Al revisar las cifras de cierre del Presupuesto enero-diciembre de 2018, encontramos que se mantiene una tendencia ligera pero constante, de crecimiento en los últimos cuatro años, tanto en las participaciones que son recursos de libre disposición derivados del pacto fiscal que dio origen a la Ley de Coordinación Fiscal desde 1980, ligeramente menor en las aportaciones que son transferencias condicionadas, sujetas igual que las primeras, a fórmulas. La distribución de las participaciones a los municipios corresponde a las secretarías de finanzas estatales, de acuerdo a fórmulas determinadas, por los congresos locales, cada una es diferente y su análisis lo ha realizado ya la ASF. Algunas son buenas, otras no. Es común escuchar, generalmente con un profundo desconocimiento, o para aprovechar la ingenuidad de los interlocutores, que las autoridades federales e incluso las estatales, no les pagan a tiempo las participaciones, lo cual no siempre es verdad. En todos los años que recuerdo Hacienda ha cumplido con tiempo y forma el pago de las mismas y las entidades federativas tienen un espacio para revisar las cifras de recaudación de los impuestos y derechos que forman la recaudación participable, así como sus cálculos, que es el Comité de Vigilancia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Es cierto en algunos estados no se las pagan ni a tiempo como marca la Ley, o nunca, por ejemplo, quitándoles los ajustes cuatrimestrales o el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas -cuando se ha usado este mecanismo-, en suma, aprovechándose del gran desconocimiento del Sistema de Coordinación, se quedan con una parte de las participaciones que debieron pagar, esto ha sido particularmente relevante en estados del sur sureste. Lo peor, ha sido sin consecuencias. He tenido experiencias de todo tipo al respecto, municipios de la zona triqui en Oaxaca, que piensan que las participaciones “son un regalo del señor gobernador”, o aquel presidente municipal que le quitaron en un lapso de tiempo mil millones de pesos, pero lo convocan le dan la décima parte y sale declarando loas sobre su “gobernador federalista”. En 2018 las participaciones crecieron 3.9 por ciento respecto a lo programado, recursos cuyo destino se define en los congresos locales y que ya pueden ser auditados por la ASF, las transferencias condicionadas a salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura social y asistencia social, disminuyeron en menos 1 por ciento, respecto de lo programado, que siempre ha auditado la Auditoría Superior. El tema es que el destino del gasto de libre disposición, al que se suman los ingresos derivados de su propia recaudación, generalmente mínimos en la mayoría, aunque correctos en algunos estados y sobre todo en la CDMX, que recauda más del 50 por ciento, los otros apenas un 3 por ciento en promedio. El problema está en que se gastan las participaciones, como la gastan y la corrupción. Por otro lado, el fondo de estabilización, el FEIEF, está libre con cerca de 80 mil millones de pesos, cuando en 2009 la reducción de lo programado fue de 40 mil millones y el Fondo tenía 24 mil. Hoy no tienen problema, en casos de crisis fiscal. El problema está en la dependencia del gasto de inversión, en rubros sustantivos como la obra pública, las compras y el gasto social, así como la participación social de a de veras. Por otra parte revirtiendo el centralismo de las finanzas y las obras públicas, lo cual implica regresar facultades impositivas a los estados, fortalecer sus administraciones tributarias y federalizando la fiscalización a partir del trabajo de la Auditoría Superior. Es necesario replantear cómo se hizo en 2004 la coordinación hacendaria, dando un papel proactivo al poder legislativo. brunodavidpau@yahoo.com.mx
¿Riesgos en las finanzas locales?
