SFP inhabilita por dos años a filial de Odebrecht

Luego de que un juez federal le negara la suspensión definitiva a una empresa filial de la constructora brasileña Odebrecht, señalada por pagos excesivos en contratos con Pemex, la Secretaría de la Función Pública (SFP) logró inhabilitarla por dos años para participar en cualquier licitación con las dependencias y entidades de la administración pública federal; un exfuncionario de Petróleos Mexicanos también fue sancionado e inhabilitado. De acuerdo con lo publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, la resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX el procedimiento de sanción administrativa fue en contra de la “Construtora Norberto Odebrecht, S.A.”, a fin de que dicha empresa no pueda participar en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del estado y sus empresas productivas subsidiarias, así como con los estados cuando estos utilicen recursos federales, en un plazo de dos años. En ese mismo sentido pero, como parte de otro procedimiento en contra de un funcionario de Petróleos Mexicanos quien autorizó el pago a Odebrecht por un contrato de 2.5 millones de pesos, la dependencia que encabeza Arely Gómez González, consiguió la inhabilitación de este funcionario por 10 años para que no pueda ocupar un cargo público, así como una sanción económica que asciende a los 2 millones 597 mil. En diciembre del año pasado, la SFP dio a conocer que este mismo funcionario, identificado como Antonio Sierra Martínez, funcionario de Pemex Transformación Industrial, autorizó pagos excesivos por más de 119 millones de pesos en un contrato que celebró la empresa productiva para el Estado con una de las 21 filiales que la constructora brasileña Odebrecht tiene en México. Por esa falta, Sierra Martínez, fue destituida de su cargo, sancionado con una multa equivalente a la irregularidad administrativa detectada, e imposibilitado para trabajar en el servicio público por 10 años. Fuentes de la dependencia federal señalaron que se trata de dos procedimientos distintos en contra del mismo ex servidor público.

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