El pasado domingo 20 de febrero el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, presentó, ante la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, la tercera entrega de informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
Y, tal como siempre ocurre, se convirtió en gran noticia durante varios días y poco a poco se ha ido apagando o achicando hasta desaparecer, a pesar de la gravedad de lo que se reportó.
Según el informe, se realizaron en total mil 616 auditorías de todo tipo y se presume, de manera preliminar, un daño a los recursos de la nación por más de 63 mil millones de pesos, de los cuales cerca del 70% corresponde a los recursos federales que se envían a los estados y municipios del país.
Tanto por su importancia económica, como política, en este informe destacan las grandes obras que se están realizando como insignia de la presente administración, es decir, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Como era predecible y obvio, dichas obras están arrojando diversas irregularidades por más de 22 mil millones de pesos, aunque el 90% de esa cifra radica en lo que la ASF señala como inconsistencias de un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Vale la pena destacar un tema que hasta ahora no había sido relevante en las auditorías, y es que varias de estas irregularidades fueron presuntamente realizadas por personal de las fuerzas armadas, lo cual también era obvio que ocurriría, tomando en cuenta la presión que hay por terminar las obras, lo que produce que se salten las reglas y dé oportunidad al desorden o, peor aún, a la corrupción. La pregunta es si se va a aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los militares, en caso de confirmarse los hechos.
Destacan entre las irregularidades, las de la empresa Segalmex, recién creada en esta Administración Pública y que pretendía ser sucesora de la Conasupo. Incluso se ha separado de sus cargos a varios de sus funcionarios y, según dicen, ya hay denuncias penales.
También destaca otra de las creaciones de este gobierno, el ya famoso Insabi, y no por sus virtudes, sino por sus defectos, como la compra de unos ventiladores que no llegaron y fueron pagados. Lo peor de ese caso, tal y como lo relata la revista Proceso, fue cómo se lavaron las manos la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Presidente y el propio Insabi. Se nota que la solidaridad y el espíritu de cuerpo no existen en esta administración; de lo que se trata es de salvarse como se pueda.
En su discurso, el auditor superior detalló puntualmente los pasos a seguir a partir de ahora, destacando que los entes auditados tienen 30 días para aclarar los pliegos de observaciones o las solicitudes de aclaración, y a partir de ese momento ya se podrán calificar como desvío de recursos y entonces proceder, tanto administrativa como penalmente.
Y aquí radica una de las principales fallas de nuestro sistema de combate a la corrupción: por lo que se sabe de años pasados, de las denuncias penales presentadas por la ASF ni el dos por ciento han tenido éxito, es decir, miles de millones de pesos que no se han recuperado.
Es necesario que la ASF, una vez analizadas las respuestas de los entes auditados, dé a conocer en definitiva cuáles irregularidades se ratifican y qué procedimientos se van a seguir para recuperar los recursos desviados.
Por último, desgraciadamente se confirma que, al igual que en los gobiernos anteriores, sigue habiendo mucha corrupción y que los deseos del Presidente de que ésta se haya acabado, no son una realidad. Ojalá que con base en este informe de la ASF, en lo que resta de la actual administración se tomen medidas más severas para reducir este flagelo.
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