Un total de 92 senadores, sin votos en contra ni abstenciones, aprobaron esta semana prohibir castigos corporales en contra de niños y adolescentes con el fin de erradicar la violencia infantil. Y es que investigadores mexicanos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyeron que en México la violencia contra menores de edad “se considera normal y es ampliamente aceptada como método de disciplina en el núcleo familiar y en otros espacios de convivencia”, sin excluir el ámbito religioso.
Hace un par de décadas los mismos padres de familia daban su consentimiento a profesores de primarias y secundarias para que “castigaran o disciplinaran” a sus alumnos con el fin de mejorar su rendimiento, mientras que en zonas indígenas los golpes y las humillaciones frente a un grupo eran una obligación escolar. Lo mismo en el hogar que en las aulas y hasta en los templos de casi todas las denominaciones.
Datos aportados por senadores indican que durante la pandemia al menos 4 de cada 10 infantes sufrieron agresiones físicas y psicológicas, lo que constituye una cadena de violencia que se extiende por varias generaciones. Es decir, padres violentos que agreden a sus hijos -porque así fueron criados los progenitores- e hijos que violentarán a su vez a los suyos. Un círculo donde el diálogo no tiene cabida y tratándose de imposiciones de índole religioso el asunto se torna más negativo.
Patrones de la crianza patriarcal, aunado a la aplicación de un “cristianismo machista” que pretendía con golpes corregir las malas acciones y establecer una obediencia incondicional para con el padre de familia, o al Ministro de Culto, dieron pauta a la utilización de una vara para corregir actitudes y personalidades, según indica Rossana Rufini, terapeuta experta en violencia infantil. Añade que los legisladores no pretenden criminalizar a padres o tutores con sanciones penales, sino que las familias establezcan una convivencia “libre de golpes y hacer del hogar, de los templos, de las escuelas espacios de paz, donde todos puedan ejercer sus libertades sin reproches, dictaduras ni agresiones.
Organismos como Compassion, Save de Children, World Vision y el Ejército de Salvación -cuyas sedes en México tienen lazos fraternos con Asociaciones Religiosas- no comparten aquellos testimonios del maltrato que vivieron y viven niños a manos tanto de sus propios padres, como de otras figuras de autoridad, quienes han abusado de su jerarquía (incluyendo a Ministros de Culto) porque no hay una cultura de la denuncia y principalmente por la impunidad que encontraron en los impartidores de justicia.
Corresponderá a pastores, sacerdotes y otros dirigentes espirituales avisar a los padres de familia que el castigo a los niños estará prohibido, a pesar de las creencias que profesen. Dentro de las Iglesias Evangélicas está muy enraizada la creencia de que los golpes con una vara son el mejor método divino “para corregir, fomentar la sabiduría y evitar la necedad”, según la práxis de pastores que unifican este criterio violento antes que ponderar el diálogo y la entre sus hijos y las familias que asisten a sus cultos.
Si bien el Estado no debe intervenir en la vida interna de las Iglesias, como lo marca el Artículo 130 Constitucional, tampoco sería motivo de queja eclesial que la Secretaría de Gobernación repartiera este criterio senatorial a los líderes de las Asociaciones Religiosas, con el ánimo de reducir en sus nichos los golpes que sufren niños y adolescentes.
Sería bienvenida la participación de padres de familia, pastores y sacerdotes en los conversatorios que lleva a cabo el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), con el único fin de dar énfasis a la salud mental, física, espiritual y psicológica de los menores, utilizando herramientas más efectivas que un cinturón… o una vara.
PALABRA DE HONOR: Haciendo uso de la “arrogancia de sentirse libre” que le confirió a la Suprema Corte de Justicia el Presidente de la República, el Ministro Luis María Aguilar Morales opinó que la propuesta de AMLO para “juzgar o perdonar” a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas es “un concierto de inconstitucionalidades y violatoria de los derechos humanos”. Punto.