Oscar Moha

La pandemia frenó la agenda común entre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las Asociaciones Religiosas que tienen intereses comunes. Aunque todavía estamos en semáforo epidemiológico en rojo, ya que las autoridades no se atrevieron a poner color negro a una etapa de la cual no hemos salido y algunos creen que apenas estamos entrando, quedaron inconclusas algunas tareas político-religiosas que interesan a la 4T.

Está en el tintero el lanzamiento de la famosa Cartilla y de la Constitución Moral. Algunas Iglesias iniciarán el reparto masivo como el que se prometió hace más de un año. El cuadernillo ya fue distribuido por la Confraternidad Nacional de Iglesias (100) Evangélicas. Al menos de manera digital. Se espera que otras denominaciones hagan lo propio, aunque no muchas han levantado la mano para hacerlo.

También está pendiente el conteo final del número de personas que practican o son simpatizantes de alguna religión en México que se conocerán por el Censo de Población y Vivienda que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que seguramente arrojará un número cada vez más creciente de grupos protestantes, así como de los no practicantes y una quizá no muy palpable deserción de católicos.

No fueron del agrado de analistas y estudiosos de la religión las preguntas que los encuestadores plantearon a la población respecto al rubro de las prácticas espirituales. La falta de capacitación adecuada para recabar los datos de las personas a quienes se entrevistó casa por casa no arrojan un resultado confiable, toda vez que no había opciones donde grupos importantes de cristianos evangélicos (o bíblicos, como los catalogan en la oficina de Asuntos Religiosos de Gobernación) fueron instruidos por sus líderes para responder sólo “cristiano” en esa casilla. La confusión y falta de preparación del personal del INEGI llevaría a esos “cristianos” a las filas de los “católicos” en automático, ya que son mayoría en el país.

Está pendiente en la agenda una reunión entre un grupo de senadores, encabezados por Ricardo Monreal Avila, y Ministros de Culto de varias denominaciones, quienes llevan en su libreta de pedidos la apertura legal para que las Iglesias puedan operar, bajo el amparo de alguna figura jurídica, estaciones de radio y televisión, así como “legalizar” las que ya lo hacen en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México, Tabasco, Campeche y Puebla, llamadas “piratas”. La junta estaba programada para mayo de este año, pero el COVID lo impidió. Ya se tenía la logística en donde pastores evangélicos pedirían también al senador (qué senador??) la posibilidad de que en las elecciones del próximo año se pudiera tomar en cuenta la participación de líderes (en qué ámbito??), que en realidad son pastores pero que formalmente no están registrados como tales ante la Secretaría de Gobernación, entre otros temas. El encuentro sigue en pie, aunque no hay fecha formal.

También se retomaría el diálogo interreligioso que habían comenzado la Subsecretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). En este nuevo Gobierno se dieron cuenta de que las más de 9 mil 500 Asociaciones Religiosas que cuentan con registro practican una “sana distancia” desde hace décadas. Así que se tiene un plan para poder trabajar de la mano con ellas y que a su vez comience este diálogo entre Iglesias parta bien de los mexicanos y que abonen a lo que sería una Agenda Moral para el fomento de “besos y abrazos, no balazos”.

Finalmente, está en preparación una junta entre Ministros de Culto y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde se dará un intercambio de preguntas y respuestas para que las Iglesias puedan presentar en tiempo y forma sus declaraciones mensuales y anuales sin necesidad de ser multadas por el fisco. Ya se entendió que uno de los asuntos prioritarios es el dinero, no sólo para el Gobierno, también para los Ministros de Culto.

PALABRA DE HONOR: Con avance lento, pero sostenido continúan las labores del Tren Interurbano México-Toluca que unirá a la Ciudad de México con la capital mexiquense. Se estima que en dos años quedará terminado, aunque a finales o principios del 2021 se podrían hacer pruebas piloto para abrir algunas estaciones.

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