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Juan Carlos Rodríguez

jcrodriguez@ejecentral.com.mx

Si los criterios legales que se aplicaron para llevar a Rosario Robles Berlanga a prisión preventiva se traspolaran al resto de los integrantes del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, al menos cuatro exsecretarios de Estado y dos exdirectores generales deberían estar preocupados.

Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura entre 2013 y 2015; José Calzada Rovirosa, sucesor del primero para el periodo 2015-2018; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante todo el sexenio, y Emilio Chuayffet Chemor, titular de Educación Pública entre 2013 y 2015, reunirían los elementos para ser acusados de “ejercicio indebido del servicio público”.

Al igual que ocurrió en el caso de Robles Berlanga, durante las gestiones de los cuatro exfuncionarios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó investigaciones forenses que detectaron operaciones concertadas para desviar recursos públicos sin que hasta la fecha haya aclarado el destino de esos fondos, además de que fueron casos por los que se presentaron denuncias penales ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En la misma situación están José Reyes Baeza, director del Fondo de Vivienda del ISSSTE entre 2013 y 2015, y Héctor Velasco Monroy, director de Diconsa entre 2013 y 2017, cuyas gestiones también fueron sometidas a auditorías en las que la ASF obtuvo indicios de fraude o de desvío de recursos que pueden dar lugar a procesos penales.

La herencia de Peña Nieto

Entre 2013 y 2017, las Auditoría Superior de la Federación realizó 71 auditorías forenses (2018 no se contabiliza porque aún no se publican), lo que llevó descubrir desvíos que, en conjunto, ascienden a 21 mil 138.1 millones de pesos.

Esa cantidad de dinero es equivalente al presupuesto que este año ejercerán juntos el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que suma 20 mil 851 millones de pesos.

Las anomalías detectadas por la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) —que hasta junio del año pasado dirigía Muna Dora Buchahin, el cerebro detrás de las pesquisas sobre corrupción del sexenio pasado y que fue destituida por el actual auditor, David Colmenares— involucran a 39 instituciones, entre ellas cinco secretarías de Estado, y sólo se han podido recuperar 973 millones, lo que equivale a 4.6% de los recursos. Es decir, 20 mil 165 millones siguen “perdidos”.

Después de Rosario Robles, el exintegrante del gabinete de Peña Nieto que tiene más cuentas pendientes con la ASF es José Calzada, quien hoy se desempeña como líder del Movimiento Territorial, uno de los brazos operativos del PRI. Le sigue el ahora senador Osorio Chong y Chuayffet, quien es consultor y se dedica a la academia.

Las omisiones de Calzada

En 2016 y 2017, años en que Calzada estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación (Sagarpa), el órgano fiscalizador realizó ocho auditorías forenses, lo que llevó a descubrir desvíos por dos mil 982.5 millones de pesos, de los cuales dos mil 913.3 millones siguen pendientes de solventar.

Una de las investigaciones a la gestión José Calzada —que es muy similar a las operaciones que se hicieron en Sedesol desde el gobierno de Felipe Calderón, siendo titular Heriberto Félix Guerra y que continuaron con Rosario Robles—, está consignado en la auditoría 1593 de la Cuenta Pública de 2017, en la que se detallan anomalías en la aplicación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores-Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, que causaron un daño patrimonial por 774.4 millones de pesos.

“Durante dos años consecutivos y como resultado de las auditorías practicadas a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016 al Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, la ASF ha observado reiteradamente irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales autorizados al componente en referencia, propiciado por actos u omisiones que implican observaciones por parte de este Órgano Fiscalizador”, refiere la ASF.

Entre los hallazgos de la Auditoría destacan la falta de verificación de los apoyos otorgados a organizaciones y grupos de trabajo, así como por los proveedores contratados, quienes “recibieron en forma directa los recursos del subsidio y respecto de los cuales, no presentaron la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria que acredite cada uno de los conceptos por los que recibieron el apoyo; o bien, porque para comprobar la aplicación de dichos recursos, presentaron comprobantes los cuales fueron cancelados con posterioridad al pago; así como por la adquisición de insumos con empresas que no están en el portafolio de proveedores autorizados por la Sagarpa”.

›En el caso de la llamada “estafa maestra” que hoy tiene a Rosario Robles en prisión preventiva, la ASF alertó sobre la reincidencia de Sedesol y Sedatu en las irregularidades detectadas. Una situación similar ocurrió en el caso de Sagarpa cuando era dirigida por José Calzada.

