La agenda de la Cámara de Diputados, concentrada en el tema de contribuir a la transparencia y la seguridad, formaliza dos preocupaciones centrales para la sociedad y su segmento gobernante.
Ambas, sin embargo, son paradójicamente punto de convergencia posible y de profunda divergencia.
Los elementos opuestos a esos valores que es deseable promover, están vigentes en el país: existe considerable evidencia empírica, ciudadana, exhibible en cualquier momento, de que a nivel nacional predominan opacidad y ausencia de rendición de cuentas así como fenómenos de inseguridad entre los que destacan la extorsión, el secuestro y el homicidio doloso, vinculado éste con el crimen organizado o no.
La eventual convergencia de intereses de los diferentes actores políticos es posible únicamente en la condición de que los dirigentes de las principales fuerzas actuaran convencidos de que el interés superior de la nación es fortalecer la capacidad del público de conocer y sancionar lo que ocurre con el uso de los recursos del erario.
La tendencia predominante, en contraste, es la resistencia de muchos gobiernos estatales y un amplio segmento del gobierno federal, a establecer con total claridad la voluntad política que haría verificable el avance de la transparencia a nivel federal y estatal.
La potencial discrepancia en el interés sobre legislar sobre transparencia está asociada a la indisposición de tratar temas pendientes, en las licitaciones y en el imaginario colectivo como lo son la resolución del tema de conflicto de interés, presumido aunque no jurídicamente demostrado, respecto del tema de La Casa Blanca y de las formas de contratación de los servicios y de la obra pública, por ejemplo, en el caso de la empresa OHL.
Numerosos casos específicos y de semejante importancia estatal son conocidos en las plazas de numerosas entidades federativas sin que aun hayan impactado el escenario nacional.
En el caso de la seguridad, la propuesta generada desde el sexenio de Felipe Calderón, respecto del establecimiento de una estrategia de coordinación policial que pudiera ser eficiente por encima de las debilidades institucionales de las policías locales y específicamente municipales, es otro de los puntos de probable convergencia limitada.
Los obstáculos al avance de la propuesta se asocian con las resistencias legítimas e ilegítimas de muchos de los municipios que advierten en la coordinación, controlada por los mandatarios estatales, una pérdida de oportunidad para administrar directamente financiamiento federal en un sistema donde prácticamente todos los estados dependen de presupuesto federal para mantener niveles apenas adecuados de gestión de la seguridad.
El mayor vértice de discrepancia añadido en el caso de la propuesta de un Mando Único nacional es la expectativa de diversos actores políticos de constituirse como oposición de los gobernadores a cuyas fuerzas políticas intentan desplazar en la siguiente elección con diversos argumentos entre los cuales destaca el de la atribución de incapacidad en la operación de los gobiernos: “el mando único no funciona y no funcionará porque de hacerlo fortalecería la opción política del gobernante en turno lo cual es contra mis intereses”, podría parafrasearse.
El 2016, legislativamente, será con ambos temas, un tobogán en que la terrible situación de seguridad que vive el país será enfrentada por una disputa sin cuartel por espacios de poder y de procesos de corrupción indispensables para formas de reproducción de grupos polìticos que afectan esencialmente a la administración pública y a la credibilidad institucional.
