Oscar Moha

Los grupos o personas cristianas que son propietarios y operadores de las estaciones de radio “no permisionadas”, o “piratas” están a punto de perder una de las oportunidades más coyunturales que la pandemia ha traído a México para conseguir que el Gobierno Federal les otorgue de manera “legal” un permiso para utilizar frecuencias.

En el país operan de manera ilegal más de 200 estaciones de radio que son usadas por sus “propietarios” para difundir programación en un 98% religiosa. Principalmente en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Morelos, Michoacán, Campeche, Quintara Roo, Estado de México, Sonora, Coahuila, Durango y Puebla se pueden escuchar barras completas de 24 horas de sermones, música y charlas espirituales, que se difunden en la frecuencia modulada, pero que no cuentan con un permiso otorgado por la autoridad competente.

Consecuencia de la emergencia sanitaria, la Secretarían de Educación Pública (SEP) y el Sistema Público de Radio y Televisión (SPR) deberán llevar a cabo una producción de miles de horas para educar a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, ya que no podrán regresar a clases presenciales en los próximos meses. En convenio con las principales televisoras del país, deberán llegar hasta los rincones más apartados la capacitación para que niños y adolescentes puedan continuar con sus estudios sin infectarse ni infectar a otros.

Estas clases se deberán también transmitir por las ondas hertzianas y es ahí donde las estaciones religiosas tienen la posibilidad para demostrar que no sólo su influencia está en el terreno espiritual, sino que además cumplen -pueden cumplir- una función social, cultural, educativa y formativa. Su alcance está principalmente en zonas indígenas, aunque aproximadamente un 35% en áreas metropolitanas. Este sería el momento de poner a disposición de la SEP y del SPR ese auditorio ya cautivo que tiene cada una de estas 200 estaciones. Sin que hasta el momento se tenga un estimado fehaciente, se calcula que en total abarcarían a más de medio millón de hogares, donde hay en promedio 2 estudiantes de diversos niveles.

No existen instancias que aglutinen a la mayoría de estas difusoras, ni grupos conformados que representen a los propietarios, que en su mayoría son Ministros de Culto y líderes religiosos que a título personal podrían ofrecer sus espacios sin costo para que los Gobiernos Federal y Estatal pudieran establecer un convenio, una alianza, un acuerdo aunque sea verbal para que el año escolar no se viera interrumpido por la falta de acceso tecnológico para la educación.

Tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Gobernación, el SRP, los Gobiernos Municipales y antes el CISEN, conocían –y conocen- a detalle las frecuencias y su ubicación. Es decir, el Estado no desconoce el alcance de estas frecuencias. El mismo Esteban Moctezuma Barragán, hoy Secretario de Educación, cuando fue titular de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, conoció de primera mano el fenómeno de las estaciones de radio manejadas por Asociaciones Religiosas. Hoy, años después, ese número de frecuencias se ha triplicado, sobre todo en Estados fronterizos, desde donde se les da soporte financiero y técnico a algunas de ellas por parte de Iglesias asentadas en Guatemala y Estados Unidos.

A convocatoria de la oficina de Asuntos Religiosos, o de la SEP, los propietarios evangélicos, y de otras religiones que son poseedores de las radios, pueden llegar a un acuerdo que beneficiará de por vida a la población. Sólo la soberbia o la incapacidad –o ambas- podrían evitar que la educación se pudiera difundir a través de estos medios.

PALABRA DE HONOR: ¿De verdad el Gobierno apoyará a las escuelas privadas, luego de que están cerrando por la pandemia económica que ya están viviendo? La Salle, la Anáhuac, la Ibero, el TEC, el ITAM, también son privadas. ¿O sólo las que no sean fifís?

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