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Nadia Rodríguez

El movimiento #MeToo, suscitado en redes sociales, que replicó lo acontecido en Estados Unidos, ha reavivado todo un debate sobre las denuncias anónimas.

Desde mediados de marzo del presente año, Twitter se convirtió en un espacio para verter denuncias sobre acoso, violaciones, hostigamiento y todo tipo de violencia de género contra las mujeres, la primer cuenta en iniciar el movimiento fue #MeTooEscritoresMexicanos.

Sin embargo, de ahí derivaron otras cuentas en la red social para evidenciar que la violencia machista está presente en el cine, la academia, la música, las universidades, la medicina, el periodismo… y un largo etcétera.

Además de ello el #MeToo en México puso sobre la mesa una discusión fundamental: las denuncias anónimas.

Los protocolos de denuncia que se articularon en redes sociales convergían en proteger la identidad de las víctimas, si estas lo requerían así, bajo el argumento de que muchas de ellas se encontrarían en una situación vulnerable si su nombre salía a la luz.

¿De qué forma estarían vulnerables? A saber, algunas de ellas aún comparten espacio con su agresor (es un familiar por ejemplo), este tiene una posición de poder (es un profesor o investigador de renombre, es un activista importante, es su patrón) que podría detonar en afectaciones a la denunciante o no cuentan con una red de apoyo solida que les acompañe en el proceso de reconocerse, asumirse y afrontar ser una víctima de violencia de género.

Un ejemplo documentado de ello, que pasó de la denuncia anónima a un proceso legal, es el de Marcela Lagos, quien denunció a Arturo Noyola Robles, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien la hostigaba e impedía que se titulara de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.

La fructificación de la denuncia de Lagos se debió en gran medida a que ella cumplió rigurosamente con el debido proceso que marcaba la estricta legislación universitaria, además de las pruebas que difundió, como grabaciones de audio, averiguaciones previas, entre otras, y a la presión política de diferentes universitarias que se solidarizaron con ella.

Sin embargo, el caso de Lagos marca la excepción y no la regla, prueba de ello son las denuncias que abundan en cada “tendedero” que se pone en la UNAM, ejercicio que se ha multiplicado en otras instituciones como el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, etcétera, y la queja de las estudiantes del silencio e incluso el encubrimiento a los denunciados (de vuelta a la vulnerabilidad de la víctima frente a un agresor con una posición de poder).

Las universidades han servido como espacios de enunciación ante una profunda problemática: la falta de instancias y mecanismos para atender la violencia de género.

Fue apenas en 2016 cuando la UNAM implementó un protocolo contra la violencia de género, sin embargo otros lugares en los que las mujeres interactúan como las empresas, fábricas, hospitales, escuelas de nivel básico, el Metro, entre otros, no hay nada que las respalde para emitir una denuncia dentro esos mismos recintos. De ahí parte del valor de #MeToo, evidenciar la omisión en un país donde se cometen 10 feminicidios cada día, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Denuncias penales y revictimización

Una de las críticas más frecuente a las denuncias anónimas o públicas, es que no hay forma de corroborar que el señalamiento sea verdadero, e incluso se clama a las víctimas acudir a las instancias del Estado para levantar un acta.

Marta Lamas, académica de la UNAM y feminista, es una de las voces que ha enunciado una de las fallas de #MeToo, “Yo creo que mucho de lo que se dice ahí es verdad pero creo que no era la manera de hacerlo, que se podría haber hecho otro tipo de proceso», dijo en una entrevista para W Radio, sin embargo no detalló a qué se refería con “otro tipo de proceso”.

Fue apenas en 2012, cinco años después de la primera emisión de la Alerta de Violencia de Género en México, cuando se tipificó el delito de feminicidio, la forma más brutal de la violencia contra las mujeres, a pesar de ello la situación en los Ministerios Públicos y el personal que ahí labora no tiene las competencias para atender denuncias con enfoque de género.

Las mujeres continuamente son responsabilizadas de las agresiones contra ellas cometidas, son juzgadas y sus vidas expuestas, sometidas al escarnio público cuando se atreven a denunciar la violencia que les han infligido, a la sospecha de lo relatado, al cuestionamiento de por qué no denunciaron antes, en los casos en que las víctimas no se atrevieron a contar lo ocurrido inmediatamente tras el suceso. En este contexto también es frecuente la defensa apriorística y la solidaridad automática con los agresores, quienes son protegidos, defendidos, y convertidos en ídolos del patriarcado.”, afirma la socióloga y doctora en Ciencias Sociales Esther Pineda.

A ello se exponen las víctimas que denuncian, además estas deben enfrentarse a la impunidad y corrupción que priman en las instancias que se supone deben impartir justicia, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) en México durante 2017, se registraron 600 mil casos de abusos sexuales, pero según su estimación el 94% de estos delitos no se denuncia.

Por ello hay que retomar lo dicho por Ana G. González, una de las feministas que impulsó el #MeToo, sobre las denuncias en redes sociales, “uno de esos matices son las denuncias anónimas a cuentas anónimas. No sabemos quienes son, no hay vínculos de confianza más allá de “eres mujer y te creo”. La denuncia pública se tiene que hacer dentro de una comunidad de confianza, puede ser públicamente anónima. Cuando tú pones tu nombre y denuncias primero dentro de tu comunidad y luego públicamente de manera anónima, tu comunidad te respalda y sabe que tu testimonio es certero. Se aminora el costo político de poner tu nombre pero tienes respaldo.”

Lo que González pone de hincapié es la creación de redes de apoyo que acompañen a la víctima en los espacios virtuales y reales.

¿Y la justicia a las víctimas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia sexual y/o física por parte de su pareja o por algún tercero, ante estas cifras y el estado en el que se encuentran los sistemas de impartición de justicia se abren los espacios virtuales, pero evidenciar a los hombres que violentan ¿es justicia?

Como lo expone el artículo “¿Want #MeToo to serve justice? Use it responsibly” de Michael Salter, “#MeToo no es un fin en sí mismo que debe ser defendido a toda costa. Es un medio para un fin, y uno que debe estar sujeto a una reflexión y una crítica ética, incluso en el momento en que se está llevando a cabo.”

Ver al #MeToo como medio y no como fin puede ser una vía para repensar no sólo las denuncias anónimas sino aquello que se entiende por acceso a la justicia del Estado, como lo señala la investigadora Magali Barreto “en las experiencias exitosas de acceso a la justicia, las agraviadas lograron generar una red de apoyo. Incluso se organizaron varias denunciantes y mantuvieron su anonimato con el cobijo de mujeres organizadas.”

La organización y presión en red por parte de mujeres que se organizan ha dado resultados positivos al habilitar las denuncias y darles seguimiento en instancias penales, sin embargo la restauración y reparación del daño en los casos de violencia hacia las mujeres requiere de autoridades capacitadas para tratar quejas sobre violencia de género y la aplicación de protocolos que respeten los derechos de las víctimas, ello en lo que respecta a pensar la justicia desde el Estado.

No se puede dejar de lado que el #MeToo es un movimiento en redes sociales que es perfectible, pero sin duda necesario, así como repensar si la «justicia» en espacios virtuales es la que necesitan las víctimas o sólo aquella a la que les es posible acceder.

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