presidencia de la República para su integración en el Paquete Económico y, finalmente, llega a la Cámara de Diputados, donde los legisladores podrán realizar ajustes.
En todo este trayecto, el INE mantiene una práctica única: publicar su anteproyecto incluso antes de que inicie el debate parlamentario. De esta manera, cualquier ciudadano, medio de comunicación u organización de la sociedad civil puede conocer, analizar y cuestionar los números. Esa apertura es un ejercicio democrático en sí mismo y contrasta con otras dependencias federales que solo transparentan su presupuesto una vez aprobado.
En ese sentido, la transparencia es también un escudo: al abrir sus cifras desde el inicio, el INE no solo cumple con la Constitución, sino que coloca a la opinión pública como testigo y juez del proceso. Se trata de un acto de responsabilidad institucional que fortalece su autonomía frente al poder político.
En tiempos de reformas electorales en puerta, esta transparencia presupuestal no solo fortalece al INE, sino que envía un mensaje claro: la democracia se cuida no solo en las urnas, sino también en la forma en que se planifican y rinden cuentas los recursos públicos.
