El presidente Andrés Manuel López Obrador logró subir a la discusión pública el tema del juicio a los expresidentes, con propósitos electorales. Un debate frívolo que ha encendido los ánimos de sus feligreses, con la triste complicidad de la Suprema Corte.
Es innegable que durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se registraron excesos y tropelías, que se extendieron a los gobiernos del cambio y la alternancia de Acción Nacional (PAN). Incluso, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht son la prueba viviente de la existencia de una banda de ladrones que, disfrazados de servidores públicos, se dedicaron a saquear el dinero público.
Desde su origen, la consulta pública ha sido impulsada como un ejercicio de participación ciudadana escandaloso, pero innecesario a la luz de las reglas vigentes. Si el inquilino de Palacio Nacional realmente estaba interesado en combatir la corrupción, debió llevar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en lugar de usar la propaganda y la retórica.
Sí, el pueblo quiere juzgar el pasado, pero para llevar a la justicia a los responsables de las masacres, torturas y feminicidios. Esa es la impunidad que es preciso combatir para lograr la paz social y la reconciliación de los mexicanos.
Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, puso el dedo en la llaga. El presidente López Obrador afirma que ya bajó la incidencia delictiva en México, que no hay torturas ni violaciones a los derechos humanos. Incluso, se burló de las masacres que, durante su gobierno, han llenado de luto a cientos de hogares.
Con desfachatez e insensibilidad, López Obrador pretendió borrar de un plumazo las casi 500 masacres registradas desde el inicio de su sexenio, contabilizadas por la organización Causa en Común, y el dolor de los deudos.
Las 13 víctimas mortales de la balacera registrada en una fiesta familiar, en Minatitlán, Veracruz; 30 decesos reportados en el incendio de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz; los seis niños y tres mujeres que murieron en el atentado que sufrió la familia LeBarón en Sonora; y las decenas de mujeres y hombres victimados en diversos poblados del estado de Guanajuato.
¿Cómo alcanzar la paz y la reconciliación si persiste la impunidad? Al exgobernador Javier Duarte no se le está enjuiciando por las desapariciones y ejecuciones registradas durante su mandato en el estado de Veracruz.
Al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán no se le enjuició en Estados Unidos por nada vinculado a homicidios; y Genaro García Luna no está en el banquillo de los acusados por los crímenes perpetrados por la Policía Federal. En todos los casos judiciales, sólo buscan castigar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la posesión de armas.
El incremento sostenido de la violencia y el colapso de fiscalías, morgues y comisiones de búsqueda —propios de un país en guerra— hacen evidente la necesidad de poner en marcha mecanismos extraordinarios, para que la justicia alcance a las víctimas directas e indirectas de los 30 mil homicidios mensuales, las 75 mil personas desaparecidas (según datos oficiales), los 30 mil casos de tortura y los 12 feminicidios que diariamente se cometen en México.
La experiencia de Argentina, Guatemala y Colombia han mostrado que la creación de tribunales especiales y comisiones de la verdad —con o sin acompañamiento internacional— son una opción viable para brindar verdad, justicia y reparación del daño a los damnificados de esta tragedia humanitaria.
Pero no, en México la apuesta es por un Zócalo con una llama encendida en el centro del mapa nacional y un Robespierre desde el balcón, autonombrado El Incorruptible, pero que en los hechos instauró el Reino del Terror.