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Jonathan Nácar

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la cancelación de los ocho contratos de prestación de servicios en prisiones federales que se otorgaron a empresas privadas durante la administración de Felipe Calderón.

Por dichos contratos, a la fecha están pendientes de pagar más de 190 mil millones de pesos, y el costo total a 20 años ascendería a 266 mil 300 millones, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente aseguró que respecto a esta “privatización de los reclusorios” se presentó una denuncia ante la Fiscalía General por la presunta responsabilidad del entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna.

Dijo que también se busca un acuerdo con los proveedores a fin de llegar a un arreglo sin que dichos contratos sigan generando daños a la hacienda pública.

“En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, advirtió el mandatario.

Tras el anuncio, la asociación civil Reinserta cuestionó la viabilidad de rescindir las Asociaciones Público-Privadas (APP), que no implican una participación al 100% de la iniciativa privada, y que resultan un aliciente para la manutención de las cárceles del país, ante el cuestionamiento de “si la Federación tiene los recursos humanos, materiales y tecnológicos para operar estos Centros Federales”.

El lunes, al participar en el análisis denominado «Security Monday Night” del Grupo Paprisa, el académico-investigador, Sergio Aguayo señaló que una de las omisiones del gobierno actual ha sido abordar el fenómeno de autogobierno y cogobierno en el sistema penitenciario, pues aseguró que la SSPC no ha incluido en sus informes el que al menos 61 penales operan como “cuarteles” del crimen organizado. 

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