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Jonathan Nácar

Enemigos visibles e invisibles han intentado debilitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora no lo han conseguido, advirtió Luis Raúl González Pérez, unas horas antes de dejar su cargo como presidente de ese organismo autónomo, y de que se conociera la forma atropellada en la que fue designada, por el Senado de la República, su sucesora, la activista María del Rosario Piedra Ibarra.

Estos enemigos, ya sea por ignorancia o no, atacan a la Comisión al estigmatizarla y descalificarla, pretendiendo quitarle recursos y herramientas, y hay otros enemigos que no tienen rostro. “A veces, desgraciadamente hay rostros visibles y hay rostros invisibles. Cuando son visibles, uno sabe a quién dirigirse y ahí están las respuestas como nos hemos dirigido; cuando son invisibles, pues es más complicado”, apuntó González Pérez.

›Es un hombre que conoce muy bien la institución, formó parte de sus fundadores hace 29 años y ha ganado un prestigio nacional e internacional que le atrajo el apoyo de organismos cuando se acentuaron los embates en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora en entrevista con ejecentral, el ombudsperson nacional (2014-2019) es autocrítico y reconoce fallas, limitaciones y errores en su gestión, pero también narra los momentos que califica de “tensiones muy fuertes”, que experimentó tanto en la administración de Enrique Peña Nieto como en el actual gobierno; y advierte, además, los riesgos y desafíos que enfrenta el máximo organismo defensor de los derechos humanos en el país. 

Antes de cerrar la puerta de la institución ­—en la que ha sido desde director general administrativo, secretario técnico del Consejo, Segundo y Primer Visitador General, entre varios más, hasta llegar a la presidencia— lanza una advertencia: Diga lo que se diga la CNDH es necesaria para la Cuarta Transformación y no sólo eso, “es indispensable y, como decía aquel eslogan, llegó para quedarse”.

¿De quién es la culpa?

Convencido de que la Comisión Nacional fue insistente en exhibir los abusos y fallas de las autoridades, e hizo lo que le correspondía en defensa de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, el sexto presidente de este organismo acusó que fueron actores políticos, incluyendo presidentes municipales, gobernadores y autoridades federales, quienes han fallado a las víctimas al incumplir las recomendaciones que emitió la institución y en garantizar la reparación del daño. “Basta ver que el 20% de las recomendaciones están todavía en cumplimiento parcial”, lamentó. 

Y añadió: “Ahí están los resultados; claro, me duele no poder avanzar más para que se pudiera haber cambiado las circunstancias y hubiéramos accedido a la justicia de las más de 40 mil personas desaparecidas, que pudiéramos haber avanzado para evitar tanta violencia contra las mujeres, pero ahí están los elementos para continuar con esa exigencia de cumplimento de quienes están obligados a dar una respuesta a las víctimas”.

Uno de los síntomas más claros de este incumplimiento o lo que también advierte como una “debilidad institucional” que le ha obligado al ombudsperson nacional a ir más allá de sus atribuciones en defensa de las víctimas, incluso hasta el grado de presentar denuncias penales, porque las autoridades señaladas incumplen con los puntos recomendatorios, los cuales, añadió, tienen que ver con la esencia de los derechos humanos, que es la reparación del daño, “que no solamente es compensación monetaria, no nos confundamos”. 

Partiendo del diagnóstico en el que asumió la titularidad de la CNDH en el contexto de casos como el caso Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, los cuales califica como “episodios dolorosos que ahí estaban latentes, que nos hablaban de diversas violaciones a los derechos humanos de esa magnitud”, Luis Raúl González advirtió que existe una amplia agenda de temas y diversos tipos de violencia que “se han agudizado, se agudizaron con Peña y se mantienen en el corto tiempo de este gobierno”.

Entre las violencias que se han agudizado desde que asumió la presidencia de la comisión, reconoció las cifras de periodistas agraviados y muertos, la magnitud de las desapariciones y fosas clandestinas.

›El caso Ayotzinapa sólo “mostró el rostro del México de las desapariciones, la aparente realidad que estaba atravesando el país y que no nos dábamos cuenta”. 

En ese panorama de problemas y riesgos para México y la CNDH, Luis Raúl identificó varios más y todos graves: 

“Una tortura que no ha cesado, que subsiste; el tema de violencia contra la mujer que se ha agudizado; la violencia contra los defensores de derechos humanos, las violencias al interior de los penales sobre todo locales por autogobiernos, cogobiernos; la violencia obstétrica hablando en salud; así como el tema de trata de personas, en materia indígena; y los temas preocupantes de las personas en contexto de migración en varias vertientes”. 

