David Colmenares
Existe una extrema concentración de facultades tributarias en el Gobierno Federal, concentración extrema incluso respecto a países de sistemas unitarios o centralistas, y también es cierto que siempre se ha dado una fuerte resistencia para regresarles algunas de las facultades que decidieron dejar en suspenso o eliminar a partir de su adhesión a la coordinación fiscal, pero también es cierto que la mayoría no se ayuda y desperdician sus pocas facultades para recaudar, por razones políticas.
Hay entidades federativas, no todas por supuesto, que quieren recuperar facultades y recaudar por si solas lo que necesitan, pero en muchas otras no existe interés por cobrar, entre ellas están las que prefieren la gestión, que cumplir con sus deberes recaudatorios, porque estos últimos tienen “un costo político”, idea que desafortunadamente esta muy generalizada en la clase política del País,  pero  así bloquean el esfuerzo de quienes piden les regresen facultades con potencial recaudatorio.
La tenencia existe desde 1962, entró en vigor con la Ley del Impuesto a la Tenencia y Uso de Automóviles de mayo de 1963. Esto es  no fue un tributo de coyuntura creado para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, como se ha dicho equivocadamente,  en cuyo financiamiento sólo contribuyó con una tercera parte.
En 1997, como un acto de colaboración administrativa lo empiezan a cobrar las entidades federativas, quedándose con el cien por ciento de lo recaudado, que no era poco. Sin embargo, una decisión del Gobierno del Presidente Calderón, que en su campaña ofreció desaparecerlo, decidió abrogarlo a partir del 1 de enero de 2012, pudiendo las entidades crear un impuesto estatal con características similares al federal o ajustar su gasto a la baja a partir de 2013. Los primeros “clonadores” fueron Querétaro que lo hizo con un subsidio de 400 mil pesos y Guerrero, además, hubo casos patéticos como Veracruz, que lo desaparece, lo crea y lo desaparece.  
La mayor parte de las entidades legislaron el impuesto, pero casi todos destruyeron su base al establecer subsidios, esto es gastos fiscales, que devoraron la recaudación potencial del impuesto, además de que se dieron casos en que los principales contribuyentes del impuesto domiciliaron sus vehículos en vecinas entidades que derogaron el impuesto. No lo hicieron para estimular nada, esto en todos los colores. 
El cuanto al conflicto que se dio en 2015 en Nuevo León entre el Gobernador y el Congreso,  en lo referente a la tenencia, de cuya recaudación se ha participado  30 por ciento a los municipios, acordaron derogarla gradualmente, hasta concluir en 2018, un estado con crisis fiscal.
En  Durango Jorge Herrera lo desapareció por razones políticas, y después anduvo pidiendo apoyo presupuestal, por los 300 millones que dejó de cobrar. Recuerdo que el anterior de Chihuahua, como diputado declaró que era una estupidez proponer eso, y como candidato hasta lo firmo como promesa de campaña. Claro después a quejarnos y a pedir.
Así no podemos pedir mas potestades. 
 

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