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Redacción ejecentral

La Procuraduría General de la República (PGR) debe admitir las pruebas presentadas por la defensa de las víctimas de espionaje, entre los que se encuentran periodistas y activistas, cometido por el gobierno mexicano a través del software espía Pegasus, luego de que un juez federal ordenó a la dependencia aceptarlas por considerarlas conducentes para la investigación.

La PGR ahora debe pedir información a las distintas dependencias gubernamentales que pudieron haber estado implicadas con la contratación y utilización ilegal del software, luego de que el 20 de febrero se negara a aceptar las pruebas por parte de la defensa.

Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido”, exponen los afectados a través de un comunicado.

A casi un año de que periodistas y activistas impusieran una denuncia, por el llamada caso del #GobiernoEspía los implicados expresaron su preocupación de que el caso se agrave, pues hasta el momento de las 70 pruebas presentadas por la defensa, al menos 49 han sido negadas y 9 desahogadas.

La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía”, acusan.

En la última audiencia, celebrada el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el programa Pegasus fue adquirido por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, por lo que se ordenó indagar en la adquisición y uso ilegal del software.

De igual manera, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la Institución de conducirse con diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.

Por su parte, a la petición que lanzó la PGR para reservar la información, el juez denegó la solicitud.

Por último, en el texto las diversas organizaciones que se vieron afectadas por el espionaje hicieron un llamado a los candidatos para que se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje.

En un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos”, concluyen. 

Un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, reveló en junio de 2017, que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de México fueron vigilados por el software Pegasus, adquirido y empleado por los gobiernos en la lucha contra el crimen y el terrorismo,

Ese mismo mes, ejecentral documentó que al menos 729 personas fueron blancos de espionaje en el verano de 2015, entre ellos funcionarios del INAI, artistas, hijos de políticos, empresas de seguridad, periodistas, abogados de narcotraficantes, estudiantes universitarios, policías federales, médicos, defensores de derechos humanos; integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, miembros de la Sección 22 de la CNTE, exdiputados federales y locales, órganos de fiscalización estatales, deportistas, funcionarios públicos de alto nivel, así como municipales y estatales de Guerrero e Hidalgo.

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