Jose Luis Camacho

La pandemia y crisis económica han puesto contra las cuerdas a las instituciones públicas y privadas, surgiendo voces que pretenden hacer creer que la diversidad, frenos y contrapesos propios del sistema democrático pueden ser un obstáculo para definir las soluciones adecuadas en estos momentos de emergencia.

Sin embargo, es justamente el equilibrio, control y rendición de cuentas que garantizan la democracia mexicana las que permitirán delinear las políticas públicas surgidas de la propia sociedad para resolver las grandes necesidades que hoy se presentan.

Por ello, el respeto a la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) son fundamentales, pues se trata de una institución que per se representa una solución a un tema que durante gran parte de la historia independiente representó un problema y motivo de cuartelazos, pero que hoy funciona y funciona bien, como lo es el sistema electoral mexicano.

Los recursos públicos destinados al INE no son un gasto, sino una inversión bien utilizada. La mayor parte de ellos se destina a los partidos políticos y solo una décima parte a la propia estructura y órganos del INE, por lo que realmente la autoridad electoral no es, por lejos, la más cara del mundo.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha dicho que “es justo en los momentos de crisis en los que debemos defender el marco constitucional y la división de poderes, que es también una forma de defender a la democracia”.

La democracia es un régimen bajo cuyos principios es posible atender todas las emergencias por hondas y graves que sean sus consecuencias. Por tales razones las y los mexicanos debemos cerrar filas con el INE como el único guardián reconocido y legitimado para organizar, realizar y calificar las elecciones.

La Presidenta Laura Rojas sí tiene facultades

Las controversias son juicios constitucionales que compete conocer en única instancia al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen por objeto resolver sobre la constitucionalidad de los actos y disposiciones de carácter general de los poderes públicos federales y locales.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, presentó el pasado sábado una controversia constitucional en contra del Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, que permite que las Fuerzas Armadas continúen en determinadas tareas de seguridad pública hasta el 27 de mayo de 2024.

Al respecto, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC han expresado su respaldo a la presidenta de la Mesa Directiva, mientras que Morena, PT, PES y PVEM han expresado que la diputada quebrantó la neutralidad e imparcialidad que caracterizan a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Al respecto, ¿desde cuándo hacer cumplir la ley ante cualquier duda de quebranto es violentar el equilibrio y la imparcialidad? Al contrario, guardar silencio es cómplice y negligente. De ahí que la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, como representante legal del órgano legislativo ha actuado conforme a su investidura y entablado la solicitud de controversia constitucional cuya admisión decidirá la propia Corte.

@jlcamachov

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