Tres elementos coinciden en las zonas donde la autoridad ha debilitado su control.
Ellos son, desde mi observación:
Se ha destruido la capacidad y el interés ciudadano de respaldar la ley en algunas zonas del país, los intereses de los grupos políticos predominantes por región dejaron de conectarse constructivamente con los intereses de la comunidad y los grupos delictivos -incluidos los segmentos de políticos- se apoyan en la vigencia de la impunidad que les permite desahogar sus tensiones internas y delinquir sin la posibilidad de ser detenidos.
Elija la entidad o la región del país que más simbolice para usted la ausencia de autoridad.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, en mi opinión, por la magnitud de su población y el aletargamiento de las mejoras de sistemas de control, tanto el Estado de México como la Ciudad recientemente renombrada, registran los mayores niveles de incidencia delictiva con 27 mil 743 y 26 mil 982 incidentes reportados, respectivamente, en el primer bimestre de 2016.
Con el 41 por ciento de la cantidad de población de Michoacán, Morelos exhibe 42 por ciento más incidentes delictivos con 7 mil 150 contra 5 mil 27 de la entidad michoacana, esta última sacudida tanto por los conflictos de las comunidades contra los grupos delictivos como por la presencia de operativos federales y detenciones cuya historia, eficacia y legitimidad siguen analizándose. Datos para enero y febrero de este año.
Baja California, con su alta concentración poblacional fronteriza y una presencia de al menos siete décadas de grupos delictivos organizados alrededor del tráfico de drogas muestra una incidencia de 16 mil 123 casos en los primeros 60 días del año.
Por sí sola supera la entidad limítrofe con California registra una incidencia delictiva equivalente a la conjunta de Tamaulipas, con la demostración flagrante de la falta de control de la autoridad exhibida la semana pasada y del estado de Guerrero en dónde en las zonas rurales de la entidad, así como en Acapulco, para infortunio de los que menos pueden protegerse, se han naturalizado los refugios y las migraciones hormiga para huir de la violencia a pesar del operativo Tierra Caliente.
Las diversas ocasiones en las cuales el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong o los gobernadores han insistido en que está garantizada la gobernabilidad, no han disipado la pregunta de la magnitud de la afectación de ese mismo valor en cada ocasión y en cada crisis o, en su defecto, y considerando la agregación de datos y persistencia de tendencias, ¿cuánto esa misma gobernabilidad puede coexistir, con los datos de incidencia delictiva que se dirigen a demostrar los límites de los mecanismos de control y justicia a que está obligada la autoridad?
Por ello de tres preguntas posibles, cuál es la eficiencia contundente de nuestra autoridad, cuál el grado de compromiso ciudadano que ha podido ser convocado por ella y cuál la probabilidad de terminar con la impunidad, las tres, me parece, permanecen incontestadas.
A todos nos debe ocupar lo que los mismos datos oficiales muestran y la realidad percibida nos arroja a la cara.
