«La explotación impúdica de la miseria humana,
la utilización de la tragedia para ganar audiencia
y su conversión en espectáculo no han sido
nunca ajenas a la tv mexicana»
E. Ibarra en Milenio
¡Que (NO) pase el desgraciado! Hace poco más de un año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que, por primera vez en la historia de México, se licitarían nuevas concesiones de televisión abierta. El resultado fue la adjudicación de frecuencias a Grupo Radio Centro y a Cadena Tres. Diversas figuras públicas han resaltado los beneficios de este proceso: «mejores servicios, mayor competencia, más pluralidad», dicen satisfechos. Sin embargo, como ciudadano, me pregunto si real y objetivamente gané algo.
No dudo sobre los beneficios del negocio, estimado anualmente en 3,500 millones de dólares para la publicidad en TV abierta y otros 500 millones para la producción y venta de contenidos (The Competitive Intelligence Unit). Además, los empresarios ganadores conocen el mercado mediático y el poder que lo acompaña. La influencia en la opinión pública posee gran valor político. Seguramente calcularon bien el retorno de los más de 4,800 millones que pagarán por la concesión, más otro generoso tanto en echar a andar las empresas. Nuevamente, ¿y a mí qué?
Más allá de la contribución financiera al erario, de conseguir se vea más “bonita” la imagen en la pantalla o del aumento en el número de programas entre los cuales escoger, en mi opinión el esfuerzo central del Estado Mexicano, aquel por el cual vale la pena gastar tiempo y recursos en abrir dos nuevas cadenas de televisión, ha de ser —además de fomentar la competencia que debilite los monopolios— mejorar en los contenidos con los que se “forma” diariamente nuestra sociedad y, principalmente, los más jóvenes. Eso sí será un gran impulso nacional. Lo demás, se le ocurre a cualquier empresario ambicioso.
Supongo innecesario abundar en la influencia educativa de los medios de comunicación. Mucha tinta ha corrido al respecto. Seguramente el mismo IFT así lo advierte pues, en consonancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hace apenas algunas semanas dio a conocer los estudios que analizaron la necesidad de establecer mecanismos que incentiven a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil. Se trata de programas donde se promueva la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Por algo se hizo el estudio. Algo le sabrán. ¿Derecho a la vulgaridad? Los resultados del estudio hecho por el IFT presentan un “espectáculo” triste. Ahí van algunos datos: en 2014, la población infantil en México pasó frente al televisor un promedio de 4 horas con 34 minutos al día: 1,580 horas al año. Si lo comparamos con las horas de clase que anualmente atienden dentro de la escuela, que son aproximadamente 550, el resultado es atroz: ¡Niñas y niños pasaron, en promedio, tres veces más tiempo frente al televisor que en clases!
El escenario no queda ahí. Del análisis sobre consumo de contenidos por parte de los niños de 4 a 12 años, se advirtió que la mayoría de los programas que están viendo no son contenidos diseñados para ellos. La supervisión constante de los padres es utópica, ilusa, pues muchos de ellos se encuentran ocupados en actividades laborales, irrenunciables para sacar adelante a la familia.
De acuerdo al estudio del IFT, los programas que más ven los niños son telenovelas, talk shows, caricaturas y concursos. Duele pensar en un país educado por programas como Laura, Sucede hasta en las mejores familias, Cosas de la vida. Decía Ortega y Gasset: «Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el valor de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone dondequiera». Viendo los programas referidos, don José se levantaría del sepulcro solo para volver a morir.
Hace más de 25 años, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoció la importante función que desempeñan los medios de comunicación. Por ello, los países participantes acordaron velar porque niñas y niños tengan acceso a información y material que promueva su bienestar social, espiritual, moral, su salud física y mental. Los acuerdos contenidos en la Convención fueron adoptados en nuestro país desde 1991. Tanto en este tema, como en otros muchos, con frecuencia tengo la impresión de dar un paso adelante y dos atrás.
Ubicar la atención únicamente en aspectos técnicos y/o económicos de los nuevos paquetes televisivos es un error, una pérdida de tiempo y recursos, avanzar en dirección contraria al espíritu de nuestra Constitución. El arranque de las nuevas cadenas de televisión es la oportunidad para impulsar una barra de contenidos de calidad, adecuados para cada audiencia, en la que se fomenten valores y la formación cívica necesaria para el desarrollo individual y social.