Cuestionado sobre cuál ha sido la respuesta ante estas circunstancias y el proceso en el que se han agudizado esas violencias, el ombudsperson nacional aclaró, “la respuesta no está en instituciones protectoras de derechos humanos”. Y ante los evidentes acusaciones sobre quiénes son los responsables de no cumplirle a las víctimas, y quién no cumple las recomendaciones con oportunidad? La respuesta es igual de tajante: 

“Son las autoridades. Decirle no a la CNDH o cumplirle con retardos su recomendación a quien lastima es a las víctimas. (Son) de los tres niveles de gobierno”. 

20 por ciento de las recomendaciones que ha emitido la CNDH siguen en estatus de cumplimiento parcial

2,200 páginas componen la investigación del caso Iguala que presentó la comisión

Bajo tensión

El pasado 11 de octubre, en lo que fue su mensaje de despedida de la Comisión Nacional, y cuya narrativa se tituló como “La CNDH, al final de la ruta”, González Pérez advirtió que el poder cerraba los ojos ante los hechos que le son incómodos y les niega la existencia, ante la pregunta de qué es lo que se necesitaba para evitar que esa negación se transforme en descalificaciones, el abogado general de la UNAM en 2008 fue contundente: 

“Se necesita voluntad política de los gobiernos, y hablo de los tres niveles, y de los gobiernos con independencia del corte ideológico, con independencia de regímenes. El tema es que quien incurre en una violación, en un exceso de esa norma tenga la consecuencia de ese exceso; avanzamos, por ejemplo, en las sanciones administrativas a diversos servidores públicos, pero las penales adolecen del grado de impunidad que se atraviesa en el país (…) Por eso nosotros hoy ponemos las denuncias penales, no decimos ’ábrase una carpeta de investigación’, somos denunciantes”.

Hablando en particular de los momentos incómodos y de presión que vivió tanto en el sexenio pasado como en la actual administración, el hasta este viernes titular de la CNDH reconoció que fueron varios y en algunos casos derivaron en “tensiones muy fuertes”. 

Última entrevista. Luis Raúl González Pérez encabezó la CNDH entre 2014y 2019. Foto Angélica Ortiz

En ese sentido, recordó las palabras que aquel 15 de noviembre enunció en su discurso, cuando asumió como el ombudsperson nacional: “quiero colaborar, coadyuvar, interactuar, coordinarme, pero voy a ser incómodo. En esa incomodidad se señala cuando no se le cumple a las víctimas, cuando no se previene una violación”. Y así lo hizo. 

Un ejemplo claro de esa incomodidad en la administración peñista, apuntó, fue el caso Tlatlaya, donde fueron asesinadas 22 personas en San Pedro Limón, el 30 de junio de 2014, en donde fue señalada la presunta responsabilidad de efectivos militares, que era, a decir de González Pérez, una Recomendación emitida por la Comisión, pero que no estaba clasificada como grave, lo cual consideró como inaudito pues se trataba de 12 ejecuciones, y al clasificar así este caso terminó con una denuncia penal en su contra. 

“El ombudsperson fue denunciado penalmente en el sexenio pasado, no fue a la entidad pública. Se alentó, así lo señalo, para que la defensa de algunos elementos militares pusieran una denuncia penal en contra del ombudperson por alzar la voz, por decir en el auto de término no en sentencia, no en cosa juzgada, ‘pues la PGR se ha negado a agregar el expediente de la CNDH de Tlatlaya y claro que las víctimas, dos de las tres sobrevivientes, variaron su dicho de su primera declaración a las posteriores donde cambiaron, ¿por qué no agregan el proceso de tortura que se sigue en el Estado de México?’, eso fue suficiente para denunciar al ombusdperson”, recordó.

Ya en tiempos de la Cuarta Transformación, González Pérez comentó una variante de lo vivido con Peña Nieto, que “lamentablemente el Ejecutivo federal ha asumido descalificativos que no se corresponden en el diálogo entre instituciones”. A decir del también catedrático en Derecho, el diálogo, la interacción entre instituciones y sus respectivos roles puede ser vigoroso, fuerte, pero no con descalificaciones y estigmatizaciones, y menos que no se corresponden con los hechos.

El dato. Las Relatorías de Defensores Civiles y de Libertad de Asociación y Reunión defendieron a la CNDH ante las descalificaciones de las que fue blanco.

