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Jonathan Nácar María Idalia Gómez

Un total de 27 números de teléfonos celulares atribuidos a los normalistas de Ayotzinapa continuaron operando seis semanas después del ataque en Iguala. Por primera vez se conoce, a partir de documentos oficiales, que esas líneas mantuvieron el mismo patrón de comportamiento que tenían sus dueños antes de desaparecer.

Es así, que el número 745-100-6485 se mostró activo, en algún punto de Guerrero, hasta el martes 18 de noviembre de 2014. Oficialmente el dueño de ese celular desapareció 53 días antes, Doriam González Parral El Kínder, uno de los 43 normalistas declarado como desaparecido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Este no fue el único caso en el que los números celulares de los normalistas continuaron utilizándose aun después del ataque. El número del hermano de Doriam, Jorge Luis González, recibió llamadas posteriores a su desaparición, en Chilpancingo y Tixtla, y estuvo activo hasta el 7 de octubre. El teléfono de Marcial Pablo Baranda, primo de ambos, también estudiante de Ayotzinapa, captó llamadas desde Acapulco hasta el 19 de octubre.

Lo revelador es que se trata de un análisis del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el que se considera que fueron sus propios dueños, más de la mitad de los normalistas, quienes utilizaron los celulares días después de que se diera el ataque en su contra.

El dato. Seis escuelas de la UNAM harán paro con motivo de los cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En documentos nunca antes revelados se muestra que en al menos 27 teléfonos celulares, pertenecientes al mismo número de estudiantes oficialmente desaparecidos, el FBI comprobó que se mantuvieron activos hasta un mes y 20 días después de la noche de Iguala.

De acuerdo con los informes elaborados por la agencia estadounidense, a solicitud del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), esos 27 celulares de los normalistas, y cinco más que se vinculan con otras víctimas de los mismos hechos, pero cuyos propietarios no han sido identificados, recibieron llamadas desde varios municipios de Guerrero, así como de otros estados como Puebla, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México, luego de casi dos meses de la desaparición de los jóvenes.

A través de su Equipo de Encuesta de Análisis Celular, el FBI detectó que la actividad analizada evidenció que los números tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”; es decir, los teléfonos mantuvieron comunicación con números recurrentes de sus propietarios.

Los documentos en poder de ejecentral, forman parte de una línea de investigación no divulgada hasta ahora sobre lo ocurrido durante y después de la noche de Iguala, en la que incluso se analizó el comportamiento de esos números celulares meses antes de la desaparición de los normalistas. En esta hipótesis, que ahora un funcionario federal con conocimiento del caso revela a este periódico, algunos normalistas sobrevivieron a los hechos del 26 y 27 de septiembre. 

›Si bien la línea de investigación en torno a la actividad de los celulares la hizo pública el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la planteó desde un inicio la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero no la profundizó.

Fue el 6 de julio de 2017, en la asamblea 163, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Lima, Perú, cuando el gobierno de México reconoció por primera vez que tres chips y nueve aparatos celulares pertenecientes a los normalistas desaparecidos fueron utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que era la Policía Federal la autoridad encargada de indagar dichas pruebas.

Ante el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; Alfredo Higuera Bernal, quien era el fiscal del caso por parte de la extinta PGR; y Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien era titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, padres de los normalistas reprocharon la desidia de las autoridades, al señalar que el GIEI habría detectado que 17 celulares de los estudiantes estuvieron activos durante varios días, después de su desaparición.

Lo cierto es que el GIEI detectó esos números porque formaban parte del expediente; sin embargo, los documentos del FBI revelan que eran más números celulares los que se mantuvieron activos, en total 27, es decir, más de la mitad de los normalistas desaparecidos. A esta cantidad hay que sumar el caso de dos normalistas a los que se les vinculó con dos números distintos; adicionalmente otros cincos teléfonos que estuvieron en el lugar de los hechos, pero no fueron relacionados con el nombre de alguna de las víctimas.

Los documentos de la agencia estadounidense también analizan 12 números que no pertenecían a los estudiantes, sino al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a policías de Cocula e Iguala señalados por su presunta participación en el ataque a los normalistas.

