La ruta ha sido trazada y van a seguirla, cueste lo que cueste. Su objetivo: mantenerse en el poder.
Pretenden que la lucha deje de ser por la vía democrática e institucional, es decir, que la ciudadanía ya no decida en las urnas, sino que México retroceda en el tiempo para reeditar los fraudes electorales.
No hay ley, dignidad ni moral que valgan, todo se tiene que hacer para volver a ganar y repartirse los cargos.
Al que estorbe, se oponga o dude hay que tumbarlo, denigrarlo y acusarlo de conservador. No hay más. Así operan.
La receta del dictador seguida por el presidente desde el 1 de diciembre de 2018 no deja espacio a dudas ni vacilaciones. Desde el primer momento en que AMLO se convirtió en jefe de Estado se dedicó a dinamitar el camino que le permitió ser elegido, traicionando a la democracia y la confianza de la ciudadanía.
Empezó por estrechar lazos con las Fuerzas Armadas, particularmente con un sector de los generales, volviéndolos no solo sus colaboradores más cercanos, sino en muchos casos sus cómplices para la asignación de contratos directos para beneficiar a la cúpula empresarial y nuevos empresarios que están con él. Mientras, la tropa hace el trabajo duro, sufriendo carencias en todos sentidos y desprotección frente a los criminales que torturan y matan a nuestros soldados inmisericordemente.
El presidente continuó con el apoderamiento del Poder Legislativo Federal, desactivando todos los frenos y controles que existían para él y sus colaboradores, al tiempo que proponía proyectos legislativos que pasaron intactos, como los topes salariales con base en su sueldo y calificando a todos los demás de derrochadores y buenos para nada.
Ello le dio armas para atacar a los órganos autónomos, calificándoles de cómplices de la oligarquía, rateros e ineficientes. Logró apoderarse de algunos de ellos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y debilitar a otros, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Al mismo tiempo empezaba su embestida en contra del Instituto Nacional Electoral (INE). El pretexto inicial fueron los sueldos, después la no consulta de juicio contra los expresidentes, seguido de los resultados electorales de 2021 y continuado con la mal sana reforma electoral.
Los acercamientos que Morena ha tenido con el crimen organizado le ha permitido controlar territorios en los que se inhibió el voto y se amenazó a la oposición, causando ingobernabilidad, crisis económica y sufrimiento a la población. No obstante, parece que para 2024 quieren reeditar esos acuerdos.
El linchamiento que el presidente de la República ha hecho directamente y provocado en contra de periodistas, medios de comunicación, intelectuales, artistas y todo aquel líder de opinión que manifiesta una opinión distinta a la suya, ha provocado muchos caídos y promovido la autocensura en muchos de los que siguen, al tiempo de lograr el control de muchos medios a cambio de publicidad.
El debilitamiento intencional de universidades, centros de investigación e instituciones públicas abocadas a la difusión del conocimiento es evidente. El presidente ha ordenado la reducción drástica de recurso públicos y la persecución de mentes libres e independientes.
La crítica contra los partidos políticos de oposición se ha centrado en cancelarles el financiamiento público, cerrarles espacios de participación y utilizar los recursos públicos para perseguir a sus cuadros y amedrentarlos.
El multimillonario financiamiento que el gobierno manejado por López Obrador ha dedicado a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha sido a cambio de adoctrinamiento. La franquicia de izquierda que el gobierno mexicano ha adquirido nos ha salido muy cara a toda la población.
El desmantelamiento que el gobierno federal ha promovido de policías locales y municipales, al tiempo que centraliza esta labor en la maltrecha e insuficiente Guardia Nacional, crea un caldo de cultivo muy peligroso no solo para el proceso electoral, sino sobre todo para la seguridad de 130 millones de mexicanos. Y ya sufrimos las consecuencias.
El acelerado desmantelamiento de instituciones públicas de salud, educación, seguridad social, desarrollo y mantenimiento de infraestructura, protección civil, prevención y atención a fenómenos naturales y antropogénicos, cultura y prestación de servicios públicos ya causa serios estragos en el desarrollo social, aumentando la pobreza y la carestía en la sociedad.
La oscuridad con que la política exterior de México ha sido conducida es motivo de gran preocupación, pues las y los mexicanos seguimos sin saber en qué términos nuestro país se ha comprometido con Estados Unidos a recibir a 30 mil migrantes centroamericanos mensualmente, ni conocemos los alcances de los acuerdos celebrados con la administración del expresidente Donald Trump.
Como paso fundamental para centralizar el poder y lograr sus cometidos, el presidente de la República ha arremetido en contra del Poder Judicial de la Federación, acusando a sus mil 448 ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces de corruptos, ineficaces y malquerientes, motivando al linchamiento público e incluso, a desacatar sus resoluciones.
En este contexto, el presidente ha redoblado su embestida en contra del INE, al cual busca dejar en los huesos para poder influir decididamente en el siguiente proceso electoral federal a través de la Secretaría de Gobernación, la cual busca centralizar no solo el registro de población, sino también de actos civiles, padrón electoral y votantes en el extranjero.
Es así como la ruta seguida por este gobierno no busca, de ninguna forma, acabar con la pobreza, desigualdad social y hambre, sino acabar con la oposición y controles para hacerse del poder y no soltarlo.
De concretarse tal y como el presidente quiere, el 2 de junio de 2024 tendría lugar una elección presidencial fraudulenta, con un INE totalmente doblegado, un Poder Judicial borrado y un Poder Legislativo cómplice, frente a una ciudadanía ocupada en sobrevivir y enfrentar la terrible situación de violencia y económica provocada por el propio gobierno, el cual tendría toda la manga ancha para ganar por la mala lo que no pudo conservar con resultados positivos de gobierno. El fraude electoral es su objetivo.
Ésa es la ruta que el presidente ha trazado y que está decidido a seguir. Le estorba el INE, el Poder Judicial, la UNAM, los partidos políticos de oposición y la ciudadanía que se ha manifestado masivamente en las calles. A ellos buscará acallar y controlar. Le queda poco tiempo para conseguirlo.
@jlcamachov