Aunque lamentó que en su informe del año pasado tuvo que darlo a conocer a través de los medios de comunicación, luego de que no fue recibido por el Ejecutivo federal, rechazó que hubiera algún tipo de rompimiento; al contrario, se reconoció afín a varios de los objetivos que busca el presidente López Obrador. 

“Yo no quiero hablar de rompimiento, no rompimiento de su servidor, lo digo con ese convencimiento, yo no sé si hay momentos de rompimiento o no, lo que sí puedo identificar son momentos de descalificaciones que no se corresponden con los hechos. Y uno de los momentos fue ese”, explicó.

Y abundó, “hubo otro momento que tampoco se corresponde cuando emitimos una recomendación de estancias infantiles. Yo quiero pensar, y lo digo enfáticamente convencido, hay buenos fines, y buenos objetivos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, y al respecto señaló, “¿quién puede estar en contra de combatir la pobreza y la desigualdad o la corrupción y la impunidad?, y la violencia y la inseguridad, de fortalecer el Estado de Derecho”, pero sostuvo que “debemos de canalizarlo dentro de márgenes de las instituciones y del derecho. Si las normas están mal hay que cambiarlas”. 

Pero el mandatario tabasqueño ha sido incisivo en su discurso contra los órganos autónomos, y en particular contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la cual ha tildado de caer en la hipocresía, que se debe quitar la máscaras e incluso se ha sugerido que se trata de un elefante blanco. 

Al escuchar ese tipo de calificativos, González Pérez abre la puerta a una crítica constructiva: “Yo creo que hay quien lo dice de buena fe, y hay quien busca desalentar a la CNDH por lo incómodo que le resulta. No puede ser un elefante blanco cuando ahí está el resultado de tanto trabajo, y es tanto como no reconocer lo que hace cada una de las personas que trabajan en la CNDH (…) El acumulado de circunstancias donde no ha habido una articulación todavía de una política de seguridad en gobiernos pasados, y hoy todavía enfrentamos esa problemática, pues nos lleva a este tipo de estadíos donde los efectos también se dejan sentir en la relación a derechos humanos”, respondió. 

Ante el hecho de que en el gobierno que encabeza López Obrador se ha fortalecido una retórica de que el país ya cambió, que no hay corrupción y que no hay cabida para instituciones autónomas, Luis Raúl prefirió no cuestionar la voluntad que puedan tener los gobiernos, pues dijo que no se trata de una sola persona, “se trata de toda una estructura de gobierno. Es tanto como decir que el emitir una ley ya va a evitar que no se violenten esas normas y lamentablemente los hechos muestran lo contrario”, dijo. 

Buscó con ahínco, sostuvo, defender y preservar la autonomía e independencia de la institución que encabezó por cinco años. 

Misión incumplida 

Con la premisa de que la CNDH no es adversaria ni confrontativa con ninguna autoridad, y en lugar de ellos, busca ser coadyuvante en el cumplimiento de la ley, “pero coadyuvar es decir lo que los ojos de distintos funcionarios o gobiernos no les alcanza la mirada porque es un gobierno o gobiernos amplios”. 

A quien en 1996 fue designado fiscal especial del homicidio de Luis Donaldo Colosio y logró cerrar el caso se le preguntó:

¿Misión cumplida?

—No, nunca será misión cumplida mientras haya ese estadío de violación a derechos humanos. Sí de satisfacción interna de hacer el mejor de los esfuerzos, hasta el máximo de capacidades físicas e intelectuales.

Como parte de los avances, quien en 2005 se desempeñó como Director General del Programa de Agravios a Periodistas en la CNDH, aseveró que durante su gestión la figura del ombudsperson rompió con los esquemas, la tradición y los formalismos de ir dentro de la delegación de gobierno a defender el informe de gobierno ante Naciones Unidas. Y en lugar de ello, al poco tiempo de haber asumido al frente de la Comisión, se presentó ante los Comités de Tratados internacionales como un órgano autónomo e independente. 

“Hoy lo puedo decir, el ombudsperson mexicano, lo digo sin tapujos, tiene un espacio no reconocido en el ámbito de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana; construí diálogos con la Corte Interamericana, aquí estuvieron los jueces capacitando a nuestro personal, con la Comisión Interamericana pude conjuntar a mis homólogos de Latinoamérica; metí una solicitud de medida cautelar contra los Estados Unidos de Norteamérica cuando la separación de familias y protegimos a 585 familias; acudí a un juez de Texas con una amicus curiae y me la admitieron por la ley SB4.

