Quizás este año se presenta más difícil económica y socialmente para lo mexicanos, más las condiciones con las que la pandemia está causando estragos en muchos sentidos a gran mayoría de la población.
Tal vez la principal preocupación, más allá del avance de las diferentes cepas del SARS-CoV-2, sea la situación económica de millones de trabajadores que vieron mermados sus ingresos ante el implacable e incontrolable, por parte del gobierno, aumento de la inflación.
Porque si bien el incremento del salario mínimo ha sido una de las mejores medidas de la actual administración y que ha permitido que crezca en términos reales dicho ingreso, no ha sido lo mismo con los salarios contractuales de empresas o dependencias públicas, a los cuales el año pasado se les sometió a un incremento máximo de cuatro por ciento y, como hemos visto, la inflación llegó casi a ocho por ciento. Y lo que es peor, para este año de nuevo se sometió, sobre todo a las dependencias públicas, a aceptar un incremento máximo de 3.5%, lo cual a todas luces hará que por segundo año consecutivo los asalariados en su gran mayoría perderán ingresos en términos reales. Esta actitud de férrea defensa de los términos macroeconómicos en detrimento de la población quizás haya sido el premio a la nueva presidenta del Banco de México cuando era subsecretaria de egresos.
Ante lo que estamos viendo y la necesidad de dar garantías de que no caigan en la pobreza millones más de mexicanos se encuentra la propuesta de Ingreso Ciudadano Universal (ICU), que ya hemos comentado otras veces, pero que ahora, y en función de la pandemia, cobra mayor relevancia no solo en México sino en muchos países del mundo afectados por el virus.
Acaba de aparecer un libro sobre el tema, escrito por Julen Bollain, titulado Renta Básica: una herramienta de futuro, el cual analiza la situación económica actual, mencionando que nuestro sistema económico mundial era ya muy frágil en 2020 por los altos niveles de deuda privada, ya que estamos viviendo, en palabras de Guy Standing, profesor investigador de la Universidad de Londres, una etapa de “capitalismo rentista”, donde cada día reciben más ingresos aquellos que poseen propiedades, provocando una creciente brecha en la distribución del ingreso y haciendo aumentar el hoy llamado precariado.
Por lo que, si se quiere reducir la pobreza, la desigualdad, la inseguridad económica y también las enfermedades hoy derivadas de la pandemia, como son el estrés y la ansiedad, es necesaria la creación de un ICU generalizado.
Hemos mencionado muchas veces que el ICU es mucho más que una medida de reducción de la pobreza; es una necesidad para que los millones que no están en el uno porciento de la población puedan mejorar sus vidas. En una encuesta realizada en seis países europeos el mes pasado, la mayoría de la ciudadanía está por el establecimiento de un ICU.
Tanto el ICU como el impuesto a las grandes fortunas para financiarlo han cobrado interés, como lo demuestra un editorial del Financial Times del año pasado que, considerando la soberbia británica, dijo que ambas medidas deberían tomarse en cuenta, aunque fueran “excéntricas “.
Yo creo que en nuestro país podríamos realizar una prueba piloto en algunos municipios de algún estado, que permitiera hacer una evaluación de sus beneficios y que ayudara a tomar decisiones más profundas, más allá de los programas tradicionales o de adultos mayores, que como estamos viendo no han reducido la pobreza.
Debemos avanzar en este tema y sobre todo pensar en que sus detractores y muchos gobiernos cuestionan y se preocupan por el monto del ingreso ciudadano mínimo y nunca cuestionan y controlan los ingresos máximos.