Proceso. Robles enfrenta un juicio por ejercicio indebido del servicio público y está detenida en Santa Martha. Foto: Cuartoscuro

Pese a las diversas observaciones emitidas por la ASF, “las áreas a cargo de coordinar la elaboración y actualización de las Reglas de Operación del componente en referencia, así como la unidad responsable y las instancias ejecutoras y auxiliares en la operación, ejecución, supervisión y seguimiento de los incentivos autorizados, no han implementado, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, los mecanismos de control que garanticen que los recursos públicos federales asignados se ejerzan de forma oportuna con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, alerta el órgano fiscalizador.

Triangulaciones en Sagarpa

Otra alerta que lanzó la ASF sobre las malas prácticas de la Sagarpa se consignó en la auditoría 1594 de la Cuenta Pública 2017, en la que identificó desvíos por 574.6 millones de pesos en perjuicio del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.

“Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos por los beneficiarios”, advirtió la ASF.

›La principal responsable de ese desfalco fue laDirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), que “no comprobó ni justificó la correcta aplicación de los recursos federales por 212.5 millones de pesos del incentivo que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados a los beneficiaros del incentivo, ni de los productos financieros que se generaron, ni los apoyos no comprobados.

La Auditoría señaló a las empresas Chiapas Siempre Unido, A.C, Biólogos Asociados Consultoría, Asesoría Agrícola y Pecuaria Bioasecan, S.C. y el Centro de Calidad para el Desarrollo, A.C., como instancias que se encargarían de apoyar a Sagarpa en el censo de beneficiarios y reparto de los apoyos, pero no pudieron justificar buena parte de los recursos.

Las otras auditorías en las que Sagarpa queda mal parada son el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que en 2017 tuvieron 288.4 millones de pesos sin solventar y que presenta fallas recurrentes desde hace ocho años, según la ASF, quien ha documentado millonarios apoyos a empresas que presentan documentación alterada o son “fantasmas”. 

Muchos de los vicios identificados por la Auditoría en Sagarpa se venían arrastrando desde inicios del sexenio y comenzaron con Enrique Martínez y Martínez, primer secretario de Agricultura de Peña Nieto y cuya gestión dejó un monto sin comprobar por dos mil 35 millones de pesos.

La mayoría de los desvíos, según la ASF, se hicieron en perjuicio de programas como Productividad y Competitividad Agroalimentaria (949.8 millones sin solventar), Fomento a la Agricultura en sus diversas modalidades (861.3 millones sin justificar) y Programa, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (224.7 millones extraviados).

Las fallas de Osorio y Chuayffet

Las auditorías de tipo forense iniciaron en 2009, durante la gestión de Juan Manuel Portal al frente de la ASF. El motivo de su instauración fue dar al Estado mexicano una herramienta para la detección de acciones concertadas entre funcionarios públicos para el mal uso del erario.

Desde entonces a la fecha, el órgano fiscalizador a realizado 117 investigaciones forenses, de las cuales 46 (39%) corresponden a los últimos cuatro años del gobierno de Felipe Calderón y 71 (61%) a la administración de Peña Nieto. 

Respecto a los recursos mal utilizados identificados por las auditorías forenses, la ASF ha detectado en una década 22 mil 954.9 millones de pesos, de los cuales 21 mil 616.5 están pendientes de solventar.

De ese total que permanece “perdido”, mil 450 millones de pesos corresponden al sexenio de Calderón (6.7%), mientras que 20 mil 166.5 (93.3%) le atañen al gobierno de Peña Nieto.

De todo el sexenio peñista, los años con mayores hallazgos por parte de las auditorías forenses fueron 2017 (siete mil 612.4 millones) y 2016 (cuatro mil 638.3 millones).

Después de Rosario Robles, José Calzada y Enrique Martínez y Martínez, el secretario con peores resultados en las pesquisas forenses de la ASF es Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue titular de Gobernación con Peña Nieto y que hoy es el coordinador de los senadores del PRI. 

En la auditoría 1697, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF documentó un daño patrimonial por dos mil 826 millones de pesos por parte de la Secretaría de Gobernación en el rubro “Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de dos mil 764 millones 83 mil 717 por autorizar a nueve dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad, sin que éstos entes públicos contaran con recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados”, refirió el órgano.

