Oscar Moha

Se cumple en este mes el aniversario número 162 de la expedición de las Leyes de Reforma promulgadas por el Presidente Benito Pablo Juárez García que implicaron la definitiva separación entre el gobierno y la Iglesia, dando paso al estado laico, despojando al clero de los privilegios que se había auto dispensado en detrimento de una gran parte de mexicanos de todos los niveles. 

Con toda proporción guardada, la Iglesia Católica llegó a tener en nuestro país -y hasta hace un par de décadas- el mismo poder de penetración con el que hoy cuenta el narcotráfico en la política, la economía, en el ámbito social y hasta en la cultural. Sus representantes corrompieron a la autoridad, sin importar su rango, dictándoles pautas de comportamiento para fortalecer intereses terrenales. Las Leyes de Reforma eliminaron el “derecho de piso” que cobraban (en efectivo y en bienes raíces) los clérigos a sus fieles, lo que no toleró el Benemérito de las Américas, a pesar de su declarada fe católica.  

Los ordenamientos jurídicos incluyeron la nacionalización de los bienes del clero, prohibición para construir nuevos conventos, secularización del registro civil, cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia. Fue hasta diciembre de 1860 cuando se plasmó en la ley el concepto de “tolerancia religiosa”, contrario a lo que indicaba la encíclica del Papa Pío IX que etiquetó como “errores contrarios a la doctrina católica los principios liberales de soberanía, libertad de culto, separación de Iglesia y Estado, educación laica y matrimonio civil”. 

Según el historiador francés Paul Viollet, en el Siglo XIV los clérigos idearon un libro con los nombres de los ciudadanos en donde apuntaban diezmos y adeudos con la Iglesia Católica que debían pagar religiosamente los adeptos, es decir un libro de contabilidad donde se detallaban los pecados económicos. Un siglo después, los obispos obligaron a los párrocos a elaborar un registro de bautismos que tenía como propósito principal evitar el casamiento entre parientes cercanos.  

Los protestantes llevaron a cabo su propio censo y registro, pero en 1685 se dictaminó que sólo sería válido el de la Iglesia Romana. En noviembre de 1787 Luis XVI promulgó el edicto que daba derechos a los no católicos para ejercer su libertad de culto y concedió autenticidad oficial a sus certificados de nacimiento, comenzando desde aquél entonces una “secularización del Estado”. 

En los primeros años del México independiente se estableció el sistema de “registros parroquiales”, tal y como operaban en España. José María Valentín Gómez Farías (único personaje mexicano que participó en la elaboración de dos Constituciones Federales) suspendió en 1833 las leyes que otorgaban al clero su intromisión en asuntos civiles. El llamado “Patriarca de la Reforma” fue un liberal convencido de que “el progreso de México estaba obstaculizado por el clero y el ejército”, según indican sus biógrafos. 

En 1859, Melchor Ocampo redacta la Ley Orgánica del Registro Civil y da personalidad jurídica a jueces que hacen constar el estatus de todos los mexicanos en cuanto a nacimiento, adopción, matrimonio y fallecimiento se refería. Desde ese entonces se previeron situaciones como el abandono de niño en la vía pública; el que una madre no quisiera dar su nombre al momento de registrar a un recién nacido por motivos personales; en cuanto a los matrimonios: el consentimiento de los padres en caso de que alguno de los contrayentes fuera menor de edad y la exhibición del acta correspondiente en un lugar público para que fuera del conocimiento de la sociedad esa unión civil. 

No existían las tarjetas plásticas donde se les depositaran 500 pesos a todos los sacerdotes, como lo marcaba el Artículo 8° de la Ley de Naturalización de Bienes Eclesiásticos, o 3 mil pesos si eran personas de la tercera edad, pero este decreto fue contemplado como una compensación para los Ministros de Culto. 

“Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios; estos necesitan una religión que los obligue a leer y no a gastar sus ahorros en cirios para los santos”, decía Benito Juárez, según relata el historiador Jean Pierre Bastián. Su colega, el jesuita Mariano Cuevas, señala que el Presidente Juárez “le regaló a los protestantes (de la Iglesia Metodista) el templo de San Francisco (un anexo del recinto católico que ocupaba toda la manzana ubicado en la calle de Gante # 5, en el Centro Histórico de la CDMX). 

Hoy, los grupos Provida procuran regresar poder a las Iglesias y a actores religiosos y que sean nuevamente los conservadores quienes aprueben el derecho a contraer matrimonio, invalidando lo que Juárez -y un grupo de liberales- logró para evitar que se impusieran dogmas de fe a una sociedad que disfrutó algunas libertades luego de la expedición de esas benditas leyes.   

PALABRA DE HONOR: Siguen al alza los casos de contagio de COVID en la CDMX. Una de las causas es que jóvenes festejan en manada el final de sus cursos escolares: llegan al convivio masivo, regresan a casa infectados y asintomáticos, contagian a sus padres y a otros familiares y hasta fotos suben a sus redes donde se les ve en pleno baile con el cubrebocas tirado en el piso. Esta tercera ola no debería existir en un país donde faltan vacunas y sobra inconciencia.  

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