Soy el doctor Mario Pliego, soy médico cirujano y partero, pediatra de especialización y doctorado en investigación científica. Estoy —o más bien, estaba— adscrito hasta el último día del año pasado (el 31 de diciembre de 2019), al Seguro Popular que, de buenas a primeras y sin saber bien por qué, desaparecieron los legisladores y la gente del nuevo gobierno.
Les voy a contar —y aclarar— dos cosas al respecto de mi caso: la primera es que yo voté por el cambio porque ya estaba harto de ver tanto robo y corrupción. La segunda es que, para lo que veo, las cosas están peor que antes.
Habría querido mantener esto confidencial, pero también considero necesario que la gente se entere: hasta el momento, al menos en lo que me consta, nada de beneficios, sino que algunos ya se cobraron tres de cal por una que iba de arena.
Sin más rodeos: resulta que por la inercia de las cosas comencé a trabajar y luego a crecer, en la estructura administrativa del hospital donde me asignaron. Es verdad, todos los médicos buscamos una residencia en el sector de la salud pública, porque es paga segura y porque, si no te metes en problemas, puedes garantizar un ingreso por el resto de tu carrera que, incluso, se termine traduciendo en una generosa pensión de retiro. En fin, así me pasó. Pero no seré cómplice.
Estuve, pues, en una clínica familiar en una comunidad bastante lejana. Me fue bien, la verdad, aunque mi primer parto fue complejo, en domingo y sin ayuda, causó que mis tripas hicieran lo suyo: me dio diarrea por los puros nervios, porque no había personal ni material suficiente y se trataba de la hija del mero mero mandamás de la región… Total, que unos meses después de resolver ese problemón y de sugerir ciertas correcciones, mi maestro me llamó para ofrecerme un puesto de base en un hospital de zona, luego como administrador regional y luego en el comité estatal.
Al grano: me citaron a un desayuno con mi jefe, el secretario de Salud estatal, con otros encargados regionales y con el delegado del gobierno federal, porque comenzando el año se debía cambiar a todo el personal a la nómina estatal hasta que se sumen al Insabi. No se le avisaría a nadie hasta que —por reclamos— se formalice el paso al nuevo instituto. Mientras eso pasa, al personal no se le pagará uno o dos meses. Dirán que es un error administrativo, del sistema informático: si no aparecen ahí, no existen en la nómina. Si se ponen rebeldes o amenazan con demanda, se les niega el “reingreso” al sistema y, por ende, a su lugar de trabajo; hay mucha gente que querrá reemplazarlos. Son el gobierno, la ley federal del trabajo les importa poco.
Asunto arreglado: además del subejercicio en papel, se crea dinero “invisible” del presupuesto; cientos de miles de millones de pesos que no se pagarán a los empleados. Ese dinero que no se cobrará, se compartirá entre el gobierno federal, estatal y hasta incluyéndonos, nos dijeron. Por eso renuncio aquí y ahora. Yo no seré cómplice. Jamás retendré el dinero de quincena de un empleado sabiendo lo mucho que lo necesitan. No importa quiénes sean, no es justo ni correcto. Después de que se publique esta denuncia, me iré de investigador fuera de México. Nos vemos en las elecciones de 2021.