Usan “teflón” contra los derechos humanos

El 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro, una mujer transgénero de 24 años, dedicada al trabajo sexual, fue asesinada por uno de sus clientes en Puente de Alvarado, en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México.

Su mejor amiga, Kenya Cytlaly Cuevas, la encontró inconsciente al interior del automóvil junto a la persona que previamente solicitó sus servicios.

El hombre aún tenía la pistola en la mano cuando llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad, pero tras las primeras diligencias, el ministerio público solicitó el ejercicio de la acción penal por homicidio, sin realizar ninguna investigación para corroborar si el ataque fue motivado por razones de género.

A casi tres años del ataque, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 02/2019 que censuró a la Procuraduría General de Justicia por no aplicar perspectiva de género y un enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio, y solicitó que ofreciera una disculpa pública a Paola y Kenya, ambas consideradas víctimas.

La procuraduría aceptó la queja, pero no cambió nada. Y no es la única. Desde su creación, en 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 377 recomendaciones a distintas instituciones, al documentar violaciones diversas en materia de derechos humanos de las que 21 no han sido aceptadas.

El dato. Los crímenes de odio son actos homofóbicos o transfóbicos contra orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

La más antigua, rechazada en 2000 por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está relacionada con el ejercicio indebido de la acción penal contra Paola Durante como presunta autora intelectual del homicidio de Paco Stanley.

La aceptación de una recomendación no implica necesariamente su cumplimiento. En su informe de actividades presentado ante la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hérnández, dijo que en 2018 concluyeron 85 puntos recomendatorios pendientes por parte de autoridades señaladas en años anteriores, pero hay acumulados más de mil 170.

Desde su creación en 1994, la CDHCM ha emitido 377 recomendaciones a distintas autoridades por violaciones a derechos humanos, pero 21 no han sido aceptadas.

Los puntos recomendatorios derivan de recomendaciones que fueron aceptadas, pero no han sido concluidas (145); otras más aceptadas que son sujetas a seguimiento (93) y otras parcialmente aceptadas.

“Las recomendaciones no prescriben. Lo que hemos estado haciendo es, por un lado, tratar de resolver. Teníamos una de 1995 que tenía que ver con reclusorios que ya era como la locura. ¿Qué es lo que empezamos a hacer este año? Dar las recomendaciones por incumplidas. Eso se avisa al Congreso, instancia encargada de llamar a cuentas.

El dato. Las mujeres trans fueron identificadas como víctimas en el mayor número de los asesinatos contra personas LGBT en México. México.

“Todo lo que tiene que ver con las recomendaciones en las que pedimos investigaciones administrativas a servidores públicos no cuentan con ningún avance y lo que estamos haciendo para las medidas de no repetición es instalar las mesas de trabajo”, dijo Nashieli Ramírez, presidenta de la comisión.

En el caso del transfeminicidio de Paola, la comisión concluyó que la procuraduría capitalina no reconoció la identidad de género de Paola Buenrostro a lo largo de la investigación, ni tampoco la de Kenya, a quien en todo momento se refirieron como “Jorge Armando Cuevas Fuentes”, “el testigo, el señor” e incluso “Jorge Armando Cuevas Fuentes, alias Kenya”.

›El desconocimiento de la identidad elegida de ambas mujeres impactó en el desarrollo de la investigación porque, de acuerdo con la comisión, “Paola no existió durante la investigación de los hechos que provocaron la privación de su vida”.

Así, la investigación penal no habla sobre el homicidio de una mujer transgénero, sino de una víctima masculina a la que en todo momento se refieren como “occiso”, “Manuel N. N” y “sujeto masculino que vestía prendas de mujer”.

Fue hasta 2017, cuando la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGJ reconoció la identidad de Kenya, tras realizar el cambio de nombre en su credencial de elector.

