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Redacción ejecentral

A tres años de la masacre en Tlatlaya, Estado de México  contra civiles a manos del Ejército, prevalece la impunidad denunciaron organizaciones civiles,  activistas sociales y la única sobreviviente, Clara Gómez lo que llevó a ampararse por falta de debida diligencia.

Y es que a pesar de la recomendación Recomendación 51/2014 emitida por  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, así como el deficiente trabajo de la PGR y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación, ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas.

Lo anterior pese a que el Centro Prodh y Clara Gómez ofrecieran una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón a la cadena de mando con señalamientos concretos de que funcionarios deberían citarse a declarar. veinticuatro meses después la PGR no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo con excepción del Teniente Coronel de Infantería, Sandro Díaz Rodríguez.

Ante estas omisiones, Clara Gómez interpuso un amparo por la falta de  debida diligencia, que se encuentra e el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México.

En un comunicado firmado por organizaciones sociales y activistas, señalaron que la falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos  humanos, especialmente las cometidas por los elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfio”.

La impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios nos indica que dar mayores facultades a los elementos militares para intervenir en seguridad pública es un camino que solamente profundizará la grave crisis de derechos humanos que padecemos los mexicanos.

La falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos.

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