›Con Naciones Unidas, enumera el abogado, “este año me recibió cuatro veces la alta comisionada (Michelle) Bachelet, una aquí y tres en Ginebra; con el anterior, tres ocasiones. El ombudsperson mexicano ha estado, no sé si con otros ombudsperson han sido circunstancias similares, en cuatro mensajes grabados en el máximo órgano de Derechos Humanos de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, cuatro mensajes y uno presencial”. 

Y en ese sentido reiteró, “el ombudsperson es el ejercicio de sus atribuciones, ¿díganme si no hubo tensiones? Ustedes saben que un proyecto de gobierno era la Ley de Seguridad Interna, yo la impugne y la Corte me dio la razón por unanimidad; está mal que diga yo, la CNDH la impugnó, porque es un equipo de trabajo al que le reconozco estos cincos años que me han acompañado”. 

¿La autonomía e independencia la deja salva?

—Yo creo que sí. La dejo totalmente a salvo, los hechos ahí lo muestran e hicimos lo que nuestra convicción y congruencia nos mandatan. Si algo nos faltó no fue por esa falta de congruencia sino tal vez porque ya no alcanzó, o es tanta la demanda de atención que se tiene. Basta ver que el número de servicios que se atienden para ver la dimensión. 

Tempestades por venir 

Este viernes 15 de noviembre dejará de ser oficialmente el presidente de la Comisión, y aunque reconoce que “siempre la CNDH enfrentará y ha enfrentado riesgos”, González Pérez advirtió que la inseguridad se ha ido agudizando desde la administración pasada y el mayor riesgo es que esto continúe, lo que arrojará más violaciones a derechos humanos. 

›“Me preocupa, desde luego, que se agudice el tema de seguridad y violencia porque generalmente trae aparejado violaciones a derechos humanos, y voy a poner el mejor ejemplo, el tema de la familia LeBaron”, en ese sentido señala que el caso ejemplifica porque el reto que impone a las autoridades, en este caso al gobierno en turno es que sean cumplidas las cuatro principales vertientes que la Comisión Nacional tiene como encomienda perseguir: 

“Derecho a la verdad, la reparación del daño, el acceso a la justicia de los responsables, juzgados y sentenciados, y garantías de la no repetición”, detalló. 

En referencia a cuáles serían los riesgos que se enfrentan actualmente, tanto en materia de Derechos Humanos como los que se imponen a la Comisión Nacional, el ombudsperson apuntó que la forma de solventar algunos de esos riesgos tienen correspondencia con la actuación de la propia institución.

Y puso como ejemplo: “Se hablaba de que se quería transformar esta institución, antes incluso del proceso de sucesión de un servidor. Bueno, la actuación de esta institución tuvo como consecuencia que se frenaran esos proyectos, ¿puede venir en el futuro? No lo sé, pero yo quiero confiar que la solidez de 29 años con sus altas y bajas, con sus picos, hoy hay una sociedad civil más fortalecida, y debo decir que sí hubo expresiones sociales, digamos, ante la descalificación de la CNDH”.

 ¿Pero no fue unísono, o sea no fue una gran voz de defensa? 

—Bueno ahí está un reto. Eso es lo que se tiene que articular como sociedad civil. Pero doy otros ejemplos: ahí hay dos cartas, del relator de defensores civiles y el relator de libertad de asociación y reunión donde le expresan al gobierno mexicano su extrañeza por las descalificaciones de las que fuimos objeto. No lo habrían hecho si no tuvieran la confianza que tienen en la Comisión Nacional. 

Y remató: “esas son las fortalezas que hemos construido, quiero ser optimista de que continuarán”. 

Ante la prospectiva de que la problemática de inseguridad actual se pueda recrudecer, Luis Raúl González Pérez señaló que el gran reto del gobierno y de los gobiernos estatales, de quienes señaló “le apostaron mucho a la indiferencia y se recargaron en la Federación durante muchos años”, radica en lo que él considera un punto medular precisamente en el tema de la inseguridad y la violencia por el que atraviesa el país actualmente, y es la debilidad institucional que prevalece y hay que revertir. 

Y la apuesta para el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos saliente es “la articulación, la superación más allá de las ideologías para ponerse de acuerdo en el tema de seguridad, ese es el gran reto y desafío. Por eso yo deseo que al gobierno actual le vaya muy bien. Y parte de por qué no me postulé, recuerda fue mi congruencia en lo que anticipe hace cinco años, y para dejar espacio a que se pueda dar ese diálogo sin menoscabo de autonomía e independencia entre la CNDH y los gobiernos”. 

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