Jose Luis Camacho

Transcurría en relativa calma la sesión del pleno. En comisiones se encontraban en discusión dos temas duros: la legalización de la cannabis y la subcontratación. Las y los legisladores hablaban de la necesidad de proteger a las mascotas de los malos tratos, cuando el senador y líder de la bancada de Acción Nacional, Mauricio Kuri, acusó que su bancada era espiada y mostró algunos cables y micrófonos, hallados –dijo – en sus oficinas.

El barullo en el Pleno se paró por completo, lo escucharon con atención, como lo hicieron con el legislador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien se pronunció por indagar a fondo, pero con la clara advertencia de que al arrancar los cables y llevarlos al salón se había roto la cadena de custodia, y por ende, se contaminó la escena del crimen.

Después todo fue un caos. Fuertes pronunciamientos en la tribuna de los panistas contra los morenos, los morenos respondiendo más duro a los azules. Los tricolores y amarillos con miradas dubitativas y de sorpresa. Conferencias de prensa de una y otra bancada, cierres de filas de todos los partidos con los albiazules, deslindes por todos lados. Pero eso sí, los elementos del crimen –los cables y demás artefactos como micrófonos— en las manos de Kuri y sus compañeros de banca.

Vino entonces el sospechosismo de quiénes pudieron ser. Bueno hasta se sospechó del personal de aseo. Las hipótesis y conjeturas eran de lo más encontradas y absurdas, que si fulano, que si perengano. Que la dictaminación en torno al outosourcing y los grandes intereses empresariales que hay de por medio fueron la ruta de financiamiento. Un circo de varias pistas que llevaron a una conclusión más o menos lógica: todo un montaje mediático.

Ya para entonces la sesión había sido cancelada “hasta nuevo aviso” en tanto se desarrollan las indagaciones por parte de la Fiscalía General de la República, según anunció la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, quien avaló las fuertes palabras de Monreal Ávila.

Las puertas de acceso al recinto fueron entonces cerradas y nadie entró ni salió durante varios minutos, mientras había un corredero de legisladores, reporteros, camarógrafos y fotógrafos a la escena del “crimen”. El descontrol se había generalizado, no obstante, las promesas del senador Monreal Ávila se escucharon y fuerte, pues denunció de inmediato y exigió las indagaciones a fondo: “ya se hizo una denuncia penal del caso, y pido al coordinador Kuri que colabore con quienes realizarán las investigaciones, proporcionando los materiales y la información que le sea requerida”.

Eran casi las 15 horas, cuando muchos se preparaban para comer o salir por sus alimentos, el ayuno fue parejo. Nadie comió, nadie salió y la sospecha de un gran montaje creció.

Ya veremos…

La Facultad de Derecho ha hablado

El fantasma del paro recorre las facultades, escuelas, institutos, colegios y preparatoria de la UNAM. Las razones no son claras y menos aún que quienes protagonizan la toma de instalaciones sean universitarios. Pero lo que sí ha quedado de manifiesto es la voluntad de las y los abogados universitarios por hacer prevalecer el interés de la Universidad por sobre el de grupos oscuros y mantener su facultad abierta y trabajando.

Y es que la Faculta de Derecho de la UNAM vivió un ejercicio ejemplar de participación: su comunidad estudiantil, académica y de trabajadores se manifestó democrática, responsable y ordenadamente en contra de cualquier intento por cerrarla, lo cual ratificó la férrea voluntad mostrada por su director, Raúl Contreras Bustamante, quien ha encabezado la defensa del interés de la comunidad y evitado que por la violencia y la cerrazón se cierren las puertas de la Universidad, con los altos costos que ello representaría.

El binomio Comunidad-Director funciona a la perfección en el caso de Derecho, pues la autoridad actúa legitima y consensuadamente, lo que se refrenda con el apoyo estudiantil y docente.

¿Y las autoridades de Naucalpan?

Peor que en los tiempos revolucionarios vive un grupo de pobladores y ejidatarios de Naucalpan, en el Estado de México, pues de acuerdo con denuncias de habitantes de “El Cobradero”, hombres armados intimidan a los poseedores legítimos de los ejidos con el afán de obligarlos a desocupar sus tierras y despojarlos de ellas, sin que alguna autoridad intervenga para evitar estos abusos.

Incluso, los grupos de campesinos aseguran haber expuesto el problema a la Presidenta Municipal de Naucalpan, quien simplemente los dirigió con un funcionario menor de quien no ha dado algún tipo de respuesta y mucho menos de solución. Además, han solicitado la intervención del Presidente López Obrador a quien ya hicieron llegar una carta, porque dicen que no es justo que se les quite su único patrimonio para beneficiar a empresas.

@jlcamachov

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