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Jonathan Nácar

jonathanjnd@ejecentral.com.mx

De los 11 estados de la República que tienen mayores retos en el combate a la corrupción, procuración de justicia y seguridad, seis son gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, elaborado por la organización World Justice Project (WJOP),los seis estados en cuestión donde el nivel de Estado de derecho empeoró son Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, y Tabasco. Estas entidades corresponden a 35% de las entidades del país.

En esta nueva edición del índice, las entidades con las posiciones más bajas, es decir, con una adhesión más débil al Estado de derecho son Guerrero, con 0.33; seguido de Puebla con una calificación de 0.35, y Quintana Roo, que registra un índice del 0.35. 

En la anterior y primera edición de la medición de 2018, Guerrero, la entidad gobernada por el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, también se colocó al final del ranking

Pero con la premisa de que ninguno de los 32 estados alcanza una calificación perfecta, el puntaje del índice del Estado de derecho oscila entre 0 y 1, donde 1 es la máxima adhesión, aunque los que lograron la puntuación más alta fueron Yucatán con 0.46 y Aguascalientes, 0.45.

De acuerdo con la actualización 2019-2020 del índice, el Estado de derecho en México avanzó en 15 entidades, descendió en 11 más y permaneció sin cambios en seis con respecto a los resultados de 2018.

Pero en los 30 estados restantes, además de perdurar un preocupante detrimento de las condiciones de seguridad, es más débil la adhesión para fortalecer el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. 

Con un promedio nacional de 0.37 puntos, los estados con una adhesión más débil al Estado de derecho, en cuanto al factor de Orden y Seguridad fueron Morelos y Baja California, con puntajes del 0.19 cada uno; el estado de México y Guanajuato con índices del 0.21, respectivamente. Seguidos de la CDMX, Guerrero, Tabasco y Puebla tienen calificaciones que fueron de 0.22, 0.23, 0.24 y 0.25, cada uno. 

Baja puntuación

En dos de los aspectos de medición en los que también el WJP detectó disminuciones relevantes fueron los factores 7 y 8, relativos a la Justicia Civil y la Justicia Penal. De estos, la adhesión más frágil se ubicó en Guerrero con puntajes similares a 0.29, el más bajo de los 32 registros del resto de los entidades. En cada uno de los factores, las disminuciones se registraron en seis estados. 

›En el caso de la Justicia Civil, factor enfocado a medir si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus conflictos a través del sistema de justicia civil, la mayoría de los casos observó los niveles más bajos en los subfactores relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos de dicho sistema.

Con una media de 0.36 puntos, los mejores puntajes en materia de justicia civil los encabezaron Guanajuato, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Campeche con índices que van de los 0.44 a los 0.41. Pero las puntuaciones decaen en Guerrero, Chiapas, Jalisco, Veracruz, y Tlaxcala con calificaciones del 0.29 al 0.33. 

En el caso del factor relativo a la Justicia Penal que evalúa la efectividad y la calidad del mismo como “un aspecto esencial del Estado de derecho, constituye el mecanismo formal para reparar agravios”. Según el documento se requiere respetar los derechos de las víctimas, así como prever las acciones de todos los participantes del sistema, incluyendo la policía, abogados, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias. 

En este factor, al igual que en el de Justicia Civil, Guerrero resultado la peor evaluación (0.29), pues el subfactor que mide la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y los ministerios públicos fue el peor evaluado en todos los estados del país debido a la cifra negra. 

En este rubro, las calificaciones más bajas, se las llevaron también la Ciudad de México y Puebla con puntajes respectivos al 0.29; Veracruz con 0.30; mientras que el estado de México, Jalisco y Chiapas se ubicaron con índices en 0.33. 

Las preocupaciones

El estudio elaborado por el equipo de trabajo encabezado por Alejandro Ponce, jefe de Investigación del WJP, se presentó el 13 de febrero pasado en el Museo Memoria y Tolerancia advierte que el fenómeno de la violencia a causa de la delincuencia organizada es un testimonio más de la insuficiencia de mecanismos que el Estado tiene para garantizar el cumplimiento de las normas efectivas en la sociedad y el gobierno.

Las modificaciones en los puntajes por cada uno de los ocho factores evidenciaron que el rubro más preocupante resultó el de Orden y Seguridad. Este factor mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, sin considerar la comisión de delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas al no ser susceptibles a medirse mediante encuestas “y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país”, dijo Ponce.

En este aspecto de Orden y Seguridad se registró un bajo puntaje en 19 entidades estadísticamente significativas, como consecuencia de subfactores que incluyeron el aumento en la tasa de homicidios, el incremento en la prevalencia de la incidencia delictiva, así como el deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. 

“México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal (…) Tal transformación, sin embargo, es compleja y requiere de la participación y compromiso de todos los ámbitos de gobierno, del sector privado, de las fuerzas políticas, de las organizaciones de la sociedad civil, y de los medios de comunicación”, sostuvo Ponce en la presentación del documento consultado por ejecentral.

Las altas cifras de homicidios y percepciones de inseguridad son un reflejo de esa situación en la que el principal y más urgente reto por delante para los gobiernos de los 32 estados es “avanzar en alianzas y la consolidación de políticas públicas”.

Esto, dice el estudio, va encaminado a fortalecer tanto las instituciones del país en garantía del cumplimiento de la ley, y con ello vigorizar la gobernabilidad, esencial para garantizar condiciones de paz, respeto a los derechos humanos, además de una efectiva democracia, y el desarrollo sostenible. Todo esto, advierte el WJP, sigue siendo una asignatura pendiente en México.

El documento incluye las puntuaciones y rankings del índice de Estado de derecho por estado, así como las mediciones de los ocho principales factores de medición, los cuales abarcan los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio, así como el índice de justicia civil y justicia penal.

Además de la información de los nuevos datos organizados en esos ochos factores, el informe se conforma por las perspectivas y experiencias de más de 25 mil ciudadanos encuestados en todo el país. También toma en cuenta la opinión más de dos mil 600 especialistas en justicia civil, penal, laboral y en salud pública, entrevistados entre abril y agosto de 2019; complementados con una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre esos temas. 

Al respecto, el estudio sostiene que los recientes cambios de gobierno a nivel local, estatal y federal presentan una oportunidad que refiere el estudio como única para iniciar un proceso colectivo de consolidación institucional dirigido a fortalecer el Estado de derecho en México.

Pese a ello, los resultados de esta edición muestran retos persistentes en todas las entidades federativas en materia de corrupción y justicia, y un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de éstas”, refiere el índice. 

El estado de derecho es el principio de gobernanza en el que personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley.

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