La Comisión de Derechos Humanos recomendó elaborar un plan de reparación integral para Kenya y diseñar procedimientos específicos para asegurar la incorporación de análisis de contexto y análisis de riesgo de víctimas, testigos y denunciantes en la investigación de delitos que involucren a grupos de atención prioritaria, entre ellas la comunidad LGBTTTI.

Sen la Segunda Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México, elaborada por el Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred), la percepción de discriminación hacia personas transexuales fue de 74.1% y 43.4% siente que se les discrimina mucho. La principal manera o forma en que se les discrimina es “por no ser un sexo definido”.

La Procuraduría General, que a partir de enero se convertirá en Fiscalía General, aceptó la recomendación, pero a mil 168 días del que fue considerado el primer transfeminicidio en la capital, Paola y Kenya continúan esperando una disculpa.

“No hemos tenido ningún contacto respecto al seguimiento. Quedaron de reunirse los de la procuraduría y en algún momento conmigo en octubre, creo, pero no llegaron a la cita y hasta el día y hasta el día de hoy ni una sola llamada.

“Me dijeron que se les había presentado una urgencia y me dejaron en la comisión con parte del equipo. Justo estando sentada en la mesa, a cinco minutos de que iniciara la sesión, llamaron para cancelar. Nunca se concretó la disculpa pública. De toda la recomendación no ha habido avance”, dijo Kenya Cytlaly Cuevas, mujer transgénero y directora ejecutiva de la asociación civil Casa de Muñecas Tiresias.

Ella interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el incumplimiento de la procuraduría capitalina a la recomendación.

“Tenemos que continuar esto. Sabemos que son procesos muy largos. Las víctimas no le interesan a la procuraduría. Las están revictimizando todo el tiempo. Tengo escoltas porque también tuve amenazas de muerte y entré al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Aparte la misma fiscalía determinó, después de una valoración de riesgo, que tuviera medidas cautelares, como escolta personalizada”, destacó.

›Desde el fatídico 30 de septiembre, Kenya se vio imposibilitada para regresar a su actividad laboral. Experimentó cuadros de estrés luego del asesinato de Paola y nunca recibió terapia psicológica para superar el duelo.

Por el contrario, fue victimizada nuevamente cuando las autoridades se negaron a entregar el cuerpo de su amiga, con quien conformó una familia elegida por más de seis años, bajo el argumento de que no era un familiar directo.

También recibió amenazas de muerte en tres ocasiones por lo que solicitó medidas de protección que las autoridades le negaron durante un año: “Decían ¿cómo se iban a ver cuidando a una trabajadora sexual? Por otro lado, yo hice un cambio de identidad a finales de 2016, y presento mi nueva identidad y contestan diciendo que a ellos los habían mandado a cuidar a Juan Pérez y que a Kenya Citlaly ni la conocían”.

La defensora de derechos humanos, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, abrirá un albergue dirigido a mujeres de la diversidad para ofrecer herramientas para que puedan dejar el trabajo sexual, si así lo desean.

Kenya conformó un equipo de trabajo al que sostiene con sus propios ingresos. “Estoy trabajando en el programa Pilares de la Ciudad de México, en la Subdirección de Formación, y con mi sueldo logro cubrir algunos gastos de la organización y mis propios gastos”, dijo.

La recomendación no aceptada más antigua es sobre ejercicio indebido de la acción penal contra Paola Durante.

En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la activista puso en marcha la Casa Hogar “Paola Buenrostro”, el primer albergue dirigido a la comunidad sexo-género diversa, en especial a mujeres y hombres trans en situación de calle, exprivadas de la libertad, viviendo con VIH o alguna otra ITS, trabajadoras sexuales y consumidores de sustancias psicoactivas.

El albergue, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, ofrece alojamiento y comida hasta por un año a los solicitantes, además de un plan integral de acceso a los derechos de identidad, salud y educación, para lograr la reinserción social y la autonomía económica de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

La casa hogar ofrecerá también talleres lúdicos y acceso a la educación primaria, secundaria y la preparatoria.