Cuando se encontraba en lo álgido la burbuja mediática de condena generalizada al tipo de investigaciones del gobierno mexicano por la desaparición de 42 normalistas de Ayotzinapa, algunos nos enteramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos preparaba otra misión de expertos para que realicen otra “visita in loco”, del 28 de septiembre al 3 de octubre, para examinar la situación de la libertad de expresión en México y la violencia contra periodistas. Este es otro de los problemas nacionales que el gobierno de Enrique Peña Nieto atiende insuficientemente.
A las y los colegas periodistas interesados en la defensa de su profesión les reporto los datos duros más recientes y los de contexto de esta otra inspección de las instancias especializadas de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Quizá, esta visita sirvan para sensibilizar más este fenómeno y se atienda al nivel de importancia que tiene.
LA REUNIÓN PREVIA
Desde los primeros días de septiembre, Iván Báez, Ejecutivo jurídico de la oficina en México y centroamérica de Article 19, invitó a una reunión de organizaciones civiles mexicanas dedicadas a la defensa de la libertad de expresión con el nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el uruguayo Édison Lanza. Tal encuentro se realizaría el miércoles 9 de septiembre a las 4 de la tarde, en preparación de la visita oficial que se realizará entre el 28 de septiembre y 3 de octubre de este año.
Tal reunión preparatoria se realizó como estaba programada. Allí, Edison Lanza, quien sustituyó en la responsabilidad a Catalina Botero en la Relatoría, explicó que había llegado a México a una reunión de corte académico, invitado por el Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM, pero que aprovechaba para preparar algunos contactos y reflexiones para la “visita in loco” que haría en unas semanas más.
Les explicó que según Bertha Santoscoy (especialista en derechos humanos de la CIDH) las visitas “in loco constituyen el método más utilizado por organismos internacionales como la OEA, la ONU y la OIT, entre otros, para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos” en los países miembros… pero que “estas visitas generan ciertas dificultades porque los Estados no siempre están dispuestos a aceptar la intervención de estos organismos internacionales”.
En la reunión preparatoria del 9 de septiembre expusimos nuestra visión del tema las y los representantes de las organizaciones siguientes: Irina Vázquez e Gisela y Gisela Martínez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México(AMARC-MX); Omar Rabago, director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Mariclaire Acosta, directora para México de la organización internacional Freedom House; Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras de Francia (RsF); Rogelio Hernández López, todavía coordinador de protección de la Casa de los Derechos de los Periodistas AC (CDP), Daniela Pastrana, directora ejecutiva de la Red de Periodistas de a Pie; Armando Rodríguez, ejecutivo del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE); Rosa María Espnisa de Pen-México, filial de Pen Club Internacional (organismo civil de escritores y periodistas); Alán Mayo de la asociación Propuesta Cívica (defensora de los derechos humanos); Fabiola González del Centro de Información de la Mujer CIMAC,(agencia mexicana fundada por la periodista Sara Lovera); Felipe Romero de la Comisión Mexicana de Derecho Ambiental y el propio convocante, Iván Báez de Artículo 19.
Tras casi tres horas de reunión un resumen posible fue que poco ha cambiado en México en relación con el tema de la libertad de expresión y la violencia contra periodistas desde 2012, cuando ocurrió la anterior “visita in loco” de esta relatoría de la OEA y, que acaso, habría que estar prevenidos de que la versión oficial sería que se atendieron sus recomendaciones. Ellos, los del gobierno federal no reconocerán –se dijo—que a pesar de que sí han tomado medidas, su ineficacia refleja, en “los hechos, un estado “blandengue” que no puede hacer valer la ley ni cumplir con sus programas.
LOS DIAGNÓSTICOS A REVISIÓN
El punto de partida de esta otra “visita in loco” de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA serán –y así se anotó—dos diagnósticos y sus recomendaciones: la declaración conjunta del 2012 de las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA, más el Informe Sobre la libertad de expresión y prensa en México que presentaron en 2013 el Centro Jurídico por los Derechos Humanos y la oficina en México de Freedom House, en camino a la sesión 17 del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas.
Aparte de que estos informes reflejan los problemas estructurales, se tendrá que denunciar los datos duros más recientes de agresiones a defensores y periodistas y las deficiencias operativas de las instancias del Estado mexicano tanto federales como en cada una de las 32 entidades, que en lo general han hecho poco que resulte para frenar la violencia.
Y junto con esto, que es la expresión coyuntural, la misión de expertos de la CIDH de la OEA tendrá que evaluar si han ocurrido cambios, comparando los dos documentos de diagnóstico referidos. En ellos se muestra, que por lo menos en estos tres años recientes siguen predominando la mayoría de factores estructurales negativos para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Algunos de estos factores son:
• Fortaleza del modelo que propicia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva, y con ello del gasto publicitario y de la información; • Gasto publicitario del sector público arbitrario y sin transparencia; • Inhibición de fuentes informativas alternas; • Deficiente acceso a la información de prensa de amplios sectores sociales; • Los medios y periodistas en los estados están en zozobra constante por la presión política sin control y por el arbitrario manejo del gasto en publicidad, que crónicamente los ubica en los niveles más bajos de las listas de anunciantes. • Las y los periodistas de localidades pequeñas y medianas laboran como corresponsales o FreeLancer, en su gran mayoría sin contratos de trabajo, ni prestaciones, ni seguros de vida y con pagos, que van desde 150 a 400 pesos por trabajo, condicionados a que sus obras sean divulgadas.
En el ciclo de agresiones que se facilitan por estas y otras causas estructurales, afloran otras debilidades de personas dedicadas al periodismo.
Y lo más nuevo, según estudios de la CDP, es que hay nuevas restricciones legales a la libertad de prensa en cuatro artículos de la Constitución y en al menos 16 leyes secundarias de carácter federal y que en las entidades de la república se han legislado 20 leyes de protección a periodistas pero que en los hechos no se están aplicando. Veremos qué analiza y concluye esta otra visita de expertos de la OEA. Estemos pendientes.