Finalmente, el cuarto secretario de Peña Nieto con un expediente negativo en el historial de investigaciones forenses de la ASF es Emilio Chuayffet, quien estuvo al frente de la SEP en la primera mitad del sexenio pasado y cuya gestión no pudo justificar el uso de 192.9 millones de pesos en contratos.

En la auditoría 244 de la Cuenta Pública de 2013, la ASF documentó un daño patrimonial por 192.9 millones de pesos la SEP pagó al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, por los servicios pactados en el contrato 55.DIG.2013 “sin haber contado con la carta de aprobación de los entregables que para tal efecto debió expedir la Dirección de Servicios de la Secretaría de Educación Pública”.

Asimismo, la ASF responsabiliza a la SEP de “haber recibido los entregables sin verificar que toda la documentación digitalizada, clasificada e indexada cumpliera con las características técnicas requeridas, además de que se erogaron esos recursos por la implementación de un sistema de gestión documental, el cual se encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria”.

Al igual que ocurrió en el caso de Rosario Robles, la Auditoría advirtió “ha observado irregularidades durante tres años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizan adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos se educación y entre dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, ordenamiento legal que sirvió de coartada para realizar los desvíos que se le imputan a la exsecretaria ahora sometida a proceso penal. Llama la atención que desde entonces la Universidad Autónoma del Estado de México ya figuraba en esquemas fraudulentos.

Fovissste y Diconsa

En los convenios suscritos por Sedesol y Sedatu, cuando Rosario Robles fue titular de ambas dependencias en distintos momentos, era recurrente la contratación de universidades públicas para la prestación de servicios, mismos que, a su vez, eran transferidos a otros entes, ante la incapacidad técnica o humana de los centros educativos para llevarlos a cabo. Ese mismo esquema fue utilizado por el Fondo de Vivienda del ISSSTE en 2014, cuando su director general era José Reyes Baeza, actual secretario de Acción Electoral del PRI.

En la auditoría forense 1667, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, la ASF planteó el siguiente hallazgo: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 129 millones 246 mil 398 pesos por pagos efectuados a la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual por carecer de la capacidad técnica, material y humana, contrató con un tercero los servicios”.

El órgano fiscalizador agrega que la universidad “pagó a 27 prestadores de servicios para que realizaran el mismo servicio, los cuales, como producto, entregaron el mismo trabajo que la empresa; además, no se presentó evidencia que acreditara que el personal que ejecutó el servicio de cada uno de los contratos descritos, tenga una dependencia directa de la Universidad Autónoma del Estado de México ni del tercero contratado por ésta, por lo que utilizaron un presunto esquema de simulación de operaciones”.

De esta forma, los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, sostiene la Auditoría, propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. Hasta la fecha, los 129.2 millones de pesos no han sido recuperados ni devueltos a las arcas de la Federación.

›El sexto funcionario del sexenio pasado que estaría involucrado en desvío de recursos públicos es Héctor Velasco Monroy, quien se desempeñó como director de Diconsa entre 2013 y 2017. Velasco Monroy fue coordinador de Giras en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto y, en 2017, al dejar el cargo, asumió como subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, donde estuvo a las órdenes de José Calzada. En 2014 y 2017, dos auditorías forenses detectaron en Diconsa desvíos por 513.4 millones de pesos.

“Durante seis años consecutivos, la ASF ha denunciado el desvío de recursos públicos mediante el esquema de adjudicaciones directas, consistente en la asignación y celebración recurrente de contratos y convenios entre entidades y dependencias de la Administración Pública para la prestación de diversos servicios y adquisiciones, al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)”, detalla la ASF en el expediente 275 de la Cuenta Pública de 2017.

Según las pesquisas, en Diconsa se identificaron reiteradamente irregularidades, tales como: presunción de simulación de operaciones, asignación discrecional de contratos a entidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana para efectuarlos, costos por encima del mercado que no garantizan las mejores condiciones para el estado, contratación de terceros en más del 49% establecido en la LAASSP y que, por lo general, no cuentan con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; o bien los proveedores (terceros) no han sido localizados y/o comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales; es decir, se ha detectado vinculación entre ellos.

Además, agrega la ASF, en la mayoría de los casos los servicios no han sido realizados o son deficientes, y se ha observado que los bienes contratados no fueron entregados. 

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