Las y los diputados no están de puente, están en los puertos.
Sí, porque la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados se encuentra realizando un ejercicio de parlamento abierto con la intención de presentar, la semana entrante, el dictamen que dé luz verde a las reformas planteadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Navegación y Comercio Marítimo y Ley de Puertos, que traslade todas las facultades que actualmente posee la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en materia de puertos a la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR).
Con ello, se estará avanzando en las reformas con machete que lejos de buscar detectar perfectamente los problemas y resolverlos, cortan de tajo lo bueno y lo malo, cercenando al gobierno de México de piernas y brazos fundamentales para actuar y resolver las necesidades de la población.
Por alguna razón la marina mercante de México se ha unido al unísono para reprobar esta intención, que busca pasar por alto que la naturaleza de la SEMAR es militar y no administrativa, por lo que no cuenta con el fundamento constitucional ni legal para asumir funciones administrativas portuarias.
Nuestra ubicación en medio de dos grandes océanos nos permite interactuar marítimamente con 153 países y 587 destinos en los cinco continentes, contando con 142 líneas navieras que funcionan en 117 puertos y terminales.
Nuestro comercio es marítimo, de ahí que cualquier reforma que modifique radicalmente la naturaleza administrativa de nuestros puertos debe encontrarse fundada y motivada no solo en derecho, sino también en un concreto y objetivo análisis de costo-beneficio, con el cual lamentablemente no cuentan las y los señores diputados para tomar una decisión de tal envergadura.
Evidentemente, nuestras Fuerzas Armadas constituyen hoy por hoy la institución mejor lograda a lo largo de 200 años de vida independiente, y porque queremos que así continúe siendo, no es correcto que sus funciones sean desviadas sin mayor razonamiento ni respaldo jurídico.
Hace 14 años nuestros militares tuvieron que acudir al llamado de la sociedad frente a una inseguridad pública apabullante sin que hasta el momento los dotemos del respaldo constitucional ni institucional para realizar esa labor. Hoy pretendemos repetir ese esquema como si lo realizado en 2006 arrojara saldo positivo o una luz al final del túnel que nos permita aseverar que estamos mejor.
Lo que se logra con este tipo de medidas injustificables es desmantelar un cuerpo de servidores públicos leales, eficientes y profesionales y con ello, echar por la borda 44 años de profesionalización marítima en instituciones civiles.
La reforma implica que la SEMAR se haría cargo de la educación portuaria, regulación de comunicaciones, concesiones y designación de capitanías de puerto, labores todas ellas que no se corresponden con la disciplina militar ni con la seguridad y resguardo del mar patrimonial mexicano.
Después de desaparecer la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y de aprobarse la reforma legal de puertos, no tardaremos en atestiguar la desaparición por completo de una secretaría de Estado que, hoy por hoy, es toral para el desarrollo y crecimiento de una nación que sigue careciendo de infraestructura y de conectividad. ¿Habrán olvidado que el Estado mexicano tiene fines que cumplir?
Es necesario que este proyecto de reforma legal no prospere por el bien de la Nación, de nuestras Fuerzas Armadas y de la competitividad.
@jlcamachov