Sin mucha difusión, por lo menos México, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada este mes se desarrolló otra reunión cumbre, a mi juicio, más importante, ya que en ella se hizo una revisión de la seguridad alimentaria mundial ante el terrible incremento en la carencia de alimentos que la población de muchos países está padeciendo, ya sea por su elevado precio o por problemas en el abastecimiento.
La reunión fue presidida por los líderes de España, Estados Unidos de América, la Unión Africana, la Unión Europea, Colombia, Alemania, Indonesia y Nigeria, quienes, reunidos el 20 de septiembre pasado declararon la necesidad de actuar con urgencia para dar respuesta a la necesaria seguridad alimentaria que requieren millones de personas alrededor del orbe.
La declaración menciona que el impacto de la pandemia, la crisis climática, el incremento notable de los precios de la energía y los fertilizantes y la invasión de Rusia a Ucrania han descompuesto las cadenas de abastecimiento y producción, agudizando la inseguridad alimentaria.
La invasión rusa ha provocado un cambio en el abastecimiento de la producción alimentaria de Ucrania, pero gracias a la intervención del secretario general de la ONU, António Guterres, se ha logrado paliar un poco la situación, pues consiguió, con la ayuda de la Unión Europea, que el 61% de la producción de alimentos de Ucrania se exportara a través de corredores denominados “de solidaridad”; así como desbloquear los puertos ucranianos del Mar Negro, con la iniciativa Granos del Mar Negro, que va dirigida fundamentalmente a países de Asia, África y Turquía. Tan solo este mes se enviaron 3.5 millones de toneladas de maíz, trigo y otros granos.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, las cifras dadas a conocer en un editorial del periódico El País indican que hay y habrá millones de personas sufriendo. De 2020 a hoy, ha habido un aumento de 46 millones personas que no tienen acceso a una alimentación suficiente y, según las agencias de Naciones Unidas, 828 millones de personas no reciben suficientes nutrientes.
Asimismo, se menciona que la población que no tiene garantizado poder comer ha pasado de 135 millones en 2019 a 345 millones en 2021. Hay 45 millones de menores de cinco años de edad que sufren malnutrición y así podríamos seguir con cifras que demuestran el terrible deterioro en, a mi juicio, el principal derecho humano, porque sin éste el resto de los derechos salen sobrando.
En junio de este año se diseñó una ruta para la seguridad global alimentaria, firmada por 102 países incluido el nuestro, supuestamente para garantizar mejores condiciones de vida.
Esta cumbre reafirma que la situación sigue agravándose y han propuesto una serie de medidas para que los países miembros de la ONU se comprometan a cumplir. Entre ellas, el compromiso de financiamientos adicionales a las organizaciones humanitarias para que aumenten sus esfuerzos para llevar comida a aquellos países que más lo requieren; tener los mercados de granos, comida y fertilizantes abiertos, sin restricciones; incrementar la producción de fertilizantes; acelerar los esfuerzos para tener una agricultura sostenible e incrementar las inversiones en investigación y tecnología para crear una agricultura resiliente que permita las innovaciones y la mejora de los sistemas alimentarios.
Nuestro país también está sufriendo el incremento de personas que no tienen una alimentación suficiente y se presenta la oportunidad ahora, que está a discusión en la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023, en donde pareciera que no se ha reflejado el compromiso multilateral en este tema tan crucial; es decir, el hambre y la seguridad alimentaria. Esperemos que los y las diputadas pongan atención a este asunto de sobrevivencia.
