Jose Luis Camacho

Sin precedentes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó el pasado domingo para atender un pendiente ineludible: convocar a un periodo extraordinario de sesiones a sendas cámaras federales, a fin de atender los pendientes generados por la entrada en vigor de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

La sesión presencial, como no se realizaba desde hacía cuatro semanas por la pandemia que azota a México, inició con casi cuatro horas de retraso y concluyó a media noche.

Casi todas y todos los integrantes de la Permanente subieron a tribuna y manifestaron su opinión sobre el punto que causó mayor polémica: incluir en el acuerdo de convocatoria de la Cámara de Diputados las palabras “entre otros”, refiriéndose a acuerdos que pudieran surgir de la Junta de Coordinación Política y ser puestos a consideración del pleno.

Se trataba de un intento que contravenía lo estipulado en el artículo 67 constitucional, en el sentido de enumerar clara y exclusivamente los temas por los que se está convocando a una cámara legislativa a un periodo extraordinario.

Tras horas de debate, pero sobre todo de argumentos y razones por parte del llamado bloque de contención (integrado por PAN, PRI, MC y PRD), el acuerdo no fue aprobado y hubo de trasladarse a una nueva sesión, al día siguiente, para retirar las palabras indebidas y lograr la aprobación unánime para convocar a las y los diputados no a uno, sino a dos periodos extraordinarios. El estado constitucional se hizo valer en el Congreso gracias a las minorías.

No obstante, ese tema no fue el único que generó acalorados debates, sino que también figuró la solicitud de juicio de controversia constitucional que la Diputada Laura Rojas Hernández, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del acuerdo que el Poder Ejecutivo Federal emitió para reglamentar la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

De manera poco acomedida y temeraria legisladores del bloque del partido en el gobierno buscaron menoscabar la figura de la Diputada Laura Rojas, tachándola de traidora, parcial y contraria al bien de México. Sin embargo, no les asistió la razón.

Laura Rojas ejerció a cabalidad las atribuciones que le otorga el marco constitucional y jurídico del Congreso, en aras de preservar las facultades no de ella o de un grupo, sino de toda la Cámara de Diputados.

Los argumentos vertidos por grandes parlamentarios fueron contundentes, pero en particular de una yucateca.

La legisladora que desde el 1 de septiembre de 2018 se ha caracterizado por privilegiar la discusión de altura, con conocimiento y visión es Dulce María Sauri Riancho, quien ha vertido en tribuna verdaderas piezas de oratoria que pasarán en los cánones legislativos como la narrativa de nuestros tiempos. Y aquella sesión de la Permanente no fue la excepción.

“… las facultades de la Presidencia de la Cámara de Diputados están establecidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en el 233, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados… donde se establece con toda precisión que la Presidencia de la Cámara de Diputados tiene la facultad de interponer controversias constitucionales cuando considera que se está violando la Constitución y la división de poderes… con base en eso, la Presidenta, Laura Rojas interpuso la controversia. Como aquí se ha señalado reiteradamente, ya la Suprema Corte la admitió, la estudiará y en el momento que considere oportuno se llevará al Pleno de la Suprema Corte para su discusión, análisis y eventual resolución”, dijo contundente y claramente la exsenadora de la República.

“El fondo del asunto, simplemente, digámoslo en lenguaje coloquial, la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes era una necesidad para auxiliar a la Guardia Nacional… Yo los invito, compañeras y compañeros de la mayoría, vamos a legislar para dar total certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas Permanentes. Yo no quisiera que en un futuro que ahora se antoja lejano, pero que está muy cercano, hubiese alguna controversia que llegara a alguna corte internacional, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes del Ejército, de la Marina, en operaciones de seguridad pública, porque nuestras Fuerzas Armadas Permanentes no se lo merecen, merecen una legislación que les dé certidumbre en su actuación a favor del pueblo de México, a favor de aquellos, mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas que se arriesgan todos los días para mantener la paz y la seguridad”, dijo en claro respeto y reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas que merecen todo nuestro respeto y consideración.

De ahí la sincera invitación de la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

“Considero que la controversia constitucional correrá, sin lugar a duda, por los carriles de la Suprema Corte de Justicia, carriles que ayudan, sin lugar a duda también, a consolidar el Estado de derecho en México. Tanto la acción de inconstitucional, como la controversia constitucional son los dos brazos de la democracia en el país, son acción y constitucionalidad la garantía de las minorías, como usted, Diputado, perteneciente a una de ellas hasta 2018, lo conoce bien, de que la mayoría no va a exceder, constitucionalmente hablando, sus atribuciones… En el momento en que este decreto que hace lo extraordinario ordinario y que hace que las Fuerzas Armadas Permanentes puedan participar en cualquier momento y durante cualquier período en acciones de apoyo a las tareas de seguridad pública, en ese momento, Diputado, tenemos que cuestionarnos: ¿Qué va a pasar con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública de los estados y los municipios? ¿Qué va a pasar con la propia Guardia Nacional cuando llegue esa fecha fatal del 25 de marzo, por cierto, día de la anunciación? Yo no quisiera que esa fecha, el 25 de marzo, se anuncie que las Fuerzas Armadas Permanentes tendrán que seguir apoyando en las tareas de seguridad pública por incapacidad de los gobiernos civiles para crear un marco jurídico de certidumbre para su actuación y para la actuación de todas las fuerzas de seguridad pública. Yo creo que tenemos nosotros la posibilidad de legislar bien. Cordialmente el grupo parlamentario del PRI les invita a hacerlo, no condicionemos a algo que ya está en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia y que tendrá su solución en el momento en que ministras y ministros lo consideren oportuno y, desde luego, también el sentido de la misma. Veamos lo que nosotros podemos hacer, veamos si es una reforma a la Ley de Guardia Nacional, veamos si es la necesidad de recuperar los elementos fundamentales de la Ley de Seguridad Interior, que por cierto fue declarada inconstitucional, seguramente usted lo recuerda también, Diputado. No por el hecho de que diera funciones de seguridad pública las Fuerzas Armadas, que por cierto estaban acotadas en tiempo, en espacio, que requerían autorización por un tiempo determinado y tenían control por parte del propio legislativo. Pero la cuestión, a fin de cuentas, es que está en nuestra responsabilidad crear ese marco, y estoy segura de que podemos hacerlo bien porque tenemos un propósito compartido, que es el propósito de crear condiciones para recuperar la paz en México, más amenazada después del terrible atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, del viernes pasado.”

Esa es la visión de la parlamentaria Dulce María Sauri Riancho.

@jlcamachov

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