La información que aporta el Cenapi al FBI es producto de las primeras investigaciones que se tenían en el expediente y que con el paso de los años se han modificado en cuanto a las horas y lugares en donde fueron embestidos los normalistas en Iguala. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, estableció en su recomendación 15VG/2018, que de acuerdo a la georreferenciación de los números de los estudiantes, los normalistas fueron despojados de sus celulares, pero no cuenta con los documentos del FBI. Uno de los casos en los que se demuestra que policías se apoderaron de los aparatos es el de Martín Getsemany Sánchez García, pues su celular estuvo activo, pero con otro chip que fue ubicado por la PGR en posesión de la esposa del chofer de Felipe Flores, jefe de la policía de Iguala.

Las llamadas a Abarca 

Los teléfonos de los hermanos Doriam y Jorge Luis González Parral, de 19 y 21 años de edad, respectivamente, al momento de su desaparición, no sólo siguieron activos después del ataque, sino que además reflejaron una inusual interacción con números que, de acuerdo con el Cenapi, están ligados con José Luis Abarca Velázquez, el entonces presidente municipal de Iguala y actualmente preso por delincuencia organizada y lavado de dinero. 

Uno de los hallazgos que se ofrecen en las conclusiones del estudio a los teléfonos de víctimas y sujetos desconocidos activos después del incidente (del 26 de septiembre) señalan que el número de Doriam, el cual no estaba en Iguala el día del  ataque, recibió “frecuentemente” llamadas del número 745-117-2337, con ubicación en Tierra Colorada, Guerrero, ligado por el Cenapi con “peajes asociados a la familia Abarca”. 

El análisis preliminar del FBI indica que el número 733-332-1399, asociado con el exalcalde de Iguala, de acuerdo con la PGR, recibió un par de llamadas entre las 09:29 y 10:49 horas de la noche del 26 de septiembre de 2014, desde un teléfono ligado a Esther Velázquez de Abarca, madre del exfuncionario señalado de haber ordenado el ataque a los normalistas.

De acuerdo con la línea del tiempo publicada por este periódico en su edición 97 titulada “Caso Ayotzinapa, la DEA sabía todo”, entre las horas que Abarca Velázquez recibió las llamadas de su madre, ocurría el primer ataque a los autobuses en los que viajaban los normalistas, en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Garantías, a escasos 150 metros donde la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, había rendido su segundo informe de labores como presidenta del DIF local.

Aproximadamente a la 01:26 de la madrugada ya del 27 de septiembre, el teléfono del entonces alcalde recibió otra llamada, ahora del número 747-545-3070, con ubicación en Chilpancingo; la llamada tuvo una duración de alrededor de tres minutos y 27 segundos. 

En el caso del teléfono del otro estudiante desaparecido, Jorge Luis González, hermano de Doriam, el estudio refiere que las llamadas recurrentes después del ataque y que se mantuvieron hasta el 7 de octubre mostraron un contacto frecuente con un número de Teopisca, Chiapas, un número que habría sido contactado entre la noche del 26 y las primeras horas del 27. 

Posteriores investigaciones de la PGR mostraron que los hermanos González Parral vendieron dos celulares a igual número de estudiantes, uno de ellos fue Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado esa misma noche en Iguala; y Mario Consuegra Villatoro, quien reside en Chiapas y que confirmó esto ante el ministerio público.

El 26 de septiembre de 2014, entre las 09:47 y 10:21 de la mañana, el número asociado a González Parral se ubicó en el área de Chilpancingo; de aproximadamente las 02:20 y las 02:38 de la tarde de ese día se encontró en el área de Tixtla, cerca de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esta hora es coincidente con el informe oficial del Cenapi en el que señala que unos 80 estudiantes salieron de la escuela, a bordo de dos autobuses con dirección a Chilpancingo. 

Por la noche de ese mismo 26 de septiembre, aproximadamente entre las 8:53 de la noche y las 3:10 de la madrugada del 27, el teléfono de Jorge Luis González se mantuvo activo en el área de lguala y en contacto con un par de números de Tixtla y con el de Teopisca, Chiapas, asiduo antes de ese fin de semana. 

