Las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Disability Rights International (DRI), hicieron un llamado al papa Francisco mirar a México tras el caso “Ciudad de los niños” que involucra al sacerdote Pedro Gutiérrez denunciado por presuntos delitos de abuso sexual, adopciones irregulares, trata, entre otros. En conferencia de prensa los representantes del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES) y la REDIM pidieron a las autoridades eclesiásticas y judiciales su intervención para que continúe la investigación de las presuntas irregularidades y agresiones en el albergue ubicado en Salamanca, Guanajuato. El director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García, dijo que el padre Pedro Gutiérrez es representante legal de cuatro albergues “Ciudad de los niños” en los estados de Guanajuato y Michoacán, pero busca recuperar el inmueble de Salamanca, el cual fue cerrado tras acusaciones de abuso sexual y maltrato a menores de edad. Tras comentar que desconocen cuántos niños concentran en los otros albergues, expuso que han insistido con el gobierno de Guanajuato, y la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúen las investigaciones, pues ha pasado más de un año de que se presentaron denuncias, señaló. Los representante señalan que este retraso está sustentado en un cálculo político y en la protección de altos funcionarios del Estado de Guanajuato, el Gobernador Miguel Márquez, el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez y el Procurador estatal, Carlos Zamarripa. Al respecto, la directora para México de DRI , Lisbeth Brizuela, indicó que han buscado el acceso a información para saber dónde fueron transferidos los niños y adolescentes del albergue de Salamanca, pero se les ha negado. Frente a esta situación, el pasado 27 de abril las organizaciones de la sociedad civil solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que buscan proteger a niñas y niños que vivían en el albergue y que han sido transferidos a otros centros “estos contextos de institucionalización han demostrado una y otra vez las fallas del sistema, más cuando hablamos de la protección a los agresores y la impunidad” apuntó Brizuela. Entre las peticiones a la CIDH están, otorgar acceso inmediato a las víctimas para poder evaluar cuál es su situación actual. Reintegrar mediante un plan individualizado a todas las víctimas en un entorno familiar. Requerir al Estado mexicano investigar en totalidad los hechos descritos en la solicitud, así como en todas las investigaciones previas y proceder a identificar sancionar y juzgar a todos los responsables. Cumplir con la sentencia de amparo 475 2016-8 que incluye dictar medidas de protección inmediatas para cualquier niña, niño o adolescente que se encuentren en instituciones bajo la custodia, autoridad o posesión del Padre Pedro Gutiérrez Farías o el personal que esté relacionado con él. Alicia Vargas, Directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES I.A.P) y presidenta del Consejo Directivo de REDIM comentó que el caso continúa en total y absoluta impunidad, señaló que el presidente de la República y la CONAGO deben hacer cumplir la Ley Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que exige garantizar los derechos de niñas y niños en todo el país y en particular aquellos que se encuentran institucionalizados.
(Con información de Notimex) NM