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Juan Carlos Rodríguez

Para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y solventar el déficit de personal que agobia al sistema de salud, el gobierno contrató de emergencia a alrededor de 77 mil trabajadores sanitarios temporales, quienes nunca sospecharon que caerían en un mundo de precariedad e improvisación.

Una investigación realizada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM revela que la contratación de miles de anestesiólogos, infectólogos, inhaloterapistas, neumólogos, fisioterapeutas intensivistas y pulmonares, especialistas en urgencias y enfermeras especialistas “se realizó en la completa irregularidad y precariedad laboral, pues en el mejor de los casos, sólo tenían seguridad social, algunas prestaciones y derechos laborales mientras estuvieran vigentes sus contratos, los cuales deben renovar cada tres meses o incluso cada quince días”.

La investigación advierte que muchos de estos trabajadores que aceptaron trabajar en estas condiciones, se encontraban desempleados o en la informalidad laboral antes de la emergencia sanitaria, por lo que tener al menos un salario asegurado durante la pandemia, era un beneficio para ellos.

No obstante, “ante la aceleración exponencial de contagios, el panorama complicó más esta situación que en sí misma ya era adversa, en tanto que las condiciones laborales de los trabajadores de la salud sólo se deterioraron aún más e hicieron evidente que el Sistema Nacional de Salud mexicano, prácticamente, era y es incapaz de sortear la emergencia sanitaria”.

Además de la falta de prestaciones, los trabajadores contratados de emergencia se enfrentaron a la situación de que el equipo de protección que ofrecía el gobierno federal era escaso o de mala calidad, por lo que la mayoría debió invertir de su bolsa para comprar cubrebocas, goggles, gel o caretas.

El reporte de la UNAM señala que muy pocos de los médicos que han muerto en el contexto de la pandemia han recibido indemnización.

“En el caso de los decesos de trabajadores por el coronavirus, en siete de cada diez lugares de trabajo del sector público al menos un trabajador ha fallecido por coronavirus (en 588 lugares se habla de un fallecimiento, en 423 lugares de tres fallecimientos y 173 de 10); en el sector privado en tres de cada diez lugares de trabajo ha fallecido una persona por contagio de Covid-19. No obstante, menos de la décima parte de los trabajadores de la salud gozaba de indemnización y la mayor parte de los trabajadores no sabía si la indemnización otorgada a la familia del trabajador de la salud fallecido era suficiente”, agrega el documento.

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