Cabos sueltos

Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz, fueron dos de los estudiantes que inicialmente resultaron agredidos y reportados como desaparecidos aquella noche de Iguala. Para las autoridades, ambos fueron asesinados, luego de que en el caso de Alexander el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que su ADN correspondía con los restos hallados en Cocula; de igual forma la identificación genética de Joshivani se constató por el laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Sin embargo, los teléfonos móviles vinculados con ambas víctimas continuaron activos hasta el 17 de noviembre y 15 de octubre de ese año en cuanto a dos números ligados con Alexander; y hasta el 23 de octubre en el caso de un teléfono de Joshivani, según el análisis que desde el 21 de noviembre del año en que ocurrieron los hechos de Iguala entregó el FBI a la entonces Procuraduría General de la República. 

En al menos tres de los casos que hizo público el GIEI, donde se detectó actividad telefónica posterior a los hechos de Iguala, también fueron analizados por la Agencia Federal de Investigación estadounidense y que vínculo con números de los normalistas. Se trata del número del estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza, que según el grupo de expertos independientes habría mandado un mensaje por cobrar en el que le pedía a su mamá le hiciera una recarga urgente, el cual se registró a la 1:16 am del 27 de septiembre de 2014. 

Con base en el análisis del Buró Federal de Investigaciones, el celular de Cruz Mendoza —quien también es familiar de los hermanos González Parral—, registró que la última actividad fue el 7 de noviembre; es decir, un mes y 10 días después de su desaparición. 

La actividad del número de José Eduardo Bartolo Tlatempa, otro de los normalistas desaparecidos, aparece en los documentos del FBI. Es el mismo del que el GIEI apuntó que su celular registró actividad a las afueras de Iguala y en el municipio de Cocula en la noche del 26 de septiembre, y para el filo de la medianoche su celular se activó cerca de la colonia Loma de los Coyotes. El FBI reportó que su actividad telefónica se prolongó 10 días más, hasta el 17 del mismo mes. 

Los jóvenes militares

Un tercer caso, a la fecha sin una explicación clara, resulta la actividad que mostró el teléfono de Julio César López Patolzin, uno de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, estudiante del primer año, pero quien también se desempeñaba como elemento activo del Ejército cuando ocurrió el ataque en Iguala. 

Su teléfono, informó hace tres años el GIEI con base en el expediente, reportó uso de datos móviles y envío de mensajes la noche del 26 de septiembre hasta poco antes de las primeras horas del día siguiente. Incluso el último mensaje de su móvil se hizo el 30 de septiembre desde la antena Benito Juárez, en Iguala. De acuerdo con los legajos, ese mismo número registró actividad hasta el 28 de noviembre de 2014, vinculado con otro número en la ciudad de México. 

›En este caso, la agencia estadounidense identificó actividad del móvil de López Patolzin sólo hasta el 6 de octubre. 

A cinco años de los acontecimientos en Iguala, al menos dos miembros del Ejército han sido identificados dentro de los normalistas agredidos; el caso de Julio César López, quien permanece desparecido, pero cuya identidad no fue reconocida de inmediato por la Defensa Nacional, debido al protocolo interno que implica el reconocimiento de uno de sus integrantes encomendando a labores de infiltración e inteligencia, como era el caso de López Patolzin; así como otro estudiante que también fue identificado como militar en activo, Miguel Ángel Hernández Martínez, quien habría sobrevivido al ataque. 

Y antes ¿qué pasó?

El monitoreo que agencias de investigación e inteligencia de Estados Unidos han realizado en torno a los hechos de Iguala de hace cinco años, responde a más investigaciones sobre casos de narcotráfico que en sí al ataque y desaparición de los normalistas. A la fecha, las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han revelado con claridad desde cuándo y cuáles han sido los resultados precisos de la intercepción y seguimiento que han hecho sobre gran parte de quienes resultaron involucrados en la noche de Iguala, por pertenecer al grupo criminal de Guerreros Unidos. 

El 19 de abril del año pasado, este periódico publicó que la Agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) mantenía interceptados por lo menos 11 números celulares de los líderes de Guerreros Unidos, como parte de una indagatoria sobre narcotráfico, donde siguieron la secuencia de los hechos prácticamente en tiempo real, y pone en evidencia cuáles fueron las decisiones y acciones que los capos planificaron y ejecutaron horas después de los hechos.

