Entre los efectos provocados por la pandemia, primero de salud y luego económicos, se encuentra la difícil situación de millones de personas a quienes no les alcanza el ingreso, si acaso lo tienen, ni sus ahorros, para garantizar su subsistencia y la de sus familias el día de hoy.
Es por lo que de pronto miembros del congreso, organizaciones multilaterales y de la sociedad civil han propuesto el ingreso básico como una de las medidas urgentes a realizar; es decir, lo que hasta antes de la pandemia se consideraba como algo “lindante en las comarcas de la utopía”, en palabras del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, ahora se considera como lo más necesario, aunque de forma temporal.
Quienes hemos luchado por esa propuesta desde hace años, hemos sido considerados como personas con una buena idea, pero irrealizable en el corto plazo, y ahora resulta que se debe aplicar en el corto plazo, y cuanto antes mejor.
Acaba de aparecer un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado por George Gray Molina y Eduardo Ortiz-Juárez, que lleva por título Ingreso Básico Temporal (IBT), en el cual justifican la necesidad de implantar este proyecto en los países en desarrollo.
En su estudio argumentan que es necesario implantar este IBT por los efectos devastadores que está ocasionando la pandemia, sobre todo, en aquellas personas que carecen de seguro de desempleo y asistencia social. Según los cálculos que han realizado para 132 países el costo varía entre un 0.27 y un 0.63% del Producto Interno Bruto, dependiendo de la política que se quiera seguir.
La justificación que hacen para implantar este IBT es que en nuestras naciones tenemos menos resiliencia que en los países desarrollados ante estas situaciones, porque, entre otras cosas, siete de cada 10 trabajadores viven del mercado informal y, agregaría yo, en actividades que de ninguna manera pueden realizarse desde casa o vía computadora.
Entre los datos que dan se encuentra el de que el desempleo y la reducción salarial, aunque sea modesta, provocarán que entre 70 y 100 millones de personas caigan en la pobreza. Según un documento elaborado por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en la actualidad, en México seis de cada 10 personas que todavía conservan su trabajo no ganan lo suficiente para la canasta básica de una familia de dos personas. Además, solo el siete porciento de las personas ocupadas gana más de 12 mil 800 pesos al mes, que se ha visto reducido en 1.2 millones de trabajadores al inicio de este año.
En el estudio del PNUD hay algunas cifras que reflejan que el actual sistema económico ya dio de sí y que urge su cambio. Lo digo porque, por ejemplo, señalan que en América Latina y el Caribe los pobres y vulnerables son aquellos que tienen un ingreso menor a 13 dólares diarios, pero para el norte de África y el este de Asia la cifra se reduce a 5.50 dólares, y todavía es peor para el sur de Asia y las regiones de Sahara Africano, pues la cifra es de 3.20 dólares diarios.
Según sus autores, el IBT es una respuesta a esta crisis sin precedente y que se basa, entre otras, en la propuesta que lleva años en el aire de un Ingreso Ciudadano Universal (ICU) que asegure un ingreso para todos, independientemente de su situación laboral.
El estudio menciona que en nuestra región quienes serían susceptibles del IBT serían 150 millones de pobres y 227 millones de llamados vulnerables, que representan casi el 61 porciento de la población.
Para el caso concreto de México indican que los beneficiarios deberían ser 87 millones de mexicanos y el costo mensual sería de 15 mil millones de dólares, lo cual, según sus cálculos, representa un 0.61% del PIB mensual.
Propuestas y estudios hay muchos, ahora está en manos del Legislativo echarlo andar, ante la poca atención del Ejecutivo en el tema.