Luis León, Jonathan Nácar y Francisco Pazos
El alza en los precios de las gasolinas terminó de abrir la herida que dejó al descubierto el proceso de descomposición económica que afronta el país.
Empresarios y especialistas adelantan que el gasolinazo abrirá la puerta a alzas en el costo de los productos y a una caída del poder adquisitivo que sólo sería controlada con un alza en las tasas de interés, aunque esto pueda repercutir en despidos y una posible caída del consumo.
Al iniciar la segunda quincena de diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer su reporte de inflación en el que indicaba una variación anualizada de 3.48%, entonces aún era incierto el precio que tendrían los combustibles.
El anuncio de la Secretaría de Hacienda, el 27 de diciembre, con alzas de 14 a 20%, que fueron avaladas y conocidas por diputados y senadores, dejaba entrever que el gobierno federal no pondría en riesgo los 284 mil 432 millones de pesos que proyectó, ingresarían por la venta de combustibles a través del IEPS.
En un mensaje improvisado desde Los Pinos, emitido casi una semana después de que los anuncios revolvieron los ánimos sociales y las proyecciones económicas, el presidente Enrique Peña Nieto calificó el alza de precios como una “decisión difícil”, pero inevitable.
“No hacerlo así, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor”, expuso el Presidente.
Sin embargo, el escenario económico y social no tenía condiciones para soportar un gasolinazo que transmitiera una mayor presión inflacionaria, “el 24 de enero se dará a conocer la primera inflación del año y la expectativa es que por lo menos aumente a 4.5%”, adelantó Roberto Aguilar, especialista en finanzas públicas.
“Esto sumado a un escenario internacional y un pésimo manejo de las finanzas públicas y de corrupción que tanto lastima (…) No hay forma de evitar una escalada de precios (…) es claro que habrá una espiral inflacionaria que no se podrá evitar”, enfatizó en entrevista Jesús Padilla, presidente de la Coparmex Ciudad de México.
Varios productos de la canasta básica aumentaron de precio entre un 5 y 15%. En mercados y tiendas de autoservicio, los proveedores dieron a mayor costo la carne, en el caso específico de la costilla de res, se disparó de 78 hasta 80 y 90 pesos por kilo; detergentes, frutas, papel higiénico y agua embotellada, también subieron.
En su mensaje, Peña Nieto aseguró que el gobierno no permitirá alzas injustificadas; sin embargo, estas ya comenzaron. La caja con 20 kilos de pera mantequilla pasó de 500 a 700 pesos, la de guayaba de 80 a 100 pesos y los plátanos de 90 a 120 pesos, de acuerdo a lo que se reporta en la Central de Abastos.
Las condiciones que existen en este momento en el país se explican por la pérdida de valor de casi 20% que tuvo el peso frente al dólar a lo largo de 2016, según reportes del Banco de México. A lo que se sumó el desplome de los precios del petróleo y el asenso de la deuda y del gasto público.
En un reporte del 30 de diciembre, la SHCP informó que el gasto neto presupuestario había incrementado 3% en 2016; mientras que la deuda neta del gobierno federal fue de seis billones 923 mil millones de pesos, mientras que en 2005, ese indicador fue de cinco billones 127 mil millones de pesos.
“Hay una probabilidad del 50% de que México pueda caer en estanflación, que es un término económico en el que no se tiene crecimiento y sin embargo hay inflación. Es una combinación muy dañina para la economía”, explicó Aguilar.
“Ya había una disminución en los ingresos del gobierno, hubo una caída de los ingresos petroleros, se tuvo que recortar presupuesto, no se ha querido, por el costo político, aumentar impuestos y esto ha hecho que las finanzas del gobierno sean más estrechas”, agregó.
El origen del huracán económico que amenaza al país está en el desorden y la corrupción que durante décadas impregnaron la operación de Petróleos Mexicanos.
“La crisis no comenzó con el gobierno de Peña, es una crisis de muchos años de manejos indebidos, de pésima gestión, de intervención de Hacienda y de la debilidad notable de la Secretaría de Energía, que no ha dicho nada en las últimas semanas”, señaló Miriam Grunstein, especialista en el sector energético del CIDE.