Este seguimiento toma relevancia ante los descubrimientos que el Buró Federal de Investigaciones obtuvo del monitoreo al comportamiento de los teléfonos celulares involucrados en lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero que la revisión abarcó desde marzo de ese año; o sea siete meses antes del ataque y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Este método permite comprender cuál es el comportamiento usual de un teléfono, para así determinar si es su dueño u otra persona el que lo utiliza.

Un documento videográfico, en poder de este periódico, que se elaboró a partir de la actividad de todos los celulares analizados por el FBI, muestra que al menos 44 números (entre los utilizados por estudiantes, los funcionarios locales y cinco no identificadas las víctimas), analizó el historial de llamadas y ubicación de los sitios donde estuvieron activos los teléfonos, y evidenció cómo fue que a partir de abril de 2014 los móviles empezaron a interactuar y movilizarse por varios puntos del territorio nacional.

La secuencia, conforme el avance de los días y meses, refleja que desde los primeros 15 días de abril de ese año, los números concentrados en la región de Guerrero empiezan a dispersarse en la zona centro del país. A finales de ese mes, uno de los teléfonos se ubica en la frontera de México con Estados Unidos, a la altura de Tijuana, Baja California. Durante mayo, otro teléfono se empieza a desplazar de Guerrero hacia la región norte del país, para después de tocar Nuevo Laredo, Tamaulipas, avanza por la línea fronteriza hasta llegar a Hermosillo. Este análisis elaborado por las autoridades no especifica qué números son los que se movilizan por todo el país.

El desplazamiento de más teléfonos que durante junio salen de Guerrero y atraviesan estados del Pacífico como Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta llegar a la frontera con Baja California continua hasta mediados de julio. Para finales de agosto y  principios de septiembre, días antes de la agresión a los estudiantes, todos y cada uno de los números que se habían dispersado en varios puntos del país regresan al sitio donde se concentraban, en Guerrero.

Un punto importante del análisis del FBI es que a mediados de julio, alrededor de dos meses antes de la noche de Iguala, una parte de los teléfonos que ese día estuvieron en el lugar de los hechos y que manifestaron actividad después de la agresión, mostraron una dispersión en prácticamente todo el país, pues los teléfonos se ubicaron en la península de Yucatán, en Monterrey, al norte del país; en Sonora, Baja California, en Chihuahua; así como en Oaxaca, Veracruz y varias entidades más de la regiones centro y occidente del país. 

Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El otro seguimiento 

No sólo los teléfonos de los jóvenes normalistas mostraron un comportamiento subsecuente al día en que fueron atacados y desaparecidos, de igual manera el seguimiento que hizo el FBI a los móviles de varios de los policías municipales tanto de Cocula como de Iguala que estuvieron involucrados en la agresión a los estudiantes evidenciaron que estuvieron activos los días posteriores, incluso cuando varios de ellos habrían sido retenidos en las primeras horas después del evento. 

La mayoría de los dispositivos de al menos 11 uniformados de ambos municipios manifestaron actividad entre el 4 y el 17 de octubre después del ataque. Por ejemplo, el número 7331261480, perteneciente a Alejandro Mota Román, policía de Iguala quien era uno de los mandos del “grupo de reacción” Los Bélicos, conformados por policías municipales y miembros de Guerreros Unidos, al servicio presuntamente del alcalde José Luis Abarca y que a su vez era liderados por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez “El Felino”. 

En los números que se mantuvieron activos tras los hechos, también se ubicó los de los policías Julio César Mateo Rosales, Alberto Aceves Serrano, el de Wilbert Barrios Ureña, Óscar Veleros Segura e Ignacio Aceves Rosales, quienes bajo las órdenes de César Nava González subdirector de la policía municipal de Cocula, fueron movilizados del municipio de Apipilulco, donde se encontraban prestando un apoyo de vigilancia, a fin de que se dirigieran a Iguala. 

Dichos policías fueron encomendados a pasar en primera instancia por su comandante Nava González a un domicilio de la colonia Ignacio Manuel Altamirano en Iguala; y después se trasladaron a bordo de vehículos de la Policía de Cocula a las calles de Juan N. Álvarez y Periférico en Iguala, donde los normalistas fueron agredidos. El “apoyo” solicitado a Nava González habría sido solicitado por Francisco Salgado Valladares, subdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala y jefe de Los Bélicos. 

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