Sin duda, una de las propuestas que mayor encono ha causado, desde su discusión inicial hasta su aprobación y resultados posteriores, ha sido la del etiquetado frontal, conocida como Norma Oficial Mexicana 051.
Fueron muchos meses de análisis, discusión y arribo a la propuesta para su aprobación por parte de todos los participantes, excepto, por supuesto, los representantes del sector privado que argumentaron en su contra, como siempre amenazando con las consecuencias económicas en caso de aprobarse en los términos consensuados por la gran mayoría de participantes. Debería entrar en vigor el primero de octubre, pero ya se dio un plazo que vence el 30 de noviembre, a petición del sector privado, el cual señaló que tendrían que tirar a la basura miles de envases que ya estaban impresos.
La batalla aún no termina. Las presiones de una industria acostumbrada a pagar millones de pesos a sus cabilderos para que las cosas sigan igual han sido y son muy fuertes. Un ejemplo es la carta que envió la Asociación Nacional de Manufacturas de los Estados Unidos a la Secretaría de Economía, arguyendo que la norma produciría una pérdida, nada más y nada menos, de 75 mil millones de pesos en sus ventas. El sector privado mexicano, a través del Consejo Nacional Agropecuario, indicó que afectaría la producción de 42 mil toneladas de productos al año y le costaría al sector seis mil millones de pesos.
Ahora, con la pandemia, los datos apuntan a que muchos de los que desgraciadamente han fallecido tenían alguna comorbilidad, como sobrepeso, obesidad, diabetes o hipertensión. El dato más alarmante es que de los 120 millones de mexicanos, más de 90 millones padecen obesidad y una de las principales causas es la alimentación chatarra que llega a todos lados.
Los últimos días hemos visto y leído argumentos a favor y en contra de la Norma, algunos rayando en el ridículo y haciendo ver que quienes los han escrito tienen intereses más allá de la salud de los mexicanos.
La decisión del estado de Oaxaca de prohibir la venta de alimentos chatarra a los menores de edad, misma que otros estados están considerando adoptar según los medios de comunicación, también ha causado ámpula en el sector privado y sus representantes que escriben o comentan en los medios masivos.
Hay que ir al fondo del tema, y nadie puede ocultar que tenemos un grave problema de obesidad y diabetes causado mayormente por los alimentos chatarra. Preocupa y muchas veces angustia ver a niños y niñas en todo el país que ya tienen sobrepeso por el consumo exagerado de esos alimentos y bebidas envasadas.
Es inentendible que las llamadas empresas de responsabilidad social se opongan al etiquetado frontal con argumentos nimios y no consideren que el Estado tiene la obligación de cuidar la salud de la población. Ejemplos de otros países han demostrado que el etiquetado ayuda a reducir su consumo, a la vez que impulsa a que las empresas cuiden más los ingredientes de sus productos y, sobre todo, la publicidad engañosa que utilizan.
Ahora bien, tanto el etiquetado frontal como la prohibición de venta a menores deben ser responsabilidad de los gobiernos, pero también de la población entera. En ese sentido, el Estado debería hacer una gran campaña de difusión para orientar a la población para que cuide su salud, principalmente la de los menores de edad, porque de nada servirá que se prohíba la venta a los niños si los adultos se los compran.
Y, una vez más: para esto se necesitan recursos y, tal como hemos visto en los últimos lustros, se han reducido los dineros para la Secretaría de Salud. Por ello, este gobierno que promueve esta norma y se dice protector de los que menos tienen tendría que incrementar el presupuesto; sin embargo, hasta ahora ha seguido la pauta de los gobiernos anteriores y eso no se vale.