Las leyes secundarias que reglamentarán el funcionamiento y actuación de la Guardia Nacional se aprobaron fácil y rápido, gracias a los acuerdos entre los partidos políticos en los que se concedieron próximos nombramientos y apoyos a estados.
Eso no debería sorprender, después de leer el Plan Nacional de Seguridad, tan desvinculado de la realidad mexicana; sin orden ni objetivos que permitan tener la certeza que en poco tiempo se frenará la inseguridad en el país y poco a poco se revertirá. Pero en realidad sí sorprende el toparse con normativas que tienen huecos que pueden permitir abusos o descontrol en la actuación de los elementos de una Guardia Nacional que aspira a ser uno de los cuerpos mejor equipados y entrenados contra la inseguridad.
Además, hay otras cosas que llaman la atención, dos en particular, en la exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La primera en donde se asegura que la participación de las Fuerzas Armadas es producto, entre otras cosas, de el “alza constante en la incidencia criminal; la constante mutación de los fenómenos delictivos, particularmente las actividades relacionadas con la delincuencia organizada, y la dificultad para garantizar la seguridad en los diversos ámbitos de las responsabilidades gubernamentales”.
Es decir, la confesión de la total incapacidad de todos los gobiernos y las instituciones que se crearon en los últimos 25 años para combatir a los delincuentes. Si es así, algunos responsables de este fracaso deberían haber sido sancionados o estar en prisión.
Lo segundo que también es terrible, porque significa que nada antes sirvió o desapareció, es que crean el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública que quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo.
“A diferencia del Sistema, actualmente previsto en la ley, unificará las bases de datos y las concentrará en una sola matriz. De esta forma, el nuevo sistema consolidará un conjunto integrado, organizado y sistematizado de datos que permita a las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia generar datos compartidos, su consulta e interconexión, lo que facilitará el cumplimiento de sus funciones e integrará una herramienta de gran utilidad para la protección de los derechos humanos en las detenciones y en la ejecución de sentencias, privilegiará el debido proceso y facilitará la actuación del fiscal”, plantea.
Es decir, no sirven o se los robaron o simplemente anularon los sistemas creados por el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) en los años 90 y que fueron heredados a la Policía Federal Preventiva; tampoco lo construido supuestamente en el gobierno de Vicente Fox, mucho menos Plataforma México que costó más de cuatro mil millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón, ni los sistemas comprados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada, simplemente empezamos de nuevo en la información policial.
Plantea esta ley “desarrollar los sistemas, así como plataformas tecnológicas y de interconexión que se requieran para la operación del Sistema Nacional de Información; realizar la coordinación que corresponda con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno para el funcionamiento e interconexión del Sistema; realizar las interconexiones de las bases de datos de la Federación, las entidades federativas y los municipios con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y, a su vez, brindar asesoría y apoyo para dicho fin”.
En el artículo 20, se establece que es necesaria la información que contenga este sistema porque una de las obligaciones de los entes que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública es realizar “estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional”.
Alguien nos mintió, porque todo eso ya era posible y esta ley dice que no. Aquí hace falta encontrar a los responsables que nos engañaron diciendo que sí existía o que lo desaparecieron o a este nuevo gobierno que ni siquiera sabe que ya lo tiene.
@Gosimai