Oscar Moha

Los grupos radicales “pro familia” comienzan a unirse en un solo frente, ganan poder social, religioso y político en América Latina, algunos auspiciados económica e ideológicamente por Iglesias estadunidenses que aplauden la exoneración de Donald Trump y lo empoderan como el máximo ejemplo de un “triunfador” en todos los sentidos: multimillonario, Presidente de una potencia mundial, líder político, impoluto padre de familia, devoto cristiano y promotor de valores, aunque sus acciones sean contrarias a sus ideales.

Analistas del fenómeno religioso en México, como el investigador Ariel Corpus Flores, señalan que el avance de tropas religiosas radicales identificadas con la extrema derecha influyen con determinación en la toma de decisiones que los diferentes Gobiernos tiene en su agenda, como en México: la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, lo cual resulta tanto o más peligroso que imponer una Constitución Moral, cuyos promotores se encargarían de linchar socialmente a quienes osen transgredirla.

También el antropólogo Carlos Garma Navarro, explica que está latente la posibilidad en nuestro país de que los líderes de estos movimientos lleguen a cargos políticos, como es su objetivo. Impulsados por partidos políticos, Asociaciones Religiosas, comités de padres de familia y otros colectivos, esos “líderes” pretenden escalar a un puesto de elección popular, como en Perú, donde el congresista y pastor evangélico Julio Rosas, se dedica a supervisar la moral de la sociedad y a evitar que las leyes vayan en contra de lo que consideran “buenas costumbres”.

Cristian Rosas, hijo del pastor y vocero del colectivo “Con mis Hijos no te Metas” -movimiento radical que se ha hecho popular en varios países por defender lo que definen como “familia natural”- también tiene un lugar como legislador y desde ahí operan familiarmente para “preservar la salud moral” de los peruanos, extendiendo esa filosofía puritana que crece en sentido paralelo a la inocencia política de la mayoría de sus seguidores.

Aquí en nuestro país, el grupo veracruzano “Más Vida Más Familia” que se asume como una especie de “policía moral”, impidió en días pasados que los diputados locales pusieran a debate el tema de la legalización de los matrimonios igualitarios. Arturo Segovia Flores, quien encabeza este movimiento, acusó el pasado mes de enero al Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de “dar línea a los diputados locales por instrucciones del Presidente de la República” para aprobar la ley que permite el matrimonio igualitario en ese Estado. Este personaje, desde el año pasado, dio a conocer su intención de formar un partido político local llamado “Cambio”. Desde ahí, con fondos etiquetados, ya podría comprar más conciencias para robustecer la “vigilancia” social, apoyado por Ministros de Culto que lo veneran como un mini Trump jarocho.

El ex Presidente Felipe Calderón, siendo Primer Mandatario, en enero de 2009 cuando inauguró el “Encuentro Mundial de las Familias”, dijo que el aumento de divorcios afectaba a la “familia natural”. Al evento fueron invitados Ministros de Culto católicos y evangélicos, así como gobernadores y panistas del círculo más selecto de la moral en el país de aquél entonces. Hoy, todo indica que la familia Calderón podría continuar su santo oficio desde el partido político que armaron y que conseguiría registro oficial. Desde ya, comienzan a ofrecer espacios a evangélicos y católicos que se sumen a la beata lucha contra la “diabólica” 4T.

El panorama para las libertades consagradas en la Constitución Política no se ve fácil. La otra Constitución (la Moral) que ya está en el pesebre podría dividir oficialmente, o por lo menos moralmente, a los mexicanos en “liberales” y “conservadores”, dando al Presidente de la República -y a sus fieles- el derecho a decidir quién pertenece a qué grupo y la sanción que merecen cuando no estén de acuerdo con la directriz que ellos mismos diseñan.

PALABRA DE HONOR: Difícil de creer que en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una matrícula de más de 350 mil estudiantes, hay poco más de mil 200 denuncias de violencia de género. Más difícil resulta saber cuántas denuncias hay similares en las casi 250 escuelas privadas de nivel superior que existen tan sólo en la Ciudad de México. Todavía es raquítica la cultura de la denuncia. Más endeble es la justicia tardía y corrupta en México. Quizá por eso una desalienta a la otra.

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