Una de cada 10 plazas docentes son ‘fantasma’ y gobierno las paga

GABRIELA RIVERA | @gabs_07

Una de cada 10 plazas del magisterio se pagó con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), aunque las autoridades federales no pudieron verificar si el empleado realmente trabajaba en un centro educativo. Del total, la mayoría están ubicadas en Oaxaca y Michoacán.

De acuerdo con el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay un millones 787 mil plazas del servicio profesional docente que son pagadas con recursos federales provenientes del fondo.

De ese total, 154 mil 650 plazas no pudieron ser identificadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Censo Nacional de Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, ni por las Secretarías de Educación Estatales.

El 88% de esas plazas están ubicadas en Michoacán y Oaxaca, que se han caracterizado por tener un alto nivel de opacidad y falta de trasparencia en el ejercicio de los recursos, indicó el informe. “Se puede establecer que para dichas entidades federativas no se tiene la certeza de que los pagos registrados en sus nóminas correspondan a trabajadores que estén desempeñando sus labores en los centros de trabajo de adscripción”, añade el informe.

AQUI VA LA TABLA

La ASF explicó que todas las plazas fueron revisadas mediante dos procedimientos: el primero a nivel federal con los resultados del censo; de ese procedimiento se comprobó que 1.3 millones de plazas estaban ocupadas por docentes en funciones frente a grupo.

Para corroborar la información de los docentes que no aparecían en el censo, el órgano fiscalizador visitó, en conjunto con las autoridades educativas locales, los centros de trabajo para verificar que el docente estuviera laborando en ese lugar. En otros casos, la Secretaría de Educación de la entidad realizó un pase de lista de los maestros.

Con estos procedimientos se verificó que un millón 633 mil profesores estaban laborando en sus centros de trabajo y recibían el sueldo correspondiente a sus actividades. Esto es, 91% de los docentes cobran por su labor educadora.

El 9% restante recibió un sueldo durante 2013, aunque ninguna autoridad pudo decir el plantel al que estaban adscritos, quiénes eran y si todavía estaban en funciones. Pese a esto, al ASF no especificó el daño al erario por estos pagos.

3 mil mdp para pagos sindicales

Los gobiernos federal y estatales gastaron tres mil 318 millones de pesos del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago de prestaciones y comisiones sindicales.

El informe de fiscalización reportó que 20 entidades destinaron mil 343 millones de pesos para cubrir los gastos de prestaciones, compensaciones, bonos o estímulos estatales locales que son derivados de las negociaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con los gobiernos estatales.

Esto pese a que estas negociaciones y lo que derivó de ellas debía pagarse con recursos que generará la administración local, ya que la Secretaría de Educación Pública únicamente negociaba un pliego petitorio con las demandas del magisterio a nivel nacional.

Los gobiernos también pagaron el sueldo de los comisionados sindicales en 26 entidades, lo que significó un gasto de mil 273 millones de pesos, aun cuando esto está prohibido por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la SEP y el Acuerdo 482, que prohíben el pago de este personal con recursos federales desde 1946.

Además, se realizaron pagos de compensaciones discrecionales a empleado, sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justifique su entrega en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala por un total de 702 millones de pesos.

El total de los recursos que destinaron los gobiernos estatales a pagos del SNTE son equivalentes al presupuesto conjunto de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional.

Sin embargo, la ASF detectó seis mil millones de pesos cuyo destino no se pudo comprobar y que quedaron como probables recuperaciones. Las mayores proporciones respecto del total de recursos asignados se identificaron en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo,