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Redacción ejecentral
Foto: @delegacion17

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Legislador interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por la actuación de esta dependencia en torno al caso de la joven que fue hallada muerta en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez, solicitó al organismo autónomo revisar los señalamientos de la Procuraduría capitalina respecto a la situación familiar, personal y académica de la víctima; los que calificó como «irresponsables».

En primera instancia, Álvarez Maynez presentó una queja por violación a los derechos humanos de la joven, que fue revictimizada al filtrar información a los medios de comunicación sobre su caso.

Además, el congresista aseveró que los mensajes difundidos por la dependencia este jueves en redes sociales, los cuales fueron retirados por orden del procurador Rodolfo Ríos, violaron los derechos de los familiares de la víctima, ya que su carácter prejuicioso representa una afectación de tipo moral.

La PGJDF dio a conocer que, de acuerdo a las primeras declaraciones de la madre de la víctima y su novio, Lesby Osorio no estudiaba en la UNAM desde el 2014, no aprobó algunas materias y previo al hallazgo de su cuerpo, había estado bebiendo alcohol y consumiendo drogas.

El congresista indicó que se trata de una falta grave por parte del Estado señalar con prejuicios y exponer la situación personal de la víctima; por ello, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos que se investigue a profundidad lo sucedido y que se hagan las recomendaciones al respecto de quienes resulten responsables.

Agregó que la divulgación de información personal de la joven, se hizo a partir de la construcción implícita de prejuicios, estereotipos y roles que sesgan el trato hacia la víctima.

Considera que los datos sobre la situación personal de la víctima, no se centran en el delito, sino que ponen énfasis en “contextos sexistas que invisibilizan la acción del agresor”, por lo que los servidores públicos responsables de difundir los datos señalados “se vuelven jueces y se adelantan a la posibilidad de que un juez reciba la información y decida sobre la culpabilidad”.

Añade que con su actuar, las autoridades señaladas violaron el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5 de la Ley General de Víctimas; dicha normatividad, refirió el legislador, obliga a las autoridades a aplicar las medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Agragó que el artículo 7 de esa misma ley, expone que las víctimas deben ser tratadas “con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos”, no deben ser discriminadas ni afectadas en su honor, dignidad y humanidad, trátese de personas vivas o muertas, todo lo anterior, en cumplimiento del interés superior de la víctima.

Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras, se unió a las críticas contra la dependencia a cargo del procurador Rodolfo Ríos, que dio un manejo “inaceptable” a la información del asesinato de la joven, identificada como Lesby Osorio.

La diputada Contreras Julián calificó como condenable que la Procuraduría de la Ciudad de México haya presentado argumentos que sugieren que la muerte de mujeres es responsabilidad de ellas mismas, con lo que se minimiza la agresión en su contra.

Indicó que para poner freno a ese trato indigno a las víctimas por parte de la autoridad, es preciso crear un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial y Pericial para la Atención de los Delitos Cometidos por Razones de Género, el cual, se encuentra en elaboración en conjunto con la Procuraduría General de la República (Con información de MVS). MR/zdh

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